La proposición de ley que amnistiará regadíos ilegales en el entorno de Doñana puede tener un importante impacto económico, ya que la Comisión Europea reitera que acarrearía sanciones y pondría en riesgo fondos europeos que debe recibir España. Así lo ha reiterado a una comisión integrada por representantes de las organizaciones WWF, Ecologistas en Acción y SEO Birdlife, así como de la formación Adelante Andalucía y el eurodiputado Miguel Urban.
Tal y como ha señalado WWF, se le ha transmitido a responsables de la Comisión Europea y de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el impacto de esta medida (que han presentado PP, Cs y Vox y ante la que el PSOE se abstuvo) sobre los ecosistemas protegidos y de qué manera supone “un claro incumplimiento de la normativa europea” y de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sancionó a España por no evitar el expolio de agua en Doñana. Precisamente, este miércoles se cumplía el plazo de un mes dado por la Comisión Europea al Gobierno de España para explicar de qué manera se va a garantizar que esta ley no suponga un incumplimiento de la sentencia.
En las reuniones, WWF ha mostrado la cartografía de las zonas que se quieren legalizar y el estudio sobre el que se apoya para asegurar que la amnistía ascendería a un máximo posible de 1.903,7 hectáreas. Frente a esta cifra, que incrementa sustancialmente la de 1.461 que se ha tomado como referencia, la Consejería de Agricultura aseguraba en un informe de respuesta a Bruselas que en realidad se beneficiarán de la medida 748,62 hectáreas, aunque la propia proposición de ley apunte a 1.600.
El jefe de la Unidad de Implementación y Cumplimiento ambiental de la Dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ion Codescu, ha resaltado que para la Comisión es una prioridad que España cumpla con la sentencia y ha resaltado que las autoridades estatales y regionales españolas han tenido tiempo suficiente para tomar medidas para frenar el deterioro de Doñana. “Y que por lo tanto, de no retirar la proposición de ley y cumplir con la sentencia, aplicando medidas para reducir el impacto sobre el acuífero de Doñana, España será multada”, asegura la organización ecologista.
Ante las preguntas de las organizaciones sobre cómo va afectar esta sanción a los fondos europeos, el responsable de la Comisión ha resaltado que la atribución de estos fondos es condicional y que hay que cumplir con las exigencias de la UE incluyendo las medioambientales. En este sentido, ha remarcado que no puede existir ningún proyecto financiado con fondos europeos que tenga impacto negativo sobre el medioambiente, resaltando que todos los proyectos relacionados con la extracción de aguas se comprueban meticulosamente por parte de las autoridades comunitarias.
Asimismo en la reunión, tal y como apunta un comunicado de Adelante Andalucía, se ha reclamado el “apoyo” de las instituciones europeas para “frenar el expolio de Doñana y defender nuestro Parque Nacional”. En esta línea, se ha solicitado a la Comisión Europea “que actúe de inmediato para garantizar la protección de nuestro entorno natural ante el robo ilegal de agua, como ya se hizo con el almacén de gas”.
En este sentido, “hemos presentado una iniciativa a la Comisión de Peticiones al Parlamento Europeo en la que solicitamos una comparecencia para denunciar y hacer partícipes a las instituciones europeas de lo que está sucediendo en una de las reservas naturales más excepcionales de Europa y del mundo”. “Está en Andalucía, pero es de la humanidad, y nos corresponde a todas y todos defenderla”, ha subrayado Teresa Rodríguez.
En esta iniciativa, se requiere también a la Comisión medidas urgentes orientadas a detener la proposición de ley registrada en el Parlamento andaluz por PP, Ciudadanos (Cs) y Vox que “busca amnistiar la captación ilegal del agua de las reservas de Doñana”. “Creemos que esta medida viene a vulnerar uno de nuestros mayores bienes naturales, y lo hace en base a unos intereses de partido y de mercado que se hacen inviables en la práctica”, según ha expuesto Teresa Rodríguez, que ha agregado que, por eso, “también hemos recogido en nuestra petición que se revise el impacto ambiental y todo aquello que contraviene con el conjunto de la normativa comunitaria y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo”.
