La finca de Peñarrubia, en el término municipal de Campillos (Málaga) y propiedad de la Junta, ha sido la protagonista de una ocupación simbólica organizada por COAG y CCOO para reivindicar la creación de un banco público de tierras. Esta ocupación simbólica se produce prácticamente al mismo tiempo en el que se cumple un año de una ocupación real. La que se produjo hace un año en la finca Somontes, en Palma del Río (Córdoba).
Cuando amanece en Somontes, muchos de sus habitantes están ya en el “tajo” trabajando la tierra. 50 hectáreas de trigo, 20 de girasol, garbanzos, cinco hectáreas de otro tipo de cultivos, gallinas ponedoras, ovejas y cabras dan trabajo como para que estos jornaleros estén ocupados de sol a sol.
El entorno de Somontes ha sido transformado en cuestión de un año –cuando fue ocupado por jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)- por una tierra que produce con excedente, según fuentes del sindicato.
Las 400 hectáreas de Somontes, con sus cuatro viviendas y cuatro naves, dan cobijo a una veintena de personas de diferentes edades: desde los 8 hasta los 60 años. Una comunidad que ha resurgido y resistido a lo largo de un año pese al desalojo que sufrieron en abril de 2012. Sus inquilinos se empeñaron en vivir allí y volvieron de nuevo a unas tierras cuya producción ha permitido aliviar la situación por la que pasaban algunas personas cuando llegaron a Somontes. Así lo cuenta Lola Álvarez, secretaria general del SAT en Córdoba y una de las inquilinas de 44 años, que además recuerda que parte de los productos son vendidos en algunos mercados de Córdoba y Sevilla, un dinero que sirve para satisfacer aquellas necesidades que el campo no cubre.
Javier Ballesteros, de 49 años, lleva también todo este año viviendo en Somontes y relata que su adaptación al medio ha sido sencilla porque ha ejercido labores en el campo desde los 16 años. Ballesteros está “contento y muy satisfecho” de su nueva vida, a pesar de los “pocos medios” con los que cuentan. Por ello, muestra su deseo de seguir “indefinidamente” en estas tierras. Este jornalero bendice su situación actual porque “al menos aquí, la comida la tenemos garantizada” y asegura que es “incomprensible” que “haya tierras vacías y abandonadas”
El día a día en esta finca, propiedad de la Junta, está sometido a una planificación horaria. Los domingos celebran una asamblea para repartir el trabajo semanal y definir el cuadrante de limpiezas y comidas. Desde las 8.00 hasta las 14.00 y desde las 16.00 hasta las 18.00 horas las labores agrícolas son las protagonistas. El resto del tiempo, Somontes se convierte en un lugar de convivencia donde sus habitantes y visitantes comparten comida, dormitorio y actividades como “los domingos verdes”, dedicados a realizar talleres.
De visita
Detrás de cada jornalero, hay una familia que no vive en la finca: padres, abuelos, hermanos. Así lo cuenta Lola Álvarez, natural de la cercana localidad de Posadas. En este año, han pasado a verles numerosos familiares. “Estamos de forma indefinida y nuestros familiares llevan esto bien porque se acercan a visitarnos. Es nuestra casa”, apunta.
Sin embargo, a lo largo de este año, estas no han sido las únicas visitas que han recibido. Hasta Somontes se han acercado también desde diferentes puntos de España y Europa: “siempre nos tienen como un ejemplo” porque “estamos luchando por conseguir una vida digna, por tener trabajo en nuestra propia tierra y por que no haya propietarios”
Este año de ocupación se ha convertido en una especie de ejemplo práctico de lo que sería un futuro banco de tierras andaluz, proyecto promovido por IU. La parlamentaria de IU Alba Doblas recuerda que ya se consiguió suspender la subasta de tierras que pertenecían a la Junta de Andalucía. Detalla que es un proyecto “muy avanzado” al que le queda la regulación de todas las convocatorias, concesiones y duración de concesiones de terrenos, que serían gestionados por los ayuntamientos donde se encuentren estas fincas. La idea es “recuperarlas para la economía social y el cooperativismo”, asegura Doblas.
Pese a esta propuesta que se está barajando, Álvarez, como representante del SAT en Córdoba, asegura que “se ha solicitado una reunión con la Junta de Andalucía que nunca llega” y que el silencio de la Administración autonómica es “absoluto”
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