MEDIO AMBIENTE

Doñana sobrevive a su peor año y encara un 2023 clave para blindar su futuro

Parece que esta vez sí que sí. Ha tenido que llegar un 2022 con la peor de las crisis para que las administraciones entiendan de una vez por todas que la supervivencia de Doñana sólo puede garantizarse si todos aportan compromiso, trabajo... y sentido común.

Pese a sufrir la sequía más devastadora desde que se tienen registros históricos, soportar olas de calor, afrontar las malas condiciones del acuífero que le da vida a la zona y encontrarse con una iniciativa en el Parlamento andaluz para indultar regadíos que lo llevaba todo al límite, lo cierto es que 2022 acabó con muchas mejores sensaciones que con las que arrancó, un clima al que ayudó el regreso de las lluvias, el anuncio de planes de actuación e inversiones largamente esperados y, sobre todo, la conciencia política de que no puede repetirse un año tan desastroso si se quiere garantizar el futuro del Parque Nacional y su entorno.

Y es que 2022 empezó de la peor de las maneras, con el anuncio de una alianza entre PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento andaluz para amnistiar 1.400 hectáreas de regadíos que piratean agua del acuífero de Doñana. El bombazo fue uno de los ejes sobre los que pivotó el año en Andalucía desde el punto de vista medioambiental e incluso político, además de tener la rara virtud de aglutinar en su contra multitud de voces, empezando por Bruselas (que amenazó a España con otra denuncia ante la Justicia europea) y el Gobierno central, que reiteró una y otra vez que no se daría ni una gota más de agua. Con el paso de los meses se fueron sumando organismos internacionales como la Unesco o Ramsar, un aluvión de científicos e incluso los principales supermercados europeos. En paralelo, la cuestión desató toda una guerra entre agricultores con permiso y los que no por el uso del que es el principal recurso en toda la comarca.

Pese a todo, 2023 arranca por ahora con optimismo, ayudado por esa sintonía que exhibieron Gobierno central y Junta de Andalucía en su reunión de hace unos días, en la que acordaron crear una comisión bilateral para coordinar las políticas de protección a Doñana. No es el pacto de Estado que tantos reclaman, pero es un primer paso. “La perspectiva es buena, hay que ser optimistas porque hay una posibilidad de que estemos ante un punto de inflexión”, apunta Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, organismo investigador dependiente del CSIC.

Esto obedece “al cambio de actitud tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía”, que tras meses tirándose Doñana a la cabeza parece que han entendido que la manera de garantizar su futuro es trabajando juntos. “Estamos ante una ventana de oportunidad porque hay opciones reales de entendimiento” en una cuestión en la que “nos jugamos mucho a muchas escalas, tanto medioambientales como para la economía de la zona”.

Una iniciativa en el cajón

A esta situación ayudó que, con el adelanto electoral para las autonómicas del 19 de junio, decayó la proposición de ley registrada en el Parlamento andaluz. El PP se comprometió en campaña a resucitarla, y en la misma línea se pronunció el propio presidente, Juan Manuel Moreno, pero a la hora de la verdad se ha optado por poner en barbecho la iniciativa con el argumento de que ahora toca luchar contra la sequía. Ni la presión de los agricultores que respaldaron al PP ni la presentación de nuevo de la ley de amnistía por parte de Vox, ante la que se inhibió el Ejecutivo de Moreno, han logrado por ahora que los populares se animen a dar otra vez el paso.

“El PP se ha dado cuenta de que ésta no es una buena vía para ir por ahí, que es un berenjenal”, apostilla Eloy Revilla. Uno de sus predecesores en el cargo, el biólogo Miguel Delibes, entiende que aquella propuesta “generó una ilusión en los agricultores que era falsa, la proposición no iba a salir adelante en ningún caso y podría haber acabado hasta en el Tribunal Constitucional”. “Ahora el PP ha dado marcha atrás y lo ha asumido con entereza”, considera el que hoy es presidente del Consejo de Participación de Doñana, el foro consultivo que reúne a todos los actores con intereses en la zona, que se pronunció en el Parlamento en contra del proyecto de manera demoledora.

Mientras esta pelea se desarrollaba en los despachos, el Parque Nacional afrontaba el año más seco desde su creación hace más de medio siglo, lo que se ha traducido en una preocupante reducción de especies y la pérdida de las lagunas temporales, rematada con que en agosto se secó la última de las grandes láminas de agua permanentes que quedaba, la de Santa Olalla. Todo ello en un contexto en el que el acuífero que sostiene a animales y cultivos se encuentra en muy mal estado, lo que llevó a la Justicia europea a imponer a España una condena que sigue vigente por no proteger a Doñana del expolio de agua, una cuestión que tiene a Bruselas con la mosca tras la oreja mientras el Parlamento Europeo mantiene vivas las alertas por el deterioro de la zona.

En medio de este paisaje desolador, las lluvias de diciembre han dado una tregua, aunque todavía tiene que caer mucho más para que se recupere una cierta normalidad. “No podemos confundir lo coyuntural con lo estructural”, aclara Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina para Doñana de la organización ecologista WWF, que pone el acento en que las previsiones asociadas al cambio climático apuntan a un mañana con una continua repetición de años como este 2022, muy secos y calurosos. Afrontar este futuro “requiere de medidas a largo plazo para sacar a Doñana de donde está”.

Planes estatales y autonómico

En este sentido, resalta, es clave el plan presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, un Marco de Actuaciones para Doñana dotado con 356 millones de euros para renaturalizar espacios, reforzar el cierre de pozos ilegales, recuperar el funcionamiento ecológico e incluso comprar fincas a los agricultores para retirarlas del cultivo y reducir así la presión sobre el acuífero. La Junta de Andalucía, por su parte, se ha comprometido a poner en marcha su propio plan de actuación y sobre todo a relanzar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, popularmente conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014 para delimitar las zonas de regadío, un ordenamiento que iba a saltar por los aires con la famosa ley para indultar regadíos. La unión de los dos gobiernos es imprescindible, ya que el Estado tiene las competencias en agua y el Ejecutivo andaluz en suelo y, por tanto, en agricultura.

“Ahora mismo la situación es buena, se ha dado un giro sustancial en un año”, resume Miguel Delibes, que no obstante llama a la prudencia consciente de que tarde o temprano surgirán fricciones y que ahora hay que pasar de las buenas palabras a los hechos. “Hasta que las dos administraciones principales no vayan de la mano, ni los ayuntamientos de la zona, ni los agricultores ni los ciudadanos se lo van a creer”, pero si de verdad se da el paso de concretar los discursos “podemos avanzar para hacer planes realistas”.

Así que Doñana afronta un 2023 con muchas dificultades por delante, pero por primera vez en mucho tiempo empieza a haber planes concretos para sentar las bases que ayuden a su supervivencia y el ambiente político parece más despejado. “Los problemas no se resuelven porque haya llovido”, recuerda Delibes, mientras que en Ecologistas en Acción dicen que puede que sí, que “se están reestableciendo los puentes” entre las administraciones, pero que hay que ver cómo se concretan estas buenas intenciones. “Lo que está taxativamente claro, y así lo ha dicho el Gobierno, es que no se van a incrementar las hectáreas de regadíos”, apunta Juan Romero, coordinador de la organización ecologista en el Consejo de Participación de Doñana, que de paso recuerda que “estamos condenados por la Unión Europea: o todos hacen sus deberes, o nos van a llover las multas...”.