Una modificación puntual de la Ley Forestal de Andalucía ha desatado la susceptibilidad del Gobierno de España que, sorpresivamente, ha dejado en pausa el pacto por Doñana suscrito con el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno el pasado noviembre. Durante 12 horas de llamadas frenéticas entre Gobierno y Junta, el llamado “espíritu de Doñana” ha saltado por los aires, poniendo en riesgo la inversión millonaria comprometida por el Estado para la provincia de Huelva.
Ambas administraciones aseguran estar “en shock” y “sorprendidas” por un terremoto político sobrevenido, y provocado por diez líneas en una ley de 600 páginas que para unos supone aplicar una norma nacional y para otros abrir la puerta a regularizar cultivos ilegales en este enclave natural. Todo ello, pregonado el día después de las elecciones en Galicia y adobado por la suspicacia que genera el hecho de que la polémica ley de regadíos de PP y Vox para la zona no está oficialmente derogada.
La Junta sostiene que la reforma de la Ley Forestal de Andalucía (incluida en un artículo del mastodóntico decreto de simplificación administrativa, aprobado la semana pasada) no es más que la adaptación de la ley estatal, el trasvase de un “párrafo calcado”. El PSOE andaluz, que ha puesto en sobreaviso a la ministra Teresa Ribera, denuncia que ese texto se ha modificado levemente, con un matiz que abre la puerta a permitir el uso agrícola a suelos forestales si en el pasado ya se usaron para cultivar.
Y que ahora contiene otro “párrafo calcado”, pero de la polémica ley de regadíos junto a Doñana, suspendida en el Parlamento andaluz por orden de Moreno en favor de un pacto. “Un traje a medida” de las parcelas del entorno de Doñana que iban a ser amnistiadas para su cultivo con la polémica ley de regadíos de PP y Vox, aparcada por la Junta tras pactar un acuerdo con el Gobierno de inversión millonaria para la comarca onubense.
Al leerlo, Ribera ha suspendido la reunión sobre Doñana que tenía programada con alcaldes y agricultores de la zona para este martes. “Es una legalización retroactiva”, advirtió en una comparecencia en Madrid, este lunes, antes de anunciar que llamaría por la tarde a Moreno para mostrarle su “preocupación”.
Han sido 12 horas de infarto, desde que saltó la noticia a primera hora de la mañana en la Cadena Ser, hasta que Ribera llamó al presidente andaluz pasadas las ocho de la tarde. Entre medias, los consejeros de Presidencia y Medio Ambiente telefonearon al secretario de Estado, Hugo Morán, para convencerle de que el objeto de ese párrafo en la ley no buscaba “legalizar cultivos en Doñana por la puerta de atrás o a escondidas”.
La hipótesis que hizo tambalear la paz en Doñana era simple: un agricultor que en el pasado convirtió sus tierras de cultivo en forestales plantando eucaliptos o chopos podría aprovechar la nueva redacción de la Ley Forestal de Andalucía –contenida en el decreto ley de simplificación– para volver al uso de cultivo en secano. Para el PSOE, un atajo para volver a regularizar a parcelas ilegales de cultivo. Según el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, esta hipótesis sólo podría suceder en 40 hectáreas en toda Andalucía, aunque una parte se ubica en la polémica corona norte de Doñana (la otra en la Vega de Granada).
Morán percibió que la Junta tenía intención de recuperar el diálogo cuanto antes, pero advirtió: “Tengo juristas que no ven problema en esas líneas y otros creen que podría interpretarse en beneficio de agricultores infractores”. El Ejecutivo andaluz se avino a cambiar la “redacción” del polémico artículo en el decreto ley para volver al marco de diálogo. Lo anunció pasadas las tres de la tarde, antes de que Ribera llamara al presidente andaluz.
La rectificación de una ley del Gobierno de mayoría absoluta de Moreno a raíz de una denuncia del jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas, es un hecho inusual en esta legislatura. Pero no es la primera vez que el presidente andaluz retrocede en relación con Doñana, ya lo hizo al retirar la propia ley de regadíos. Ahora esta polémica le obligará a modificar un decreto ley que todavía no se ha convalidado en el Parlamento andaluz.
Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que la norma se aprobará este miércoles, como estaba previsto, pero la Junta llevará al próximo Consejo de Gobierno la eliminación del polémico artículo referente a la Ley Forestal, que introducirá de soslayo en otro decreto ley de otra materia distinta [algo habitual en la práctica legislativa].
Era la única vía posible, una vez que el PP había descartado de plano tramitar el macro-decreto como proyecto de ley, como le pedían todos los grupos de la oposición de izquierdas. El PSOE, también como estaba previsto, votará este miércoles en contra del decreto ley e iniciará los pasos para recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, porque su rechazo a la norma va más allá de la crisis de las últimas 12 horas.
Toda esta sacudida política que reabre la guerra Gobierno-Junta por Doñana no la ha desatado una modificación puntual de la Ley Forestal. Esa reforma se incluye dentro del macro-decreto ley de simplificación administrativa, que modifica de una tacada 176 normas andaluzas y que la Junta aprobó la semana pasada por la vía “urgente y de extrema necesidad”.
El Parlamento andaluz debe convalidarlo este miércoles, 24 horas antes de la reunión prevista entre Moreno y Ribera en el Palacio de San Telmo para abordar un plan conjunto contra la sequía. El gigantesco decreto-ley de simplificación tiene 600 páginas, cambia 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes, y salió del Consejo de Gobierno con un expediente de 1.927 folios. Todo se ha colgado del Portal de Transparencia de la Junta este fin de semana, y la oposición de izquierdas se ha quejado de la dificultad de poder fiscalizar la labor del Ejecutivo de Moreno con tan poco margen.
El decreto-ley que contiene ese matiz legal que ha hecho tambalear el pacto por Doñana de Gobierno y Junta ya está en vigor y será convalidado el miércoles por la tarde con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox. La dura reacción de Ribera en la mañana del lunes hacía difícil imaginar que horas después aparecería sonriendo junto a Moreno, firmando un nuevo acuerdo por el agua y contra la sequía.
Los socialistas ya amagan con recurrirlo ante el Constitucional denunciando que esas 176 modificaciones legales de una tacada no responden a la “urgente y extraordinaria” necesidad del decreto ley, que entra en vigor antes incluso de pasar por el Parlamento.
Una vez publicado en el BOJA, el decreto-ley está en vigor y el Parlamento no tiene margen ya para modificarlo en el momento de su convalidación, “salvo corrección de errores”, explican fuentes parlamentarias. En la Cámara andaluza lo único que ya se puede hacer es aprobarlo o tumbarlo, porque para cambiarlo o se tramita como proyecto de ley (algo a lo que el PP se ha negado de manera reiterada) o directamente se deroga el decreto-ley y se presenta otro. La Junta ha optado por seguir adelante y comprometerse con el Gobierno a introducir una modificación parcial del polémico artículo de forma retroactiva, colándola en el siguiente decreto ley que envíen al Parlamento.
Mientras las partes intentan reconducir la situación vía telefónica, en este escenario hay otros factores que abonan esa sensación de desconfianza y recelo. Por lo pronto, el Ejecutivo central no olvida que el PP no ha derogado oficialmente la ley de regadíos de Doñana: está guardada en un cajón y el compromiso es no rescatarla, pero formalmente se podría hacer en cualquier momento de la presente legislatura.
Eso no ayuda, como tampoco la impresión que este lunes tenían en el PP y en el propio Gobierno andaluz de que el PSOE ha forzado la cuestión como cortina de humo tras sus malos resultados en las elecciones gallegas de este domingo. Eso sí, se han cuidado mucho de criticar frontalmente a la ministra y al Ejecutivo central en sí, poniendo el foco en unos socialistas andaluces a los que han acusado de intentar torpedear un pacto por Doñana del que hace gala continuamente Moreno, que ha acuñado la expresión del “modelo Doñana” para reforzar su perfil ambiental, moderado y dialogante hasta con el Gobierno de Pedro Sánchez si hace falta. Ni a unos ni a otros les interesa que descarrile un acuerdo que vive su momento más delicado por culpa de diez líneas en una ley de 600 páginas.
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