MEDIO AMBIENTE
El Gobierno andaluz afronta el año con la ambición de aprobar una importante batería legislativa en materia de medio ambiente. Economía circular, montes, litoral y una estrategia marco que englobe el futuro inmediato del medio ambiente están sobre la mesa del consejero, el almeriense Ramón Fernández-Pacheco, que sustituyó a su paisana Carmen Crespo en julio del año pasado. La Consejería también incluye entre sus tareas pendientes la aprobación de un Plan Andaluz de Caza.
En los primeros meses de la nueva legislatura, la Consejería reabrió la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Economía Circular, que había decaído cuando Moreno puso fin a su primer mandato. El pasado febrero, PSOE y Unidas Podemos bloquearon el veto de Vox, que había planteado una enmienda a la totalidad de la norma. Su objetivo es “dar un marco legal a empresas e instituciones, alargar la vida útil de los productos y optimizar los procesos productivos de las empresas”. Como novedades destacadas, incluirá cláusulas medioambientales en los contratos públicos de bienes y servicios, y creará un registro público y una Oficina de Economía Circular.
La Consejería trabaja también en redactar una nueva Ley de Montes que permita adaptar la superficie forestal al cambio climático. En los últimos años se han producido varios incendios devastadores, incluyendo alguno a los que ahora se llama de “sexta generación”. Y solo entonces, se escucha un lamento: el monte está abandonado. Hay desinterés, no hay ayudas y la legislación tiene más de 30 años y es fruto de una realidad ya lejana.
Expertos y ecologistas coinciden: falta prevenir los incendios cuando se puede hacer. Esto es, en invierno. “Sigue aumentando el presupuesto de extinción, pero no de gestión preventiva”, lamenta Antonio Aguilera, técnico de Fundación Savia. La precariedad y discontinuidad de las contrataciones de agentes forestales, pese a la movilización de los trabajadores, lo hace imposible.
Con la nueva ley, el Gobierno andaluz tiene como objetivos “fomentar la coordinación” y conjugar la conservación con “la viabilidad del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales”. En otras palabras: encontrar el equilibrio entre el cuidado y el aprovechamiento del monte. Una demanda histórica de quienes habitan el medio rural. También está pendiente de aprobación el Plan Forestal, que servirá para actualizar el vigente, que data de 1989. Mientras, la ganadería extensiva agoniza y siguen sin proponerse soluciones para la dehesa, lamenta Aguilera.
En redacción están la Estrategia Marco Medio Ambiente 20-30 (la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 planteada por el gobierno socialista se quedó en el tintero) y la Estrategia de Economía Azul Sostenible (EA2), que tiene el objetivo de impulsar sectores de actividad económica vinculados con los mares y el litoral como “motores de dinamización”. El uso urbano ocupa un 30% de los 917 kilómetros de la franja litoral andaluza, unos 300 km de los cuales se integra en algún tipo de espacio protegido autonómico, nacional o internacional. Siete espacios naturales costeros están protegidos como Parque Nacional o Parque Natural.
Las entidades conservacionistas ponen el foco en el aumento de la presión urbanística en la costa, que parece resucitar, si es que alguna vez aflojó. Pero el litoral son también sus recursos pesqueros, que suelen enfrentar a ecologistas y pescadores. Un enemigo común amenaza la biodiversidad y el recurso pesquero: Rugulopterix Okamurae, un alga invasora, ha arrinconado a la ya debilitada flota del Estrecho, y amenaza con extenderse por todo el litoral mediterráneo aprovechando el incremento de su temperatura media. La flota de pesca tradicional no se reconvierte, sino que se extingue ahogada por las restricciones que no se le imponen a la industrial y el alga.
En tierra, a los ecologistas les preocupa los cambios en el uso del suelo y cómo afecta a la biodiversidad. “Hay un aumento de cultivos superintensivos que no generan mano de obra y siguen utilizando pesticidas”, denuncia Antonio Aguilera, que resalta la contradicción con el pacto verde europeo. También apunta a la bajada de las exigencias ambientales en beneficio de la “economía extractiva”: autorizaciones mineras, ampliación de vertederos peligrosos, infraestructuras…
En materia de biodiversidad, el Gobierno andaluz esgrime como baza el nuevo Plan de Caza, que prevé publicar como decreto en 2023. En la pasada legislatura, Vox se arrogó como bandera propia la defensa de la caza, para disgusto del PP y del PSOE, que vieron con preocupación que el partido ultra librase una guerra cultural con una materia capaz de canalizar el voto en entornos rurales. Liberado ya de las condiciones que podía imponer Vox, el gobierno de Moreno cree que su plan es “la mejor hoja de ruta para la conservación y el mantenimiento de los equilibrios ecológicos” y confía en dar satisfacción a los cazadores, más de 100.000 federados en Andalucía.
Sobre la mesa del consejero hay también asuntos concretos. El Consejo de Gobierno tiene pendiente de aprobar un reglamento que ayude a limitar la contaminación acústica y lumínica, que pasan más desapercibidas para la opinión pública, pero tienen un notable impacto en los ecosistemas. El objetivo es limitar las fuentes de contaminación y proteger especialmente entornos como Calar Alto o Sierra Nevada.
Se está redactando el Decreto de Creación del Espacio Natural Sierra de las Nieves, después de la declaración como parque nacional en 2021, que dejó insatisfechos (por su limitada extensión) a ambientólogos y alcaldes de la zona. Entre 2021 y 2022 Sierra Bermeja, que da continuidad a la Sierra de las Nieves (y cuya inclusión en el parque pretenden ayuntamientos y grupos locales), sufrió dos incendios devastadores que arrasaron en total 14.441 hectáreas.
La Unión Europea enfatiza el valor de los humedales, mientras en Cádiz las administraciones siguen haciendo oídos sordos a las reclamaciones de Ecologistas en Acción respecto a los terrenos públicos del antiguo humedal de La Janda, hoy ocupados por una lucrativa explotación agrícola. Fuentes ecologistas perfilan la apertura de la vía judicial. Cerca de allí, Doñana lleva décadas pidiendo auxilio, cada día más agotada.
La Junta de Andalucía también deberá tomar decisiones sobre otros espacios naturales simbólicos. El Algarrobico aguarda que las administraciones impulsen definitivamente su derribo: no se discute que está en zona de dominio público marítimo-terrestre y en pleno parque natural, pero el ayuntamiento de Carboneras se resiste a declarar nula la licencia que concedió en 2003, y los tribunales dicen que no pueden sustituirlo. Greenpeace ha pedido la nulidad de la última sentencia del Tribunal Supremo.
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