24 horas después de la investidura del popular Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente andaluz, los socialistas volvían a dividirse públicamente entre sanchistas y susanistas. Tres ministros de Pedro Sánchez -Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Luis Planas- le señalaban la puerta de salida a Susana Díaz, apelando todos a “la voluntad de los militantes”.
Desde el PSOE andaluz respondían, malhumorados, con una amenaza velada hacia Ferraz: si se le mueve la silla a Díaz, “las consecuencias pueden ser nefastas para las próximas elecciones”. “Andalucía es fundamental para que el PSOE tenga opciones en las generales. Estoy segurísimo de que Ferraz conoce la importancia estratégica del PSOE andaluz para las municipales, autonómicas, europeas y generales. Necesitamos un PSOE cohesionado y que la dirección federal reme en la misma dirección que la andaluza”, respondía Mario Jiménez, dirigenge de la máxima confianza de Díaz, ante la lluvia de reproches de los ministros.
El PSOE ha entrado de nuevo en una “guerra fría”, para desconcierto y pavor de los alcaldes andaluces que concurren a las urnas dentro de cuatro meses. Ni la dirección federal ni la andaluza se esmeran en ocultarlo, pero “en una guerra fría no se lanzan misiles, sólo apuntan en tu dirección”, dice, irónico, un alto cargo del PSOE andaluz. Los de Susana Díaz son conscientes de la “gota malaya” de declaraciones de ministros y dirigentes de Ferraz que empujan a la sevillana a dar un paso atrás, pero están “tranquilos”, “a verlas venir”, dicen. “Yo sólo veo escaramuzas, pero no guerra. Los que estaban contra nosotros lo siguen estando y los que están con nosotros también. Y el que está gobernando tiene mucho que perder”, subraya un consejero de la Junta, en funciones hasta este lunes.
Lo que tienen en común ahora los sanchistas y los susanistas es que ambos apelan a los militantes del PSOE, aunque lo hagan con intereses contrapuestos. Los primeros creen que la militancia ya habló en las elecciones del 2 de diciembre y que Díaz debe tomar nota, dimitir y propiciar el relevo en la dirección andaluza. Los segundos, en cambio, creen que “la renovación” que propugna Ferraz “no la decide Ferraz, sino la militancia”. Con las municipales, autonómicas y europeas en cuatro meses, ni a la dirección federal ni a los alcaldes y barones territoriales socialistas les interesa pasar de la guerra fría a otra guerra entre sanchistas y susanistas.
Pero no todos piensan igual. Los hay, próximos al presidente del Gobierno, que creen que la sevillana es un factor “tóxico” que puede perjudicar a los próximos carteles electorales, y que lo mejor sería que ya no estuviese presente cuando arranque la campaña.
La presión que está ejerciendo la dirección federal del PSOE para que Susana Díaz se marche por su propio pie esconde una clave que todos los socialistas conocen bien: es sumamente difícil echar a un dirigente que no quiere irse sin convulsionar los cimientos del partido (otra vez). “Vine al PSOE de la mano de los militantes y me iré de la mano de ellos”, subrayó Díaz el pasado viernes, durante la toma de posesión de Moreno.
Las dos salidas
La salida política de Susana Díaz tiene dos vías: una forzosa y otra suave. La forzosa se hace desde fuera, desde Madrid, y la suave tendría que surgir desde dentro de su propia ejecutiva, si creciese un sector crítico avivado por las continuas llamadas de Ferraz a la renovación. La primera es la guerra total y la segunda la guerra fría.
Los estatutos del PSOE que salieron del 39° congreso federal -los que introdujeron los sanchistas tras derrotar a la andaluza en primarias- dejan poco margen a Ferraz para deshacerse de Díaz. Pedro Sánchez recuperó la secretaría general aupado por las bases, y luego dotó al PSOE de nuevas reglas para primar la voluntad de la militancia frente al aparato. Ahora él es el aparato y, según sus estatutos, el cese forzoso de Susana Díaz le obligaría necesariamente a convocar una consulta entre la militancia. Unas bases en Andalucía que, aun resquebrajadas por la crítica interna y el fracaso electoral, siguen siendo mayoritariamente susanistas. Ésta es la última contradicción del barullo interno del PSOE que, desde hace dos años, parece ir de paradoja en paradoja.
