Decía Winston Churchill, en una de sus más famosas citas, que una democracia se distinguía porque sólo el lechero podía llamar a tu puerta en mitad de la noche. Pues ayer eran casi las doce de la noche cuando el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro llamó a la puerta de la Junta de Andalucía para exigir nuevos recortes.
Según el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, más o menos a esa hora recibieron el “requerimiento”, que ya había sido comentado públicamente por la mañana por el secretario de Estado de Administraciones Publicas Antonio Beteta. Firmado por Montoro con fecha 25 de noviembre de 2013, y dirigido a la consejera de Hacienda María Jesús Montero, la “Orden por la que se formula requerimiento a la Comunidad Autónoma de Andalucía”, exige que “se adopte y ejecute las medidas de ajuste necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”.
Traducción, le exige al nuevo Gobierno de Susana Díaz que lleve a cabo nuevos recortes, porque según sus cálculos Andalucía no va a ser capaz de cumplir el objetivo de déficit marcado para 2013. Según los datos aportados hoy por el Ministerio, en septiembre el déficit andaluz era de un 1% del PIB. Lo que la sitúa exactamente en la desviación media del conjunto de comunidades autónomas.
Edificios sin vender
El problema, según el requerimiento de Montoro, es que en los presupuestos de Andalucía para este año constan “ingresos previstos por la enajenación de activos” cuya ejecución al final del tercer trimestre del año no está acreditada. Es decir que Montoro no tiene constancia de que la Junta haya obtenido el dinero que dijo que iba a ingresar por la venta de inmuebles de su propiedad. Así que, le exige, “esta medida deberá sustituirse de forma inmediata por otra que permita reducir el déficit en el importe señalado y cumplir las previsiones de cierre”.
Lo curioso es que en ningún momento el documento especifica la cuantía de ese “importe señalado”. Pero en los presupuestos sí consta que la Junta esperaba ingresar 350 millones de euros en 2013 a través de la venta de edificios. Lo que efectivamente no ha ocurrido, quedando desiertas varias subastas realizadas con ese fin a lo largo del año.
Así pues, hemos de suponer, Madrid estaría hablando de la necesidad de recortar unos 350 millones de euros más.
Montoro le da una pista al Gobierno andaluz sobre cómo llevar a cabo ese recorte: Firmando un “acuerdo de no disponibilidad en concepto de inejecución de créditos”. Lo que, una vez más traducido al español, significa comprometerse a paralizar alguna partida del presupuesto de gasto aún sin utilizar. Lo que sí deja al arbitrio de la Junta es si esa partida debe ser de fondos destinados a educación, sanidad, dependencia, pensiones, pymes…
El portavoz, Miguel Ángel Vázquez es categórico en su respuesta negativa a Montoro: “A día de hoy la Junta no contempla nuevos recortes”. En lo que ya no fue tan contundente es en si la Junta será o no capaz de cumplir con su objetivo de déficit para el 2013 del 1,58% del PIB. “El Gobierno hará un cumplimiento razonable del objetivo de déficit”. Lo que ya no quiso, o no pudo, explicar, es que considera la Junta de Andalucía como 'razonable'. Pero parece un claro aviso a navegantes: Andalucía incumplirá su objetivo de déficit.
Lo que Vázquez sí explicó es que a estas alturas del año sería muy difícil encontrar una partida presupuestaria sobre la que recortar: “A falta prácticamente de un mes para que termine el año, ya tenemos el presupuesto prácticamente ejecutado” afirmó. “Andalucía está haciendo un esfuerzo ímprobo” por cumplir con el objetivo de déficit, dice el portavoz del Gobierno andaluz, para a continuación recordar lo que la Junta considera su seña de identidad: “respetando los derechos y conquistas sociales, sin recortar el Estado de Bienestar”.
Fondos europeos
El requerimiento de Montoro también exige a la consejera Montero que le informe “del estado de tramitación de las certificaciones de obra vinculadas a fondos europeos a efectos de valorar los ingresos y ajuste de contabilidad”. Es decir, le pregunta cuantos de esos fondos ya ingresados han sido efectivamente gastados en obras concretas.