MEDIO AMBIENTE
2022 fue el año en que una realidad que llevaba largo tiempo anunciándose golpeó de forma evidente en lo cotidiano. No es que antes faltasen las señales, pero los incendios, la sequía, las olas de calor, los temporales costeros y hasta la subida del nivel del mar se incorporaron a la conversación diaria por causa de fuerza mayor: están aquí y se notan.
En Andalucía, del cambio climático y sus consecuencias dan cuenta cifras y noticias que han ido calando como lluvia fina. Un ejemplo: nunca el pantano de La Viñuela, el más grande de Málaga (164,37 hectómetros cúbicos) tuvo un nivel tan bajo como el que alcanzó en diciembre (9,16%). Y eso que su batimetría se había corregido recientemente a la baja.
Otro: en el verano más cálido en España desde que hay registros (1961), AEMET registró en algunas zonas de Andalucía oriental una temperatura media 4 grados superior a la media de la serie histórica. Un aumento que sobresale y empequeñece la anomalía media del resto del país: +2,2. “Todos estos elementos son percibidos por la población como señales evidentes del cambio climático”, señala el informe Medio Ambiente en Andalucía 2022, elaborado por la Junta de Andalucía, que cita datos del Ecobarómetro.
Probablemente, ninguna cifra o noticia alcance el impacto que tiene el espacio natural más simbólico, Doñana. El año pasado, el parque sufrió el envite climático, que la puso al borde del colapso por la falta de lluvias y el uso agrícola de sus recursos hídricos, y el político, con la intención de PP, Vox y Ciudadanos de tramitar en el Parlamento andaluz un indulto a 1.400 hectáreas de regadíos que esquilman ilegalmente el agua de sus acuíferos. Con todo, el año terminó para Doñana mejor de lo que empezó: con lluvias y con la aparente sintonía de los gobiernos central y autonómico para protegerla. De momento, el Gobierno ha guardado la iniciativa en el cajón.
Además, el mar ya llama a la puerta. En zonas de Huelva o Almería, la transgresión marítima amenaza edificaciones construidas en su día donde ahora no se podría, pero donde entonces no rompían las olas.
¿Qué esperar de 2023? La evolución climática ha dado algunas pistas, pero este texto no es una predicción meteorológica, sino una descripción de la situación política de los asuntos relevantes para el medio ambiente en Andalucía, que será completada en una segunda entrega.
Andalucía afronta las consecuencias del cambio climático en primera línea. Es la comunidad autónoma más expuesta a la desertificación, junto a Catalunya, según el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica. Una quinta parte de Andalucía sufre un proceso de alta erosión.
Las perspectivas a medio plazo tampoco son halagüeñas. El Informe Medio Ambiente 2022 abarca un rango amplio de escenarios, pero todos recogen que a final de siglo se habrá producido un aumento considerable de la temperatura media: entre 1,8°C (11%) y 8,4°C (53,5%) respecto a los valores para el período 1961-2014. El aumento de las temperaturas y los periodos cada vez más recurrentes de sequías cada vez más prolongadas obligan a prever una adaptación. Y, por ahora, la administración autonómica parece fiarlo casi todo a las infraestructuras.
Ocurre que la escasez no obedece tan solo a la falta de lluvias, sino al uso que se le da al agua. Los datos muestran que en los últimos años se ha acelerado la conversión de terrenos de secano en cultivos de regadío y la implantación de explotaciones ganaderas intensivas. “A la sequía hay que añadir una cuestión de escasez: aumenta la demanda sin pensar en la disponibilidad de recursos”, señala Antonio Aguilera, técnico de Fundación Savia. Ahí está el caso de los subtropicales en La Axarquía, en Málaga. Una fenomenal industria sedienta donde menos ha llovido en los últimos años.
Esta es una de las razones de que Greenpeace haya escogido Málaga para una campaña de “hackeo” a la Junta de Andalucía. Durante algunas horas del pasado 16 de enero, una docena de marquesinas publicitarias daba la vuelta a una campaña autonómica previa, disparando con refranes contra la política hídrica del Gobierno de Moreno. “Agua robada no mueve molino”. “En abril, regadíos mil”. “Cuando el río suena, el campo de golf se lo lleva”. O “la agricultura intensiva se lo lleva”.
“El ahorro de agua es una tarea de toda la ciudadanía, pero queríamos denunciar la incoherencia de la Junta, que pide ahorro a los ciudadanos mientras pone en marcha políticas expansionistas del regadío”, explica Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía. “Dice que esta es la legislatura del agua, pero aprueba decretos, planes de sequía o Presupuestos que trasladan al lobby agroindustrial el mensaje de que el agua está asegurada”.
Andalucía es la comunidad autónoma con más superficie regada de todo el Estado. “Es curioso que una región tan afectada por el cambio climático y la desertificación sea una región exportadora de agua: más del 80% del agua embalsada se utiliza en regadío, destinado principalmente a productos hortofrutícolas que se exportan al norte de Europa”.