Para Rodríguez, “es muy preocupante la situación política y, de hecho, en la carta que han escrito desde la Junta de Andalucía para justificar la tramitación de esta iniciativa legislativa, hablan del consenso que ha generado dentro de la Cámara y, efectivamente ha sido así, puesto que solo 17 diputados nos hemos opuesto a esta iniciativa legislativa que supone amnistiar los cultivos y los pozos ilegales que están secando Doñana”.
Ha añadido en esa línea que “nos preocupa tanto la actitud del Gobierno, que utiliza el Parlamento de Andalucía como escudo ante un flagrante incumplimiento de toda la normativa y las figuras de protección del Parque Nacional, como la connivencia del PSOE absteniéndose a esta iniciativa legislativa”.
Además, la portavoz de Adelante ha indicado que “nos inquieta que, como se va a alargar la legislatura andaluza por los follones del PP en Madrid, el resultado sea que tengan tiempo para aprobar esta barbaridad”.
Es por ello que, “desde Adelante Andalucía venimos a buscar apoyos de instituciones de ámbito internacional que saben del valor que tiene nuestra joya natural más preciada y que nos pueden ayudar a defenderla”, según ha resumido Teresa Rodríguez.
Por su parte, el eurodiputado Miguel Urbán ha recordado la preocupación por Doñana desde su legislatura anterior con la amenaza del gas y que ahora, con los pozos ilegales, “esta joya de la biodiversidad y patrimonio natural de la humanidad está herida de muerte”.
Para Urbán, “es incompatible la actividad que está legalizando la Junta de Andalucía con lo dictaminado por los tribunales europeos y, sobre todo, con el estatus de protección que tiene Doñana por parte de la Comisión Europea” y, por ello, van a hacer una pregunta y un requerimiento explícito para saber si hay fondos europeos implicados en el deterioro de Doñana.
“A día de hoy, sabemos que la Junta repartió 17 millones de euros de fondos europeos para agricultura en la zona, y entendemos que podría haber una infracción clara del objetivo de estos fondos incompatibles con el deterioro de los acuíferos y de la biodiversidad”, ha señalado.
Desde las organizaciones ecologistas se ha destacado que su visita ha tenido como objetivo “contarle a la Comisión Europea que Doñana está totalmente seca y que sólo el 1% de la superficie está inundada”. Algo que han calificado de “catastrófico, porque tiene una afección más allá de las propias fronteras de Doñana, al ser el cobijo de millones de aves del norte de Europa”.
Finalmente, la portavoz de Adelante Andalucía ha reiterado que “vamos a seguir peleando, con uñas y dientes, por salvar nuestro patrimonio natural y legarle a nuestras hijas y nuestros nietos un futuro en el que poder vivir y cultivar”.
El pasado mes de febrero, la Comisión Europea manifestó su “preocupación” por que Andalucía siguiera adelante con la ampliación de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana para su calificación como suelos agrícolas regables.
“Estamos profundamente preocupados por los planes, que se sumarían a los niveles insostenibles de extracción de agua que ya ha provocado una disminución significativa en los niveles piezométricos de las masas de aguas subterráneas en Doñana”, señaló la portavoz de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Daniela Stoycheva.
“Evidentemente esto pondría en peligro las perspectivas de cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”, agregó Stoycheva en relación a una sentencia previa de la Justicia europea contra la ampliación de regadíos en Doñana. Bruselas insistió en que usará “todos los medios” para hacer cumplir la sentencia.
Unos diez días antes de ese aviso, la Comisión Europea remitió una carta remitida a las autoridades españolas en la que le advertía con acudir por segunda vez ante Tribunal de Justicia para solicitar sanciones por el plan del Gobierno andaluz de regularizar 1.460 hectáreas de regadío del entorno de Doñana “que no cuentan con los preceptivos permisos”. España contaba con un mes para dar respuesta a la misiva con explicaciones sobre la falta de cumplimiento de la sentencia del TUE.
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