MEDIO AMBIENTE
La segunda ley que PP y Vox han registrado en el Parlamento andaluz por vía de urgencia para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, los cuales utilizan ahora de manera ilegal el agua de su acuífero, ha desencadenado una nueva tormenta que, en la práctica, supone regresar a la casilla de salida en la que se estaba en enero del año pasado. La proposición presentada por ambas formaciones es un calco a la de entonces, también en puertas de unas elecciones (entonces autonómicas, hoy municipales), aunque con algunos matices, y uno de ellos es que ahora se ha quitado del texto la referencia a las 1.400 hectáreas que podrían acogerse a esta amnistía. A cambio, introduce un nuevo dato: la aplicación de la legalidad vigente supondría la “desaparición” de 650 explotaciones agrícolas cuya producción supera los 100 millones de euros.
Pues bien, WWF quiere ahora conocer precisamente cuáles son esas 650 explotaciones, y en este sentido ha presentado una solicitud formal en el registro de la Junta de Andalucía. La organización ecologista entiende que si en la exposición de motivos de la ley se habla con tanta precisión de estas 650 fincas es porque “deben ser conocidas por Vox y PP”, así que también insta a que se aporte el listado y cartografía de estas explotaciones.
De paso, ha solicitado al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, la convocatoria urgente del pleno de este organismo para que sea informado de los pormenores de a propuesta. En este foro se sientan administraciones –Junta y ayuntamientos de la comarca–, organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que es la encargada de dar los derechos de agua), sindicatos, entidades ecologistas y la Estación Biológica de Doñana, entidad científica dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Ya puestos, WWF solicita en su petición que se facilite copia no sólo de la proposición de ley, sino también de los informes técnicos que la acompañen, la cartografía y toda la documentación justificativa que se haya presentado junto con la propuesta. Asimismo, pide que se aporten diversos informes que deben acompañar este tipo de modificaciones de planes especiales, como el de incidencia territorial o la evaluación de impacto ambiental.
La organización ecologista es consciente de que la mayoría de estos documentos no existen, de ahí que con esta petición lo que persigue es dejar en evidencia el escaso arrope técnico de una proposición de ley “perjudicial para Doñana, el acuífero y los regantes legales de la comarca”. Por ello, insiste en que “es necesario que el Consejo de Participación se reúna cuanto antes y sea informado de todos los detalles” de esta iniciativa legal, aunque este foro tiene carácter consultivo y sus dictámenes no son vinculantes.
La proposición de ley ha vuelto a romper puentes con el Gobierno central (el Ministerio de Transición Ecológica amenaza con llevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional) y que está por ver qué reacción produce en la Comisión Europea, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2021 el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no proteger el acuífero del expolio que sufre. A juicio de WWF, esta segunda intentona “está motivada únicamente por intereses electoralistas en el Condado de Huelva y se construye sobre falsas premisas, tales como supuestos derechos históricos inexistentes”.
Otra organización ecologista, SEO/Birdlife, incide por su parte en que la actual sobreexplotación de los recursos hídricos “mantiene los ecosistemas de Doñana al borde del colapso”, por lo que lamenta que el Gobierno andaluz del PP “vuelve a evitar el diálogo, el consenso y el debate obligado sobre cualquier decisión que se tome” en el parque nacional. De paso, critica que obtener el derecho a regar con aguas superficiales en una zona con tan escasos recursos no puede conseguirse con “la amnistía de infractores en un grave agravio comparativo entre agricultores”.
La proposición de ley pretende calificar los terrenos de las 650 fincas que se beneficiarían de la medida como suelos agrícolas regables con aguas superficiales, una condición que no consiguieron con el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, popularmente conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014 para zanjar la cuestión en teoría de una vez por todas. La Junta de Andalucía sostiene que esto no supone una amnistía, argumentando que siguen para adelante los expedientes sancionadores que estos agricultores tienen abiertos por piratear agua de un acuífero que se encuentra en muy mal estado. La iniciativa aporta una solución “sin tocar un solo litro del acuífero del que bebe Doñana”, insiste en este sentido el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.
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