AGUA
“Es urgente que la Junta de Andalucía y el Gobierno central lleguen a un acuerdo o pacto por Doñana”. La reclamación la lanza el biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, un deseo que por ahora parece lejano. Después de lo que parecía un primer acercamiento entre ambas administraciones el pasado mes de septiembre, en plena sintonía a la hora de dar respuesta a la Comisión Europea sobre la protección del Parque Nacional (de paso se conjuraba el riesgo de nuevas sanciones para España), ahora las posturas vuelven a estar lejanas.
El ejemplo más claro se vivirá este miércoles, cuando la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentará en Almonte un ambicioso plan en defensa de Doñana, unas medidas de las que el Gobierno andaluz no tiene conocimiento pese a que hace tres semanas solicitó formalmente una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
“La respuesta a esa carta ha sido convocarnos a un acto en un teatro al mismo nivel que al resto de invitados”, ha lamentado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz y también consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, aludiendo así a que la presentación de este paquete de medidas tendrá lugar en el teatro municipal Salvador Távora de Almonte. El gesto del Ministerio “sólo se puede calificar de tremenda deslealtad institucional a la Junta de Andalucía. Se nos niega el papel de agente principal en Doñana, sólo se nos reconoce cuando hay que criticarnos, pero en la búsqueda de soluciones somos uno más”.
El Parque Nacional de Doñana se ha convertido en un polvorín político, escenario de confrontación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno. El dirigente andaluz reclama al Estado hasta mil millones de euros en obras hidráulicas, comprometiéndose a abonar la misma cantidad si acceden a su petición. “¡Pongan el dinero, que nos morimos de sed!”, gritó recientemente en un acto del PP.
El Ejecutivo central, por su parte, atacó duramente a Moreno cuando avaló una ley de PP, Ciudadanos y Vox para ampliar regadíos en la corona norte de Doñana, una iniciativa que llegó al Parlamento andaluz al final de la pasada legislatura, y que recibió el rechazo frontal de la Comisión Europea y de la Unesco, con amenazas de sanciones millonarias. Moreno dejó en suspenso ese proyecto tras ganar con mayoría absoluta las elecciones del 19 de junio, pero el pulso por Doñana sigue latente.
El plan de recuperación que va a presentar la vicepresidenta Ribera este miércoles camina en la dirección que todos los actores alrededor de Doñana (el propio Miguel Delibes, la Estación Biológica de Doñana, ecologistas, agricultores, ayuntamientos...) reclaman desde hace años: un programa de actuación que de manera informal se ha bautizado “Doñana 2030”, heredero directo de aquel Plan Doñana 2005 que se activó tras el vertido de Boliden que dejó una marea tóxica en las puertas del Parque Nacional.
Para ello, se recuperan algunas medidas no ejecutadas de este Doñana 2005 (como la reconexión del espacio con el Guadiamar para así recibir aportaciones de agua desde Sierra Morena) o incluidas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que se aprobará en pocas semanas y estará vigente hasta 2027.
Pero la falta de sintonía entre ambas administraciones vuelve a quedar de manifiesto, y con ello la aparente imposibilidad de articular un frente común incluso en un momento especialmente dramático para Doñana, que sufre el periodo seco más prolongado desde la fundación del Parque Nacional. De lo alarmante que es la situación dan muestra la continua reducción de especies y la pérdida de las lagunas temporales, rematada con que se ha secado la última de las grandes láminas de agua permanentes que quedaba, la de Santa Olalla.
Ni con este contexto es posible, al menos a día de hoy, este reclamado pacto de Estado entre el Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos) y el andaluz (PP). El Ministerio señala que lo que va a presentar son medidas relacionadas con el agua, que son de su competencia exclusiva, pero el Ejecutivo andaluz lo entiende como una “deslealtad”, especialmente cuando parecían haber dado pasos para una mayor sintonía.
De hecho, el propio Hugo Morán destacó hace un mes que apreciaba “un giro notable en la buena dirección” del Gobierno andaluz respecto a la preservación de Doñana, que había cristalizado en el entendimiento para defender una postura común ante la Comisión Europea ante el riesgo de nuevas sanciones para España por no tomar medidas para proteger el acuífero tras la condena del Tribunal de Justicia Europeo en 2021.
La propia Junta de Andalucía interpretó que había un mayor entendimiento, de ahí la carta que Fernández-Pacheco envió a Morán con la intención de dejar a Doñana al margen de la disputa política y solicitándole una reunión “fuera del foco mediático”. Su departamento, de hecho, no publicitó la misiva. El consejero portavoz también tuvo la oportunidad de sacarle el tema del Parque Nacional a la ministra de Transición Ecológica, la vicepresidenta Teresa Ribera, durante la Cumbre del Clima de Egipto, en la que ambos coincidieron.
Después de eso, el siguiente paso ha sido la invitación del Gobierno al consejero -no al presidente Juan Manuel Moreno- para que acuda al acto de este miércoles en Almonte. “Nos vamos a enterar del paquete de medidas para Doñana en un acto en un teatro”, lamentaba el consejero de Medio Ambiente, que apostillaba que “volvemos a reiterar que el Parque Nacional necesita de grandes acuerdos, todos compartimos la idea de que Doñana y sus valores ecológicos son intocables”.
Fernández-Pacheco, que realizó estas valoraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, hizo además dos anuncios: el primero de los cuales es la convocatoria del Consejo de Participación de Doñana para el próximo 14 de diciembre tras casi un año sin reunirse, ya que el habitual encuentro de junio no se celebró por el adelanto de las elecciones autonómicas. La otra fue que el Ejecutivo andaluz no baraja presentar ningún proyecto de ley para indultar regadíos en el entorno de Doñana, desmarcándose así de nuevo de la proposición de ley que en enero presentó en este sentido el propio PP junto a Ciudadanos y Vox, y que recientemente volvía a registrar en el Parlamento la formación de ultraderecha.
El Gobierno de Moreno ha enfriado su posición sobre este asunto, que incluyó entre sus promesas electorales hace sólo cinco meses: por un lado, ha puesto en hibernación este proyecto con el argumento de que ahora lo prioritario es combatir la sequía, y por otro ha renunciado por segunda vez a emitir un informe con su posicionamiento, en este caso al hilo de la propuesta de Vox. Y aunque los regantes del Condado insisten en que el PP mantiene su compromiso, lo cierto es que el Ejecutivo andaluz está haciendo una especie de enmienda a la totalidad a la que ha sido su postura hasta ahora, desandando este camino con el menor ruido posible tras comprobar todos los frentes en contra que se le abrían y que sintetizó, en el propio Parlamento, Miguel Delibes con una demoledora intervención.
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