Andalucía va a recurrir a la contratación de médicos extranjeros no comunitarios para paliar su déficit de profesionales en esta especialidad sanitaria. Se trata de una medida “excepcional”, que nace al amparo de la recién aprobada Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública Andaluza, y que abre la puerta a que en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya galenos que no tengan la nacionalidad española o pertenecientes a países de la UE como requisito para poder trabajar.
Los sindicatos sanitarios andaluces han respaldado la medida en la mesa sectorial pero, a la par, denuncian que es un parche para solventar el déficit estructural de médicos en el SAS y que constata la incapacidad del Gobierno de Juan Manuel Moreno para retener el talento de los facultativos que abandonan la sanidad pública andaluza cuando acaban el MIR, atraídos por mejores ofertas laborales en otras comunidades o en otros países.
La Consejería de Salud pactó con la mayoría de sindicatos médicos un acuerdo, firmado a pocos días de las elecciones municipales, en el que se comprometía a dedicar “al menos el 25% del presupuesto del sistema sanitario público a la Atención Primaria” [ahora es del 17%], además de aprobar un plan de homologación de salarios de médicos con la media comunitaria.
La Junta ha introducido una reforma legal para agilizar las contrataciones foráneas, justo cuando entra en vigor el plan de verano que ha cerrado el 75% de los centros sanitarios por las tardes, denuncian los sindicatos. La consejera de Salud, Catalina García, admite que existe un “déficit” estructural de plantilla de médicos, que queda más en evidencia cuando se ponen enfermos o se van de vacaciones. “Cuando un médico se da de baja por enfermedad o tiene que tener su permiso, ya no se pueden sustituir por ese déficit de profesionales”, ha respondido García a las críticas sindicales al plan de verano.
La contratación de foráneos en centros de salud de zonas de difícil cobertura se venía haciendo desde hace tiempo, es muy común, por ejemplo, en Almería. En 2022, la Consejería de Salud contrató a 846 profesionales extracomunitarios. La media anual ronda los 700 contratos, aunque en la actualidad son 253 los que están ejerciendo. “Es un dato fluctuante, que previsiblemente aumentará después de haber aprobado esta norma”, advierten fuentes de la consejería.
Los sindicatos son críticos con este tipo de fichajes. Antonio Macías, portavoz de UGT, considera que los médicos extranjeros, aun teniendo la titulación homologada para ejercer dentro de la UE, “tienen problemas al incorporarse al SAS, porque no se les hace una adaptación mínima”. Por eso, desde su sindicato abogan por generar “tutorías personalizadas que los adapte al sistema”. La mayoría trabaja distritos sanitarios pequeños, de zonas rurales, y existen problemas relacionados con el idioma que les complican la tarea de tratar con los pacientes, explican fuentes sindicales.
En 1995 se prohibió que los profesionales extracomunitarios puedieran ejercer en España si no habían cursado el MIR, pero la excepcionalidad de la pandemia de la Covid-19 y la falta de sanitarios han hecho que esta prohibición se levante con un marco legal estatal. El Gobierno central aprobó un real decreto que permitía a las comunidades fichar a médicos extranjeros con más agilidad en plena pandemia, en un momento de fuerte presión asistencial.
UGT aplaudió entonces la medida, pero ahora cree que lo que era excepcional se ha convertido en regla, mientras el SAS “sigue perdiendo cada año alrededor de un 30% de sus médicos MIR, que optan por pasarse a la sanidad privada, marcharse a otras comunidades o países, o parar durante un tiempo ante las malas condiciones laborales que se les ofrecen cuando acaban su formación”.
Para los representantes sindicales, la nueva política de contratación de la Junta es difícilmente disociable de la situación actual de la plantilla, sobre todo ahora que está limitada por el periodo vacacional: “Una huida hacia adelante” porque no ataja el problema de atraer a los médicos que se forman en las universidades y hospitales andaluces; un “fracaso” y una “promesa electoral” puesto que consideran que tampoco van a llegar tantos médicos como para resolver el déficit de plantilla que padece el SAS.
Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA), su presidente, Rafael Ojeda, va más allá y recuerda que “desde la pandemia ha habido médicos extracomunitarios trabajando en España que ahora merecen que se resuelva su situación”. Sin embargo, considera que no se puede “eliminar de un plumazo el requisito de la nacionalidad”. No se puede hacer, dice, porque el acceso a la función pública tiene unos “requisitos muy claros”, aunque la norma se ampara precisamente en la nueva Ley andaluza de Función Pública.
En general, para la mesa sectorial esta decisión de la Junta de Andalucía esconde un “problema multifactorial” que se debe “abordar cuanto antes”. José-Galindo Pelayo, portavoz de CCOO, recuerda que actualmente lo que prima son las “malas condiciones laborales de estos trabajadores”. Aceptan aquellos contratos que no quieren los médicos que acaban el MIR, por lo que la “precarización” de los puestos de trabajo se mantiene. Además, esta “excepcionalidad”, a juicio de los sindicatos, se está “perpetuando” pese a que la Administración no está mejorando la situación de los profesionales. No cargan contra la medida por aumentar el número de trabajadores, “puesto que prevalece el acceso a la salud de la población”, pero sí creen, sindicatos como CCOO, que la solución debería pasar por aumentar las plazas MIR y conseguir que se queden en Andalucía.
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