MEDIO AMBIENTE
“Decepción”. Con esta única palabra define el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, la sensación que le ha provocado la presentación por segunda vez, por parte de PP y de Vox, de una ley para indultar a regantes de cinco municipios del Condado de Huelva que supondrá la regularización de 650 fincas que actualmente extraen agua de manera ilegal del acuífero que alimenta al parque nacional. Para abordar la cuestión y su impacto en este enclave natural, el propio Delibes confirma que convocará de manera extraordinaria el órgano que preside.
El prestigioso biólogo e investigador, que fue también director de la Estación Biológica de Doñana, había expresado públicamente en las últimas semanas su temor a que volviese a presentarse esta iniciativa en el Parlamento andaluz ante la inminencia de las elecciones municipales. Su sensación pesimista en este sentido se ha cumplido, de ahí esta convocatoria extraordinaria del Consejo de Participación que ya había solicitado la organización ecologista WWF.
La reunión se celebrará en el entorno de Semana Santa, antes o después de estos días en función de la disponibilidad de las agendas de los integrantes de un foro en el que están administraciones –Junta y ayuntamientos de la comarca–, organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que es la encargada de dar los derechos de agua), sindicatos, entidades ecologistas y la propia Estación Biológica de Doñana, entidad científica dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El año pasado, y tras presentar PP, Ciudadanos y Vox una primera ley en esta misma línea, Delibes también convocó de manera extraordinaria al Consejo de Participación, encuentro que al final se anuló al decaer la proposición legislativa tras la convocatoria adelantada de elecciones.
La resurrección de esta medida encaminada a regularizar unas 750 hectáreas de cultivos –es el cálculo que hace ahora la Junta de Andalucía, aunque no de manera oficial y después de que en el primer intento se cifraran en 1.400– que riegan pirateando el agua de un acuífero agotado y en muy malas condiciones supone además un importante paso atrás en el camino de entendimiento que parecían haber iniciado los gobiernos central y autonómico en relación con Doñana. “Vuelven los tambores de guerra contra Doñana y la legalidad”, apuntó la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un expresivo mensaje en redes sociales cuando PP y Vox registraron la propuesta.
Precisamente, Delibes viene insistiendo una y otra vez en la necesidad de un pacto de Estado para salvaguardar el parque nacional. “Es urgente que el Gobierno central y la Junta de Andalucía lideren un acuerdo por Doñana”, apuntaba recientemente a este periódico en este sentido, algo necesario para salvar también “a los agricultores y a la propia comarca” del Condado. “Hay que hacer algo porque todo el mundo está perdiendo, Doñana y los agricultores”, insistía, reiterando que “tenemos que adaptarnos a la realidad que tenemos y regar acorde con el agua que hay”, lo que implica “imponer limitaciones que pueden ser duras para los agricultores”. El reto no es fácil, admitía, pero “cosas más gordas se han hecho con las reconversiones industriales”.
El presidente del Consejo de Participación ya fue especialmente duro cuando compareció en el Parlamento andaluz en la comisión que empezó a debatir la primera proposición de ley, a la que tildó de “irresponsable, desleal, frívola, irritante, inconsistente y un sinsentido”, además de acusar a los proponentes (PP, Ciudadanos y Vox) de haber “agitado el avispero” en el Condado. Las aguas se calmaron al decaer el proyecto, y parecieron encarrilarse positivamente en el último encuentro (se reúne dos veces al año) del Consejo, celebrada el pasado mes de diciembre.
Entonces, Delibes se felicitó por el anuncio de la Junta de potenciar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana de 2014, popularmente conocido como Plan de la Fresa, que estableció las zonas de regadío y que la ley que ahora se ha vuelto a presentar “dinamitaba de arriba a abajo”. “Se han sentado las bases para un acuerdo entre la Junta y el Gobierno, pero no se me ocultan las dificultades que habrá”, auguró en ese momento, algo que se ha confirmado al cabo de sólo un par de meses.
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha insistido esta semana en que la ley es una iniciativa del Parlamento, no de la Junta, a la vez que insiste en que la regularización que se busca “en ningún caso supone derechos de agua”. En una entrevista en Canal Sur Televisión, este jueves añadía que el día que esos agricultores “puedan obtener derechos de agua, jamás serán del acuífero de Doñana”, porque “Bruselas nos dijo claramente que el acuífero no se toca, y desde el Gobierno andaluz estamos de acuerdo”.
El consejero ha incidido en que “la solución vendrá vía aguas superficiales”, y lo que se plantea es “crear una oficina de seguimiento”. De esta manera, a su juicio “solucionamos el problema de estos agricultores, que nunca tuvieron que verse en esta situación, cuidamos el parque y reforzamos los compromisos medioambientales de la Junta”.
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