La Junta de Andalucía ha abierto un nuevo frente en la guerra por el agua que mantiene con el Gobierno central, con choques tan sonados como el indulto a regadíos ilegales en el entorno de Doñana y la polémica por el trasvase Tajo-Segura. El nuevo capítulo tiene como epicentro la presa de Alcolea, en Huelva, un proyecto que debe acometer el Ejecutivo central y que la administración andaluza considera vital para multiplicar los cultivos en la provincia, pero que está paralizado desde 2017 por una razón contundente: las dudas científicas por la presencia de metales pesados en sus aguas como consecuencia de la ingente actividad minera que históricamente ha tenido la zona. El último informe técnico encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) no despejaba dudas y conminaba a más análisis, unas conclusiones que, a pesar de conocerlas, no han frenado a la Junta para mantener esta reivindicación.
En realidad la terminación del embalse (proyectado en el año 2000) la reclama el PP desde que llegó al Gobierno andaluz, y así lo ha venido repitiendo incluso en el Parlamento andaluz pese a que desde hace un año conoce las incertidumbres que mantiene el estudio que el Miteco encargó al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). El detonante ahora ha sido un tuit del propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en el que apuntaba que es “vital” que el Ejecutivo central termine la presa de Alcolea, y para ello esgrimía como argumento que el cercano embalse de Olivargas lleva aliviando agua desde el 11 de diciembre porque “no hay donde almacenarla”. “Ya ha tirado al mar 22 hectómetros cúbicos, lo que consume Huelva en dos años”, apostillaba, a lo que añadía que “este agua es clave para Doñana”.
La reivindicación de Moreno se produce en un contexto preelectoral y con una cuestión altamente sensible en Huelva como son unos recursos hídricos con los que se cuenta para duplicar los cultivos en la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras. Esto además se conecta con Doñana en una especie de cuento de la lechera: a través del futuro canal de Trigueros (proyectado pero sin previsión de cuándo empezarán las obras), ese agua podría llegar a la comarca del Condado y reducir así la explotación del acuífero. La jugada recuerda a la que se llevó a cabo antes de las elecciones andaluzas con el indulto a regadíos ilegales en el parque nacional, cogiendo la bandera de supuestos derechos de los agricultores frente a un Gobierno central contra el que se carga con la acusación de que no hace su trabajo.
La presa de Alcolea se alimentaría del río Odiel, muy afectado por los vertidos de instalaciones mineras abandonadas desde las que se filtran aguas ácidas y cargadas de metales pesados. El problema tiene dos posibles soluciones: o desmantelar y limpiar a fondo estos pasivos mineros –lo que tendría un coste multimillonario y requeriría de varias décadas de trabajo– o depurar el agua que saliese del embalse para hacerla apta para su uso agrícola, una opción que no contemplan los agricultores porque dispararía su precio.
La propia Junta de Andalucía, en sus documentos técnicos para la elaboración del Plan Hidrológico 2021-2027 de la demarcación Tinto-Odiel-Piedras, reconocía que “si no se disminuyen las cargas contaminantes actuales del Odiel, la calidad del agua que se almacene en la futura presa de Alcolea podría no tener los valores mínimos exigibles en normativa y poner de esta forma en peligro los desarrollos agrícolas previstos”. De hecho, la administración andaluza admite que “los drenajes ácidos de la minería metálica son una de las principales fuentes de contaminación de las aguas superficiales” en esta cuenca, unos desagües que “son tóxicos en diverso grado para el hombre, la fauna y la vegetación y están constituidos principalmente por metales disueltos” que proceden de labores mineras, procesos de concentración de minerales, presas de residuos y escombreras de mina.
Con la presa paralizada, la Fundación Nueva Cultura del Agua y la organización ecologista WWF elaboraron un informe que alertaba de los riesgos de esta contaminación, y que vino así a unirse a la abundante literatura científica que apuntaba en la misma línea. En un intento de despejar dudas, la Consejería de Agricultura encargó un estudio a la prestigiosa consultora holandesa Deltares, según el cual no existían problemas para reanudar las obras. Eso fue en 2021, pero lo que no se publicitó después es que la propia compañía publicó una adenda a sus conclusiones, en la que reconocía que su análisis se había hecho de manera rápida, basado sólo en la información que le pasó el Gobierno andaluz y que quedaban abiertas varias “incertidumbres”. De esta manera, y si en su informe había apuntado que la calidad del agua embalsada en Alcolea mejoraría por la decantación de los metales, ahora añadía el matiz nada menor de que estaba por ver que fuese “lo suficientemente buena para ser utilizada para la agricultura”.
Pese a esta advertencia, el Gobierno andaluz sigue esgrimiendo este estudio como prueba irrefutable de que la presa es perfectamente viable. Así las cosas, el Cedex no ha tenido en cuenta este trabajo encargado por la Junta a la hora de hacer el suyo propio, que culminó hace un año y que el Gobierno central hizo llegar al Ejecutivo andaluz, y en el que venía a decir que hacen falta más estudios. “Se recomienda llevar a cabo un seguimiento intensivo en la cuenca con una resolución espacial y temporal adecuada, al menos durante un ciclo hidrológico”, lo que según el Miteco significa un año, aunque el propio informe aboga por prolongarlo durante todo el plan hidrológico que expira en 2027.
Este seguimiento debería incluir el estudio tanto de la calidad fisicoquímica de las aguas y sedimentos de los principales cauces y embalses como información hidrológica continua en los mismos puntos, “obteniéndose las cargas contaminantes transportadas por los cauces y retenidas en los embalses”. Se sugiere igualmente elaborar un modelo hidroquímico para predecir la futura calidad del embalse proyectado en diferentes escenarios futuros. El Ministerio asumió estas conclusiones y puso en marcha los nuevos informes requeridos.
La propia ministra y vicepresidenta, Teresa Ribera, aseguraba en su última visita a Huelva a finales del pasado año que se continúa con los estudios de decantación para garantizar que el traslado de agua desde Alcolea “no genera ningún problema tanto para los usuarios como para la recarga del acuífero”. Ribera tildaba de “preocupante” los datos que se manejan sobre contaminación, el “punto débil que siempre ha tenido el proyecto”, por lo que abogaba por profundizar en los análisis “para no encontrarnos con problemas mayores en el medio plazo”.
Desde WWF, por cierto, no sólo se denuncia la “irresponsabilidad” de la Junta de Andalucía por querer seguir adelante con la presa sin contar con la garantía de salubridad de las aguas, sino que se considera que esta decisión pone en entredicho la supuesta revolución verde de la que hace gala el Gobierno andaluz. En palabras de Rafael Seiz, coordinador de Política del Programa de Aguas de la organización, esto es la plasmación de un “modelo insostenible” que replica la fórmula de lo que se quiere hacer en Doñana, “suplir los problemas de sobreexplotación con nuevas infraestructuras”.
También se carga contra la afirmación de Juan Manuel Moreno de que se están tirando recursos al mar, fruto de “una concepción artificial del ciclo natural del agua”. Los ríos, recuerda, tienen que desembocar en el mar, lo que por ejemplo permite la mejora y regeneración de las líneas de costa para beneficio de la actividad pesquera. Teniendo esto en cuenta, decir que se desaprovecha el agua “es una falacia para fomentar que se pongan todos los embalses posibles”.
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