Un año después, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha repetido la jugada en todos sus términos: el PP impulsa en el Parlamento una proposición de ley para amnistiar regadíos en el entorno de Doñana, la Comisión Europea expresa de manera contundente su preocupación y la respuesta formal de la Junta de Andalucía vuelve a ser que la iniciativa no es suya, sino de la Cámara andaluza. No sólo eso, sino que se permite recordarle a Bruselas que así funciona el juego democrático: “No es, por tanto, una iniciativa del Gobierno andaluz, sino del propio Parlamento, reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático”.
La misiva es la obligada contestación que el Ejecutivo de Moreno tenía que dar ante el requerimiento de la Comisión Europea, para que el Ministerio de Transición Ecológica la incluyese en su respuesta ante las autoridades europeas. La explicación es un calco de la que ya se envió hace un año, en el primer amago con esta ley, y se centra en que estamos ante la “iniciativa de dos grupos políticos [PP y Vox] con representación en el seno del Parlamento de Andalucía, con el objeto de dar solución al problema social que coexiste en la comarca del Condado de Huelva”.
Lo que se le 'olvida' al Ejecutivo andaluz es apuntar que uno de estos grupos es el PP, que es el mismo que gobierna la Junta de Andalucía con mayoría absoluta. No sólo eso, sino que el presidente, Juan Manuel Moreno, es a su vez presidente del PP andaluz y también del grupo parlamentario, una pescadilla que se muerde la cola que no se precisa en la carta. Un argumento que, dicho sea de paso, no parece que sea la respuesta que requiere Bruselas.
Es más, incluso se viene a decir está por ver qué es lo que ocurre con la proposición de ley, ya que su mera tramitación “no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimiento” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en 2021 condenó a España por no proteger a Doñana del expolio de agua. ¿Y por qué no se sabe? Pues porque “en estos momentos se desconoce el resultado final del texto que será aprobado finalmente en sede parlamentaria” tras las enmiendas que se presenten, obviando una vez más que el PP cuenta con una amplia mayoría absoluta que le permitirá aprobar la ley en los términos que quiera.
El documento, por lo demás, reitera los argumentos de la carta que Moreno le ha enviado a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el sentido de que es una ley que ni afecta a Doñana ni trata sobre agua. La iniciativa, apunta, pretende modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte, el conocido como Plan de la Fresa, “un plan de ordenación del territorio y, por tanto, su posible modificación no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona”. “El acuífero de Doñana ni se toca ni se afecta”, argumenta, para concluir que “no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos”, una competencia que corresponde a un organismo estatal como es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Como muestra de su “compromiso ineludible” con la conservación del espacio natural, el Gobierno andaluz ha multiplicado por cuatro los números de expedientes sancionadores en materia forestal en cumplimiento del Plan de la Fresa, “por lo que la aprobación de esta proposición de ley no supone la amnistía de ningún infractor”. Eso sí, admite la lentitud con la que se clausuran pozos ilegales o se retiran cultivos en terrenos sin clasificación de suelo agrícola, lo que achaca a que el régimen sancionador español es “extremadamente garantista”.
La carta incluye la invitación a organizar una visita técnica a la zona para poder verificar con los equipos técnicos de la Comisión Europea la situación sobre el terreno, a la vez que se lamenta que el Ejecutivo central ha desoído las peticiones para constituir comisiones técnicas bilaterales sobre Doñana. Por último, recuerda que también se ha ofrecido la posibilidad de que los gobiernos central y autonómico acudan conjuntamente a las instituciones europeas para explicar la proposición de ley... y “dejar claro que no supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia ni para la conservación del espacio natural de Doñana”.
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