Doñana es un paraje que cuenta con los mayores niveles de protección que le pueden conferir las leyes autonómicas, nacionales y europeas, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Reserva de la Biosfera y el Convenio Ramsar le atribuye a su humedal un papel clave de rango internacional. Pero esta –en teoría– coraza legislativa impenetrable se muestra incapaz ante el incesante pirateo de agua, uno de los factores principales que explican el mal estado del acuífero (y con ello de todo este espacio natural) y que tiene su propia deriva legal en lo difícil que es cerrar un pozo ilegal: puede transcurrir hasta una década desde que se denuncia hasta que se consigue hormigonar. Un tiempo que, en la mayoría de los casos, es rentable para el infractor, ya que durante estos años obtiene unos beneficios con sus cosechas que superan con creces la sanción que después se le impone.
“Si el infractor pleitea y presenta recurso tras recurso, el proceso puede durar bastantes años”, admiten desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de repartir los derechos de agua. “La legislación es muy garantista y refuerza la seguridad jurídica”, se apunta, y eso permite alargar unos casos que en no pocas ocasiones llegan hasta el Tribunal Supremo. De hecho, hay bufetes especializados en este tipo de denuncias que conocen bien las teclas que hay que tocar para prolongar este recorrido en los juzgados.
Su propia naturaleza ilegal impide que haya un registro formal del número de pozos piratas repartidos por el entorno de Doñana, aunque se baraja que son cientos, muchos de ellos fáciles de hacer y difíciles de detectar. Tal y como explican desde una empresa especializada en la realización de este tipo de infraestructuras, hay pequeñas perforadoras portátiles que permiten hacer captaciones minúsculas de sólo 14 centímetros en cuestión de horas. “Los pozos ilegales no los van a erradicar nunca, eso es muy difícil”, apunta en este sentido un técnico, que explica que esta práctica es más habitual en pequeños agricultores, ya que las comunidades de regantes y grandes empresas “miden el agua al milímetro y no se arriesgan a que les puedan clausurar”.
En total, el propio Ministerio de Transición Ecológica calcula que en este enclave se piratean cinco hectómetros cúbicos al año para regar las 1.013,6 hectáreas (el equivalente a unos 700 campos de fútbol) fuera de ordenación que, utilizando técnicas de teledetección espacial, se calcula que hay en la zona. No está muy conforme con esta cifra la organización ecologista WWF, que en uno de sus últimos informes advertía de que la superficie de cultivos de frutos rojos en situación irregular “sigue creciendo sin control” y ha aumentado más de un 13% en los últimos años, hasta alcanzar las 1.653 hectáreas, cantidad que posteriormente elevó por encima de las 1.900 hectáreas.
Estos días, por cierto, encara su recta final judicial un caso que ejemplifica a las claras lo tortuosos que son y la maraña que se teje a su alrededor. Ecologistas en Acción es la organización que ha puesto en el foco a Hato Blanco Viejo, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar que, desde 1996, riega de manera ilegal grandes superficies en el entorno del Parque Nacional con agua que saca del mismo acuífero que los agricultores que podrán beneficiarse de la ley que impulsan PP y Vox en el Parlamento andaluz. Una muestra de lo difícil que combatir estas situaciones: la administración exigió a los propietarios en 2000 que instalasen contadores, pero la propiedad impedía la entrada en la finca a la guardería de la CHG y no se consiguieron colocar hasta 2015 gracias a que se emitió una orden judicial.
Este caso se embrolló y al final lo que se juzgó fueron las extracciones entre 2008 y 2013, periodo en el que se extrajeron 12 millones de metros cúbicos, “capaz de llenar hasta 4.000 campos de fútbol con un metro de altura de agua”, explica Juan Cuesta, de Ecologistas en Acción. El Tribunal Supremo impuso multas y obligó a restaurar el dominio público hidráulico, lo que no impidió que se hicieran oídos sordos y continuaran estas prácticas mientras se recurrían las sanciones, un laberinto judicial del que ahora se está a punto de salir.
En este contexto, y de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, desde 2018 el Ejecutivo central ha regularizado 2.240 hectáreas de regadío y ha cerrado un total de 1.129 pozos en el entorno de Doñana. La propia vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha añadido recientemente al respecto que se cerrarán otros 420 “una vez que se culminen todas las garantías y se cuente con el aval de los tribunales”. Es decir, que queda recorrido por delante.
Desde WWF, su responsable en Doñana, Juan José Carmona, reconoce que el procedimiento es muy garantista, de ahí que abogue por una medida que se aplica menos de lo que, a su juicio, sería deseable: la imposición de medidas cautelares, tal y como recoge el artículo 56 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. “Se está afectando a terceros, como son los agricultores legales, y al medio ambiente, todo ello en plena sequía, con un acuífero sobreexplotado y regando de manera ilegal un suelo que es de secano. El afectado puede recurrir, pero sería difícil que un juez las levantase”, valora al respecto, a la vez que admite que el problema es complejo “por otros motivos”.
Aquí incluye que la Confederación del Guadalquivir necesita más funcionarios (“son los únicos que pueden tomar estas medidas”) y que es necesario que la otra administración con competencias en el problema, la Junta de Andalucía, abra expedientes por delitos –contra la ordenación del territorio– en los que sí tiene competencias en aplicación de su Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). “Si precintan la zona de cultivo o la finca entera, dependiendo de lo que sea, la gente se tomaría mucho más en serio estas cuestiones”, porque a día de hoy “les da igual porque les compensa” ya que la rentabilidad de la producción paga con creces la futura sanción.
La situación es tan compleja que el propio Gobierno central reconoce el “clima hostil” que se respira en la comarca lindante con Doñana en relación con el regadío y el cierre de pozos ilegales. Así lo admite en el informe con el que hace unos meses dio respuesta al último requerimiento de la Comisión Europea (que ahora mismo sigue analizando) sobre si se está cumpliendo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que le condenaba por no proteger el enclave del expolio de agua, un documento del Ministerio de Transición Ecológica en el que se apunta que “los implicados difícilmente asumen el papel que les corresponde y, salvo honrosos casos que han encontrado soluciones alternativas viables, se resisten a las medidas de control y gestión” de la Comisaría de Aguas de la Confederación.
También se apunta que el cierre de pozos es “un procedimiento garantista, largo y complejo” para así “asegurar jurídicamente el procedimiento que permite actuar sobre las propiedades privadas”. En cualquier caso, apostilla, “aún contando con todas las salvaguardas jurídicas, no se trata de un procedimiento sencillo de ejecutar”, y es que “en diversas ocasiones ha sido necesaria la intervención de las fuerzas del orden público de cara a asegurar su materialización, además buscar el momento más oportuno (de madrugada, en festivo, etc.) para la ejecución de las actuaciones evitando potenciales conflictos de orden público”. El procedimiento consiste finalmente en el sellado con hormigón de las captaciones y el desmantelamiento de tuberías e instalaciones eléctricas, no solo de los pozos, sino también de balsas, conducciones y demás infraestructuras complementarias.
Los agricultores de la zona con permisos de riego asisten a todos estos procesos con un punto de resignación y con la sensación de que “falta mano dura donde realmente se necesita”. Lo apunta Manuel Delgado, portavoz de la asociación de agricultores Puerta de Doñana de Almonte, que admite que el procedimiento legal “es muy largo”, aunque las cosas suelen acelerarse cuando está de por medio la Fiscalía y se dirime una afectación grave al medio ambiente. Y las sanciones no son disuasorias, subraya, porque una finca de regadío multiplica hasta por diez su valor frente a una de secano. Así, remacha, será muy difícil que cambien las cosas.
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