El Tribunal Superior andaluz evita multar al alcalde de Carboneras por no revisar ya la licencia de El Algarrobico

El alcalde de Carboneras ha vuelto a evitar la sanción con la que, de manera recurrente, le advierte el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por incumplir sus sentencias relativas a El Algarrobico. El tribunal había advertido al regidor Salvador Hernández (Ciudadanos) de que lo multaría e informaría a Fiscalía por un posible delito de desobediencia si, en plazo de un mes, seguía sin iniciar el proceso para revisar la licencia de obra de la mole, concedida en 2003. Sobre la bocina, el alcalde presentó un escrito diciendo que había encargado un informe que le diga qué procedimiento debe seguir. Los magistrados dan por bueno el paso, aunque vuelven a poner al alcalde bajo supuesta vigilancia: deberá informar de lo que va haciendo cada diez días.

En marzo, los magistrados le advirtieron con multarlo y/o deducir testimonio a Fiscalía por un posible delito de desobediencia si en el plazo de un mes no acreditaba “la incoación del procedimiento de revisión de oficio”, algo que ya le habían pedido expresamente en febrero de 2024. La petición de un informe no encaja en la literalidad de lo que el TSJA exigió al alcalde en su providencia de 9 de marzo de este año. Encargar un nuevo informe municipal no supone incoar el procedimiento.

La laxitud del TSJA ha vuelto a disgustar a los ecologistas, que desde hace años sostienen que la demora del Ayuntamiento en ejecutar la sentencia que obliga a declarar no urbanizables los terrenos (dictada en 2016, firme desde 2018) y la que obliga a revisar la licencia (dictada en 2021, firme desde 2022) sólo se explica por la resistencia de los sucesivos alcaldes (José Luis Amérigo -PSOE-, Felipe Cayuela -PP- y ahora Hernández) a cumplirlas, y la tolerancia del propio tribunal, incapaz de hacer ejecutar lo que sentenció hace años. En ocasiones anteriores, el TSJA advirtió a Amérigo con multas, pero nunca llegó a imponerlas. Y ello, a pesar de que ninguna de las dos sentencias ha sido cumplida en su integridad.

De fondo, estarían en juego las posibles responsabilidades pecuniarias frente a la promotora, Azata del Sol, S.L. En entrevistas recientes, el regidor se ha mostrado partidario de negociar una solución con la promotora, y abierto incluso al uso del inmueble como hotel o residencia.

“Una nueva tomadura de pelo”

“Es una nueva tomadura de pelo”, protesta José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, la entidad que canaliza ante los tribunales la oposición ecologista al mamotreto. En su último escrito al tribunal ya advertía de que la petición de un nuevo informe era otra “estratagema” del regidor para demorar el cumplimiento. “Obviamente el Sr. Alcalde de Carboneras ha tenido tiempo durante estos tres años para instruirse sobre el conocido procedimiento de revisión de oficio. No es casualidad que pida ahora el informe justo el día en que vence el plazo conferido por la Sala”, observaba, dando ya por imposible que el Ayuntamiento revisara la licencia. Por eso, pedía al tribunal que lo hiciera él mismo ante la “contumacia” del Ayuntamiento.

Tampoco se fía más del alcalde la Junta de Andalucía, que ha pedido sancionarlo y dar traslado a la Fiscalía a la vista de que sigue sin cumplir con lo que le pide el tribunal. “No se nos ha notificado actividad alguna que acredite el cumplimiento de esa Providencia”, señala su último escrito, fechado justo después de que el alcalde comunicara su intención de pedir un nuevo informe.

“No sólo no consta el cumplimiento de la Providencia citada, sino que, de conformidad con el fallo de la Sentencia de 22 de julio de 2021, ya debía estar tramitado el procedimiento de revisión de oficio y anulada la licencia por ser nula de pleno derecho”, recuerda el letrado de la Junta, que subraya que el retraso en cumplir el fallo es “considerable”.

Los ecologistas han denunciado la demora en el cumplimiento de las sentencias relativas a El Algarrobico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Algarrobico empezó a levantarse en 2003 en zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y en pleno parque natural de Cabo de Gata. Estaba destinado a ser un hotel de 411 habitaciones y 21 plantas, pero quedó a medio construir en 2006 tras la orden de paralización de un juzgado. Desde entonces, medio centenar de resoluciones judiciales, incluyendo 14 del Tribunal Supremo, han confirmado su ilegalidad.

También se pronunció en contra el Consejo Consultivo Andaluz: “La licencia otorgada por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 no se ajustaba a la legalidad (…) si bien los promotores, con un deslinde ya en curso, prefirieron no darse por enterados y materializar una edificación en un claro gesto de política de hechos consumados, de cuya conducta se infiere que han de soportar el daño derivado por incumplir manifiestamente la Ley, no precediendo indemnización sino la demolición de lo ilegalmente construido”.

Revisión de licencia o expropiación

Sin embargo, nadie ha materializado en más de dos décadas todas estas resoluciones y sentencias. En febrero de este año el Gobierno central abrió de nuevo un camino ya explorado sin éxito hace una década: expropiar para demoler. Para el Gobierno andaluz aquello fue una sorpresa mayúscula, con el añadido de que el anuncio a pie de mole lo hizo María Jesús Montero, vicepresidenta y futura rival de Juan Manuel Moreno por la presidencia de la Junta de Andalucía. Dos meses después prometió que la parte sobre dominio público, que corresponde al Estado, se derribaría antes de que termine el año.

El desembarco de Montero convirtió a El Algarrobico en otro motivo para la gresca política. El Ejecutivo andaluz acusó al Gobierno central de “falta de lealtad” por el sorpresivo anuncio, augurando que traerá más bloqueo. En la Junta sostienen que lo mejor es persistir en las vías judiciales abiertas. En el Gobierno central constatan que esas vías no han dado resultados palpables en más de veinte años y acusan a la administración autonómica de cerrarse a nuevas soluciones.

De momento, la expropiación ha avanzado con la publicación en el BOE de la declaración de utilidad pública de los 16.342 metros cuadrados situados sobre la zona de servidumbre, de los 32.654 que ocupa en total la parcela de Azata. El pasado febrero el Gobierno estimó en unos siete millones el coste de la expropiación. Está por ver si la promotora, que hasta ahora ha perdido todos sus intentos de obtener una indemnización, se opone a la expropiación o al justiprecio, abriendo un nuevo frente judicial, o acepta esta nueva vía.