Para Greenpeace, ni la Junta de Andalucía ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están afrontando el desequilibrio entre la escasez y el crecimiento de la demanda generado por un modelo agrícola muy dependiente del agua (incluso en zonas de secano). Berraquero denuncia que en los últimos años se ha generado una burbuja especulativa alimentada por grandes inversores que ven aquí un activo refugio y propone una transición hídrica que asegure el buen estado de las masas de agua. “O se hace una reducción programada y paulatina del regadío contando con la gente o será la sequía la que se lleve por delante esos proyectos”.
El Gobierno de la Junta de Andalucía encara este panorama bajo una bandera aparentemente ambiciosa: desde la pasada legislatura, el presidente Juan Manuel Moreno esgrime la “Revolución Verde” andaluza, un plan de su Gobierno que contempla inversiones plurianuales en desarrollo sostenible de 1000 millones de euros. Sin embargo, hasta ahora ecologistas y la oposición ven más eslogan que otra cosa.
Es significativo que, al reordenar las consejerías para su segunda legislatura, iniciada en julio, Moreno haya desgajado el agua del medio ambiente (Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, dirigida por Ramón Fernández-Pacheco). La secretaría general de agua se encaja ahora en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y no en Sostenibilidad, aunque inicialmente se hablara de competencias compartidas y sus misiones sean también proteger el patrimonio hidrológico, recuperar el ciclo integral del agua o promover su uso sostenible. Los sectores ganadero y agrario ganaron el pulso.
Ante Europa, sigue la mancha ominosa de la falta de depuración de aguas residuales en algunas aglomeraciones urbanas. Algo se ha avanzado desde 2011: ya no son diecisiete (ocho de ellas en Andalucía) las que no depuran en España, sino cuatro, tres de ellas en nuestra comunidad: Barbate (Cádiz), Alhaurín el Grande (Málaga) y, la más singular de todas, Matalascañas (Huelva), donde cada verano se producen vertidos de aguas fecales junto a Doñana. Cada año se paga una multa por esta falta de depuración.
Al menos hasta 2026 no estará lista una depuradora con tratamiento terciario suficiente para dar cobertura a los casi 200.000 veraneantes de la pedanía almonteña. Y eso, si todo va bien y sin nuevos retrasos, que se prolongan desde que se declaró una infraestructura de interés general, hace tres décadas. Las de Alhaurín el Grande y Barbate están previstas ahora para 2023 y 2025, respectivamente.
Según Ecologistas en Acción, que elabora un informe anual, la situación empeoró en 2021 en las aglomeraciones urbanas cuya depuración depende de la Junta de Andalucía (aproximadamente la mitad), rompiendo así la mejoría iniciada en 2016. El 34,67% de las 300 aglomeraciones analizadas incumple la normativa, cuatro puntos más que en 2020.
Grupos ecologistas y de ciudadanos que viven en entornos rurales llevan tiempo advirtiendo de que una de las grandes transformaciones, la energética, se haga a costa de sus territorios, sacrificando paisajes, interés turístico o recursos económicos locales en el altar de los dioses del sol y el viento, las “energías limpias” que luego se consumen sobre todo en las ciudades.
En Andalucía, que ya produce el 54% de energía eléctrica con fuentes renovables, se tramitan actualmente más de 1000 proyectos de plantas renovables. Si se culminasen todos (muchos se quedan en el camino o son puramente especulativos), serían capaces de producir 29,5 gigavatios y superarían en más del doble el objetivo de generación para toda la legislatura.
Tantos proyectos requieren de miles de hectáreas de paneles solares, y ayuntamientos y movimientos vecinales en la Serranía de Ronda, el interior de Málaga o Almería se movilizaron en 2022 para mostrar su rechazo a las megaplantas. Una Iniciativa Legislativa registrada el año pasado ante el Parlamento Andaluz por setenta ayuntamientos de todos los signos políticos pide control y transparencia en la tramitación de unos proyectos que en los últimos años han llegado en avalancha. El Consejo de Gobierno se opuso en diciembre a esta iniciativa, pero la cuestión abre un frente político en año de elecciones municipales. Se trata de una cuestión sensible y con un interés económico directo para los municipios.
En el alambre está también el proyecto de generación de energía eólica marina que más controversia había generado en los últimos meses: un parque eólico de 70 kilómetros cuadrados a 14 kilómetros de Cabo de Gata, que recibió en 2022 el rechazo de entidades ecologistas, el ayuntamiento de Níjar, el MITECO y la propia Junta de Andalucía, o el proyectado frente a la Costa del Sol. El 16 de diciembre el MITECO divulgó la declaración ambiental estratégica de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, eliminando la habilitación de la zona para la instalación de aerogeneradores.
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