La propuesta de renta básica planteada por Podemos a nivel nacional ha devuelto esta cuestión a la agenda política durante 2014 y, principalmente, al debate ciudadano sobre su conveniencia y sobre cuál es la mejor forma de que el Estado pueda aportar un ingreso, independientemente de los recursos de cada persona, para rebajar los niveles de exclusión social.
Este asunto no es nuevo ni exclusivo de España y lleva varios años en la mente de partidos o plataformas sociales que, básicamente, aspiran a combatir la desigualdad con la ayuda de los respectivos gobiernos. Andalucía tampoco escapa de este debate donde, según el último informe de la fundación Foessa, un millón de andaluces vive en situación de exclusión social severa.
El documento económico realizado por los profesores Vicenç Navarro y Juan Torres para Podemos, presentado a finales de noviembre, expone su idea de renta básica. Se trataría de un sistema de renta mínima garantizada “como derecho subjetivo de todas las personas”. Torres y Navarro sostienen, sin embargo, que esta última expresión no implica reconocer un salario ciudadano para todo el mundo sino que se trataría de una ayuda condicionada, es decir, habría que cumplir con ciertos requisitos para recibirla. Sí quieren que sea considerada un derecho –que todas las personas que se encuentren en esa situación perciban esa renta– y no como una ayuda asistencial.
En Andalucía, hace ya casi un año, en febrero de 2014, se creó en el Parlamento un grupo de trabajo sobre la renta básica, presidido por la exconsejera Carmen Martínez Aguayo. El pasado 10 de diciembre se aprobaba, hasta el final del próximo período de sesiones, la concesión de una nueva prórroga del plazo para la realización del cometido del grupo para analizar la legislación autonómica e internacional en la materia. El objetivo, según el acuerdo, es “fijar el alcance y las condiciones de una ley que regule el desarrollo progresivo de dicho derecho estatutario” en Andalucía. Es la segunda prórroga en el plazo, los únicos dos acuerdos a los que ha llegado el grupo,que ha recogido básicamente la opinión de agentes sociales y universitarios.
Esta tardanza obligó a la plataforma 'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía' a llevar el pasado noviembre al mismo Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y una memoria justificativa para conformar un 'Sistema andaluz de Renta Básica'. Según su finalidad, quieren reconocer el derecho estatutario a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y eliminar el riesgo de exclusión social, personal y laboral, facilitando la inclusión de quienes carezcan de recursos suficientes. También el Partido Andalucista (PA) presentó una iniciativa para la puesta en marcha de una renta básica en la comunidad autónoma que fue admitida a trámite por el Parlamento andaluz; en este caso, una Iniciativa Legislativa Municipal.
Renta condicionada frente a incondicional
Su portavoz, Nuria López, acusa a los gobernantes de “mirar para otro lado”. Se trata de, además de implantar una renta condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, articular medidas que conformen un plan de inclusión a través de la coordinación de las distintas administraciones.
La Junta, mientras cuaja el trabajo del grupo parlamentario, aprueba decretos de “medidas extraordinarias y urgentes para luchar contra la exclusión social”, el último del pasado junio, supliendo de alguna manera la falta de una renta básica prevista en el Estatuto de Autonomía, que alude al derecho a una renta básica dentro del amplio catálogo de derechos sociales que se recoge en su articulado.
Por otro lado, plataformas como la denominada 'Por la Renta Básica Universal de Sevilla', entieden que tanto el decreto de inclusión aprobado por la Junta como la propuesta de renta básica que lanzan los sindicatos y organizaciones sociales a través de la ILP, suponen o supondrían en realidad ayudas o subsidios, que es el nombre que han recibido tradicionalmente y que les corresponde en propiedad, porque son subsidiarias de la situación de los potenciales perceptores respecto del mercado de trabajo y de su patrimonio mercantil. Por eso, subrayan la radical diferencia que supone la Renta Básica Universal, según se entiende internacionalmente (Uncondicional Basic Income-UBI) respecto a estas otras rentas básicas no universales, sino condicionales y subsidiarias.
Pero, ¿qué es la Renta Básica Universal? Según Antonio Moreno de la Fuente, del Área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, es una asignación monetaria individual, universal e incondicional. “Eso quiere decir que a diferencia de las rentas básicas de inserción y otros subsidios más o menos generalizados en el Estado o Comunidades Autónomas, no hay que cumplir ninguna condición previa, como ser pobre o estar en el paro para percibirla. Se recibiría del Estado sin ninguna condición, sólo por ser ciudadano o residente acreditado, independientemente de que trabaje o no”.