Durante años, cientos de trabajadores de pequeñas marmolerías en Andalucía y otros puntos de España no tomaron ninguna medida de seguridad ante un riesgo mortal que a algunos de ellos ya les ha costado la vida. Ni las mutuas con sus técnicos en prevención laboral y sus médicos, ni los empresarios, ni las administraciones. Ni siquiera el fabricante del producto: nadie puso el celo suficiente para que trabajasen con herramientas adecuadas y llevasen una mascarilla capaz de evitar que finas partículas de cuarzo se clavasen a sus pulmones como una cuchilla. Trabajaron durante años cortando e instalando las encimeras de las cocinas de medio país, sin adoptar ninguna medida de prevención.
Ahora, un juzgado de Huelva acaba de condenar al técnico de prevención de riesgos laborales y al médico de la mutua de una marmolería onubense. Los considera culpables de homicidio y lesiones imprudentes de varios trabajadores que inhalaron durante años el polvo de sílice del aglomerado de cuarzo fabricado por Cosentino, el famoso Silestone. Con ellos, han sido condenados también los dueños de la marmolería. La Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES) y Marea Sindicalista no tienen constancia de resoluciones similares, pero lamentan que no se haya dirimido la responsabilidad del fabricante.
La sentencia, emitida por el juzgado de lo penal 2 de Huelva el pasado 13 de marzo, fue adelantada por Diario de Huelva, y es un resumen de lo que fue una práctica común durante demasiado tiempo. “La empresa marmolera no implantó en ninguno de los dos talleres en los que se desarrolló su actividad durante más de 20 años, mecanismos de control de la generación y emisión del polvo”, señala el magistrado.
“Ninguna protección individual”
A finales de los 90 todas estas pequeñas marmolerías abandonaron el granito y empezaron a trabajar masivamente con las encimeras que todos querían en sus casas: el Silestone, una marca de conglomerados de cuarzo registrada por la multinacional andaluza Cosentino.
La sentencia señala que los empresarios condenados, un padre y el hijo que heredó la empresa, no incorporaron nueva maquinaria que permitiera trabajar en húmedo, minimizando el polvo que generan los procesos de corte, calibrado, pulido o lijado. Tampoco había ventilación adecuada en los talleres, con lo que el aire siempre contenía polvo en suspensión. La limpieza no se hacía en húmedo y los trabajadores se llevaban la ropa para lavarla en su casa.
En definitiva, no se hacía nada para evitar que el polvo potencialmente mortal llegara a los pulmones de los trabajadores, que trabajaban “sin el empleo de ningún equipo de protección individual para las vías respiratorias”, según la sentencia, que señala que “sólo de forma ocasional” la empresa facilitó mascarillas de papel, insuficientes para evitar la inhalación del polvo de sílice. A estos trabajadores tampoco se les informó de los riesgos que asumían.
Todos contrajeron silicosis, que empezó a detectarse a partir de noviembre de 2009. Dos de ellos fallecieron y los otros siete sufren la enfermedad en distinto grado. Los siete que sobreviven tienen declarada la incapacidad permanente total.
El fabricante, ausente del procedimiento
La empresa no evaluó el riesgo del producto que le suministraba Cosentino, ni adoptó ninguna medida preventiva, a pesar de que en 2004 FREMAP asignó un técnico en prevención de riesgos laborales, que omitió “de forma absoluta” su obligación analizar las muestras ambientales “para la determinación de agentes químicos” y sólo efectuó “mediciones de polvo en general”. Las primeras mediciones específicas se realizaron en 2009, cuando ya se habían detectado los primeros casos de silicosis.
Por su parte, el médico asignado a la empresa por la mutua no aplicó los protocolos de vigilancia, como era su obligación. El juez le condena por contribuir al agravamiento del riesgo de contraer la enfermedad.
Trabajadores del sector han relatado a este medio que durante años el silestone y los conglomerados de cuarzo, mucho más peligrosos por su concentración de sílice, se trabajaron de forma similar a como se habían trabajado durante décadas el mármol y el granito. Sin embargo, los conglomerados de cuarzo contienen un porcentaje de sílice cristalizado mucho mayor, de entre el 70 y el 90%, mientras que en el caso del mármol y el granito llega al 5 o al 30%, respectivamente. Pocas marmolerías tomaron medidas para evitar que las micropartículas contenidas en el polvo que se levanta al cortar el Silestone llegasen a los pulmones de los marmolistas.
En los juzgados de Cádiz y otras provincias andaluzas se están tramitando procedimientos que tratan de determinar quién es el responsable de que esto ocurriera. Cosentino, la gran multinacional andaluza que suministró el aglomerado de cuarzo a todas estas marmolerías, no ha sido investigada en el procedimiento que acaba de culminar en Huelva.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Bilbao resolvió en 2017 que la multinacional informó “tardía, insuficiente y confusamente” a una marmolería vizcaína de los riesgos que entraña su producto. No lo hizo hasta 2004, cuando la empresa almeriense añadió una etiqueta a las tablas con una advertencia que equiparaba los riesgos del corte en seco o la molienda del Silestone a los riesgos de tratar “productos de piedra natural como el mármol o el granito”. “Una exposición prolongada (...) puede causar graves incidencias en la salud, incluidas las neumoconiosis”, alertaba.
“El gran productor del silestone es el gran productor de la silicosis”, denuncia Francisco Torrico, secretario general de Marea Sindicalista, un sindicato que está denunciando casos de enfermedad ocurridos en la comarca del Almanzora, donde Cosentino tiene su gran sede. “Si en marmolerías que han tragado mucho menos polvo han dado 100% de silicosis...”. Cosentino ya explicó a este medio que no se hace responsable de la falta de medidas de prevención en las marmolerías.
“Patología emergente”
Los dos dueños de la empresa onubense, el técnico y el médico han sido condenados a un año y tres meses de prisión, por dos delitos de homicidio imprudente y siete de lesiones imprudentes, y por un delito contra los derechos de los trabajadores, en los tres primeros casos. Todos se conformaron con la pena solicitada por el fiscal.
Tanto Torrico como Ismael Aragón, presidente de ANAES, valoran la sentencia porque pone de manifiesto por primera vez la responsabilidad de los médicos y las mutuas. Sin embargo, los procesos de los trabajadores afectados avanzan con lentitud. El propio Aragón interpuso en 2010 una denuncia ante los juzgados de Chiclana que aún no se ha resuelto.
La sentencia del juzgado de Huelva se ha conocido coincidiendo con la actualización de los datos del Programa Integral de Silicosis de Andalucía (PISA). En una comparecencia ante la comisión de salud del Parlamento andaluz a comienzos de julio, el consejero Jesús Aguirre cifró en 301 los afectados de silicosis cuya enfermedad se había comunicado a la Seguridad Social entre los años 2009 y 2018, y advirtió que se trata de una “patología emergente”.
Las asociaciones de afectados creen que esta cifra está muy por debajo de la real, especialmente en Almería, y prevén un incremento exponencial en los próximos años.