Llegará mucho tiempo después de que lo dispusiera el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado en marzo de 2007. Pero llegará. El 'Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional' firmado este miércoles por la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y los sindicatos CCOO y UGT, pone fin a una larga espera por parte de los principales agentes sociales y económicos, que venían demandando una normativa que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid aprobó en 1995. Según el acuerdo que ha reunido en San Telmo a las cuatro partes (la precedente fue hace 15 meses para pactar un “escudo social” de casi 9.000 millones con ayudas urgentes a familias y empresas), las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la comunidad autónoma tendrán una ley que permitirá su participación en el diseño de determinadas políticas públicas de Andalucía.
El asunto, además de haber estado en mente de patronal y sindicatos durante mucho tiempo, se viene pintando en los planes del Gobierno andaluz. En la anterior legislatura, la coalición PP-Ciudadanos aprobó en febrero de 2020 tramitar la esperada norma para regular definitivamente las relaciones entre la Junta y los referidos agentes en los asuntos que les competen dentro de los organismos e iniciativas públicas. Y antes, el Gobierno de Susana Díaz había dado los pasos previos, que se vieron cortados en este punto tras las elecciones de 2018.
Todos los firmantes del acuerdo han coincidido en aplaudir la plasmación de un paso “histórico”, a partir del cual se da inicio a la andadura parlamentaria para aprobar una Ley de Participación Institucional, cuyo proyecto prevé materializarse la próxima semana en el Consejo de Gobierno de la Junta. Según lo avanzado por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la futura ley aumentará el nivel de compromiso y de decisión de los agentes sociales y económicos “en la propia acción de gobierno” para que accedan a los proyectos de ley “antes de su aprobación”, propongan “directrices y líneas generales de actuación” de acuerdo a sus competencias, participen en “iniciativas políticas y legislativas para llevar al Parlamento”, y hagan seguimiento para la evaluación de los planes del Gobierno autonómico.
A expensas del contenido del proyecto de ley, la presencia de sindicatos y empresarios en los órganos constituidos por las distintas entidades públicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales supondrá un “salto relevante” en su nivel de participación, ha dicho Moreno ante la presencia de tres de sus consejeros (Presidencia, Hacienda y Empleo) y de numerosos representantes institucionales, empresariales y sociales, entre ellos el máximo dirigente de UGT a nivel nacional, Pepe Álvarez.
Andalucía acumula décadas de experiencia acumulada en materia de concertación social como tradicionalmente se había entendido. En 2013 caducó el séptimo y último gran Acuerdo en ese sentido, con puntuales fotografías con sindicatos y empresarios para asuntos clave hasta el cambio de Gobierno de 2019. Desde entonces, los sindicatos han considerado fundamental el diálogo social para la vertebración, el progreso económico y la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma, con visibles dificultades expresadas en ese sentido desde la llegada del PP a San Telmo. “El diálogo social no es una tertulia”, expresó Nuria López, secretaria general de CCOO-A, combativa siempre en este punto. El presidente no ha dejado pasar la oportunidad de “echarse flores” y de presumir de que “hemos tenido que llegar nosotros” para dar el paso hoy rubricado.
Moreno ha destacado que ahora que la futura norma “eleva el diálogo social a rango de ley”, “institucionalizado su valor”, agradeciendo la “altura de miras” de sindicatos y empresarios en la elaboración de los “muchos borradores” precedentes al acuerdo y “pese a las lógicas discrepancias, movilizaciones y legítimas reivindicaciones”, sobre todo en alusión a los sindicatos de clase, que vienen reclamando mejora principalmente en servicios públicos como sanidad y educación. “Os necesitamos”, ha dicho a los cofirmantes, resaltando el “punto de inflexión” que supone el acuerdo “para seguir avanzando”.
Pese a que hace apenas tres meses los máximos representantes sindicales expresaron su insatisfacción con el cumplimiento del Pacto Social y Económico suscrito un año atrás con patronal y Junta, este miércoles Nuria López, y el secretario general UGT Andalucía, Oskar Martín, se han mostrado confiados en que el acuerdo firmado, contemplado precisamente en aquel pacto de marzo de 2023, sea el arranque de un nuevo tiempo. “Tenemos muchas propuestas y soluciones”, ha dicho la secretaria general de CCOO-A, resaltando la necesidad de que se avanzara realmente en “la participación institucional de las personas trabajadoras organizadas”, representadas por los sindicatos.
López también ha recordado que el proyecto de ley viene de muy atrás, “desde el año 2000”, ha concretado, agradeciendo en ese punto la labor de los equipos negociadores de su organización sindical y con palabras de recuerdo a su predecesor, Francisco Carbonero, y Juan Pérez, histórico sindicalista de CCOO Cádiz fallecido en 2018. La dirigente ha alabado que se tenga en cuenta para el desarrollo de las políticas públicas “la visión del mundo del trabajo, que sufre en primera persona las consecuencias” de las mismas. “Claro que queremos dar nuestra opinión y el Gobierno tiene que escucharnos”, ha enfatizado, ya que “condicionan nuestra vida y nuestro futuro”, ha dicho en nombre de la clase trabajadora, que se ha ganado “a pulso” el “derecho” a participar, ha insistido.
Oskar Martín, por su parte, ha apostado por una “concertación robusta y efectiva” y ha alabado el “nuevo marco de entendimiento”, agradeciendo en particular al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, por “su paciencia” y por “tender puentes” para el acuerdo en un proceso que ha calificado de “complicado”. También ha destacado la labor de sus compañeros de UGT-A: “Este logro es nuestro logro”, ha dicho, insistiendo en “la concertación, no confrontación”, después de “una larga lucha de tres lustros”, según ha detallado antes del acuerdo de participación institucional.
El representante del mundo empresarial andaluz, Javier González de Lara, ha considerado que el acuerdo es “un acontecimiento crucial” para el “desarrollo de nuestros derechos y obligaciones”, contando con “un plus de legitimidad en forma de ley”. Además, el presidente de la CEA espera que los partidos se posicionen en el Parlamento y ha agradecido el “firme compromiso” del Gobierno andaluz para que la Ley de Participación Institucional vea la luz en un futuro próximo de cara al “bien común para el conjunto de la sociedad andaluza”.
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