La proposición de ley de PP y Vox para ampliar regadíos en la corona norte de Doñana ha entrado en el orden del día del próximo Pleno del Parlamento andaluz, donde se debatirá su puesta en consideración el 12 de abril. La polémica iniciativa ha sido calificada este miércoles por la Mesa de la Cámara, de mayoría conservadora, haciendo caso omiso de un informe de los servicios jurídicos del Parlamento, que no ve “justificado” ni “razonable” ni “proporcionado” crear una ley específica para regularizar unos cultivos de regadío junto al Parque Natural.
Los letrados entienden la “situación excepcional” que pretende abordar esta propuesta –“la importancia del sector agrícola del Condado de Huelva y su actual coyuntura”–, pero cuestionan que el método para solucionarlo sea impulsar una norma con rango de ley desde el Parlamento, y recuerdan al Gobierno andaluz que puede legislar sobre el problema aprobando directamente un nuevo reglamento.
O haciendo uso del procedimiento que ya existe en una ley recién creada por este mismo Gobierno [la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la llamada LISTA, en vigor desde finales de 2021]. “No parece que quede justificado que la utilización de una ley formal resulte una medida razonable y proporcionada a la situación excepcional que justifica su aprobación”, concluye el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es.
El informe jurídico está fechado el 24 de marzo, tres días después de hacerse pública la carta en la que Bruselas amenaza a España con imponerle sanciones millonarias si prospera la ley de regadíos de Doñana, registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz para su tramitación por la vía de urgencia. La Comisión Europea considera dicha proposición de ley una “violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”. El Ministerio de Transición Ecológica ha exigido su retirada y anuncia ya un recurso de inconstitucionalidad en cuanto salga aprobada de la Cámara.
Es la segunda vez que PP y Vox llevan al Parlamento andaluz una propuesta legislativa que aborda la reordenación de zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, todos ubicados en la corona norte del Parque Nacional. La primera se registró a las puertas de las elecciones andaluzas, la segunda en la precampaña de las municipales.
La futura ley, que cuenta de antemano con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox, permitirá regularizar suelos que hace años fueron de cultivo, pero dejaron de serlo como consecuencia de la ordenación territorial que hizo el Gobierno andaluz socialista en 2014: unas 1.600 hectáreas susceptibles de recalificar según la Junta; 700 según el PSOE andaluz. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno es el principal interlocutor de las críticas que vienen desde Bruselas y desde Madrid, sin embargo, el hecho de que la iniciativa parta del grupo parlamentario popular hace recaer toda la responsabilidad de la futura ley en el Parlamento.
Moreno y su Gobierno han defendido públicamente la proposición de ley y acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “intoxicar” la lectura que Bruselas hace del texto. La Junta niega categóricamente que el objetivo de la ley sea aumentar los riegos en el entorno del Parque Nacional, con un acuífero sobreexplotado y víctima del expolio de agua por parte de muchos agricultores a los que esta norma beneficiaría. Pero el propio informe de los letrados de la Cámara destaca que “la finalidad de la ley, según su exposición de motivos, es ampliar la delimitación de los suelos agrícolas regables en el norte de la corona forestal de Doñana”.
Los argumentos de los servicios jurídicos del Parlamento sobre una proposición de ley son preceptivos, pero no vinculantes. La proposición de ley ha seguido su tramitación parlamentaria y su puesta en consideración se abordará en el primer Pleno después de Semana Santa y dos días después de la celebración de un pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana, convocado por su presidente, Miguel Delibes. Previsiblemente contará con los votos de PP y Vox y el rechazo de todo el arco parlamentario de izquierdas: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
El informe que firma la letrada Carmen Noguerol no cuestiona el fondo del asunto, es decir, la regularización de cultivos de regadío junto a Doñana, ni las competencias de los grupos proponentes para impulsar dicha iniciativa. Pero sí critica con dureza la “técnica legislativa” elegida por el PP para solucionar el problema, “que parece obviar el concepto formal de ley existente en nuestro ordenamiento jurídico y podría resultar contraria al principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución”.
A lo largo de 11 páginas, el documento incide varias veces en la misma idea: no se necesita una norma con el máximo rango legal para cambiar cuatro artículos de un reglamento sobre regadíos en el Condado de Huelva, basta con aprobar otro reglamento o hacer uso de la nueva Ley andaluza del Suelo. Dicho de otra forma, la vía “justificada” no es el Parlamento, es el Gobierno.
“Aunque se pueda entender que la proposición de ley tiene una justificación objetiva, lo que no se explica en ningún momento [...] es que la concreta modificación que se propone de las Normas del Plan Especial de Ordenación [de las zonas de regadío de la Corona Norte de Doñana] se deba hacer mediante una ley formal y no mediante un reglamento”, reza el informe. La letrada pone en duda que la nueva regulación de PP y Vox “presente alguna peculiaridad sustantiva” (...) que “justifique la omisión del procedimiento regulado en la LISTA.
Las normas jurídicas que elabora el Parlamento tienen rango de ley; las que dicta el Consejo de Gobierno tienen un rango menor, son disposiciones reglamentarias que se subordinan a las leyes. La propuesta del PP implica modificar aspectos muy concretos de reglamentos y decretos ya existentes del Gobierno –el Plan Especial de Doñana; el Reglamento Forestal de Andalucía–, y para ello los introduce en una nueva proposición de ley.
El informe jurídico considera que, en la práctica, es una especie de atajo para elevar esas modificaciones normativas a rango de ley. El PSOE andaluz sostiene que el Gobierno de Moreno no podría haber abordado esos cambios usando el procedimiento regulado en la Ley del Suelo, porque la aprobación de un plan especial –en este caso para Doñana– está sujeto a informes preceptivos y vinculantes (en materia ambiental, de agua, etc...). La tramitación de estas reformas a través de una proposición de ley en el Parlamento permite esquivar esos informes, a juicio de los socialistas.
El informe jurídico de la Cámara abunda en una crítica que ya plantearon los socialistas en la tramitación de la primera proposición de ley sobre regadíos en Doñana que registraron PP, Ciudadanos y Vox al final de la pasada legislatura. El PSOE acusó entonces al presidente Moreno de parapetarse tras los partidos políticos que sostenían su Gobierno, presentando el plan de regadíos como una proposición de ley de los grupos parlamentarios, en vez de como un proyecto de ley del Ejecutivo. En ese sentido, de hecho, fueran las explicaciones que el Ejecutivo de Moreno le hizo a la Comisión Europea.
Al hacerlo así, el Gobierno andaluz lograba esquivar ciertos requisitos de control en la tramitación de un proyecto de ley, por ejemplo, la obligación de solicitar un informe previo al Consejo de Participación de Doñana, órgano consultivo en el que están representados todas las instituciones y actores afectados en el Parque Nacional, y donde la posición mayoritaria es rotundamente contraria a amnistiar regadíos ilegales en el Parque Natural.
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