La espera Manuel, enfermo de Hepatitis C en una cárcel de Sevilla (como aproximadamente el 40% de los reclusos en España) y VIH, concluye y podrá ser tratado finalmente después de casi dos años pidiéndolo. Un juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla ha accedido a que sea tratado sin más dilaciones al correr peligro su vida si pasa más meses sin medicación y ha ordenado en este sentido a Instituciones Penitenciarias que asuma su tratamiento médico y farmacéutico.
A Manuel, que cuenta con el apoyo jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), se le ha negado la libertad condicional por enfermedad grave e incurable, según el auto del juzgado del pasado 21 de octubre. Pero ha sido atendido lo más importante: que sea inmediatamente medicado de la infección crónica de la hepatitis C (genitivo 1) que padece con el tratamiento que se está utilizando en el Hospital Virgen del rocío de Sevilla, el telaprevir. De cualquier forma, APDHA sigue defendiendo que lo que garantiza de manera inmediata el tratamiento de Manuel es la libertad condicional, ya que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le suministraría el medicamento de manera inmediata. En Andalucía, este medicamento se suministra de manera normalizada a los enfermos que lo necesitan, de manera ambulatoria y sin listas de espera, por lo que APDHA ha interpuesto recurso de reforma a la decisión del juzgado.
La jueza entiende que no debe ser excarcelado porque para ello la enfermedad grave e incurable debe tener una evolución desfavorable en la que incida su estancia en prisión con empeoramiento de su salud, acortando
así la duración de su vida. Ésta fue la argumentación de APDHA ya que, al negarse Instituciones Penitenciarias a darle el medicamento, su permanencia en prisión ha supuesto la evolución de su enfermedad a cirrosis hepática y está en riesgo su vida si continúa en la cárcel. Si le descompensa la cirrosis o desarrolla cáncer, algo que puede suceder en cualquier momento, sus posibilidades de supervivencia serían mínimas, como la defensa de Manuel ha demostrado en el procedimiento con diverso informes médicos y que asume como acreditadas la resolución judicial.
Sin embargo, la jueza no ha estimado la libertad condicional porque queda probado que el tratamiento le corresponde y puede ser dispensado y administrado sin problemas en los centros penitenciarios, sin perjuicio de los controles de su médico especialista del SAS, y ordena a Instituciones Penitenciarias que asuma el tratamiento médico y farmacéutico de la infección crónica de la hepatitis C (genitivo 1).
Traslado a Madrid
Instituciones Penitenciarias, hace unas dos semanas y tras la recomendación e indicación directa de la Defensora del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz para que trataran a Manuel de inmediato, ofreció al enfermo trasladarse a una prisión de Madrid para ser incluido en una lista de espera para, tras hacerse nuevamente pruebas médicas que ya tiene realizadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, esperar de nuevo a, sin fecha cierta, poder ser tratado cuando le toque, aseguran fuentes de APDHA. Un verdadero cuello de botella, entienden desde la asociación.
APDHA desconoce cuántos presos hay en dicha lista de espera pero sí afirma que son cientos los presos de españoles que necesitan el tratamiento y a todos se les está ofertando ser tratados únicamente en Madrid, concretamente en el Hospital Gregorio Marañón. APDHA desconoce quién paga en el Gregorio Marañón estos tratamientos (de un coste sobre 30.000 euros al año y preso) y que solamente pueden ser dispensados a pocos presos a la vez, porque son ingresados en el módulo penitenciario del centro, que tiene camas muy limitadas y son de uso para, además, todas las necesidades de ingreso hospitalario de los presos. El tratamiento dura varios meses (una media de 48 semanas si no existen complicaciones). A julio de 2013, solamente se había tratado a tres presos, según los propios datos de Instituciones Penitenciarias.
“Instituciones Penitenciarias está utilizando nuevamente una excusa para no tener que abonar estos fármacos de elevado coste sin importarles ni la salud ni la vida de las personas; los recortes del Gobierno llegan a justificar decisiones tan indignas como ésta que vulnera flagrantemente los derechos humanos”, lamentaban desde APDHA.
Manuel respondió a Instituciones Penitenciarias que esperaría a la decisión de la jueza, que era inminente, ya que esa opción propuesta como única posible le condenaría con toda seguridad a desarrollar cáncer durante la espera o perder toda esperanza de vida, mientras que el tratamiento podía serle dispensado en la prisión de Sevilla I sin necesidad de ingreso hospitalario alguno. Tanto su médico especialista del SAS como su médico de prisión acreditaban que así era. A los residentes en Andalucía que no están en prisión, se les trata sin listas de espera y de manera ambulatoria.
APDHA se congratula de la decisión judicial y espera que pueda crear precedente en Andalucía. De cualquier forma, el recurso presentado pide que se le imponga un plazo de 15 días a Instituciones Penitenciarias para que ejecute el fallo y Manuel sea efectivamente tratado. Para el caso de que no se cumpla dicho plazo, ya que se está poniendo en riesgo su integridad física cada día que pasa sin tratamiento, APDHA ha solicitado su excarcelación para que la Junta de Andalucía sea quien pueda darle de inmediato la medicación que le salvaría la vida. La asociación espera que Instituciones Penitenciarias la acate de manera inmediata, pagando el medicamento y que sea dispensado en los centros penitenciarios sin más dilaciones a todos aquellos que lo necesiten.