La militancia que devolvió el poder a Sánchez ahora le priva del poder que tuvo antes de su regreso para destituir fulminantemente al líder del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, y crear una gestora. Según los socialistas andaluces, ya no puede aplicar la misma fórmula para echar a Díaz porque sus propias reglas se lo impiden. Sin embargo, los artículos 340 y 341 de los estatutos del 39 congreso sí contemplan la posibilidad de que la comisión ejecutiva federal suspenda en funciones un órgano ejecutivo y adopte medidas de intervención económica y administrativa. Sería una medida extrema para “resolver situaciones conflictivas”, como “indisciplina de los órganos colegiados”; “incumplimiento de los estatutos”; “acuerdos que vulneren los principios del partido” o “cuando concurran circunstancias de análoga gravedad que hagan necesario restablecer la normalización de la vida interna del partido”.
Sánchez destituyó a Gómez como líder del PSM como consecuencia directa de las investigaciones de Fiscalía y Policía sobre el sobrecoste, en 41 millones de euros, de los trabajos de construcción del tranvía de Parla, ciudad madrileña de la que Gómez había sido alcalde entre 1999 y 2008. El PSOE andaluz cree que la situación no es “para nada” comparable a la de Susana Díaz, una secretaria general votada por la militancia en primarias, ratificada en un congreso regional y que ha ganado las elecciones andaluzas. En San Vicente creen que la fórmula que podría usar Sánchez sería la consulta a la militancia, que no existía en el reglamento del PSOE cuando se desmanteló la cúpula del PSOE de Madrid.
Para llevarla a cabo los estatutos del 39 congreso establecen que primero el Comité Federal tendría que activar un proceso de renovación motivado y acordado por el 51% de sus miembros en votación secreta. Sánchez controla este órgano, de modo que no sería difícil justificar esta maniobra en la pérdida del Gobierno andaluz y el retroceso electoral.
Pero luego, la revocación de Susana Díaz tendría que ser sometida a votación de los casi 40.000 militantes andaluces en una consulta que se realizaría en el plazo de un mes. “Pedro quiere acabar con Susana, pero no lo va a hacer en una plaza pública. Se le puede volver en contra y conseguir justo lo contrario: revivirla”, dice un sanchista andaluz, recordando el proceso interno que revivió al propio Sánchez frente al aparato.
En el caso improbable de que la militancia andaluza apoyase el cese de Díaz, la ejecutiva del PSOE andaluz quedaría inmediatamente suspendida y Ferraz nombraría una gestora con un mandato máximo de 90 días, que daría paso a un congreso. En San Vicente -sede regional del partido en Andalucía- esta vía les parece “una temeridad”. “La última palabra la tiene nuestra militancia”, dicen, apelando a los estatutos que impulsó Sánchez y que “ni ellos mismos conocen”, dice, con ironía, un miembro de la ejecutiva andaluza.
Presidenta de grupo
Esta semana, el PSOE andaluz ha registrado en el Parlamento el nombre de Susana Díaz como presidenta de su grupo y el de Mario Jiménez como portavoz, los dos puestos de más relevancia para afrontar la undécima legislatura. Hace un mes, cuando se constituyó la Cámara, este reparto de funciones en el PSOE era otro. Jiménez se mantenía como presidente y portavoz de su grupo, José Muñoz y Noelia Ruiz como portavoces adjuntos, y el nombre de Díaz no aparecía por ninguna parte.
Era el 28 de diciembre y el PSOE trataba de transmitir la idea de que su secretaria general aún tenía esperanzas de presentarse a la investidura. Sin embargo, la ausencia de Díaz de los puestos de relevancia de su grupo parlamentario desató el rumor de que dimitiría en cuanto el popular Moreno fuera investido nuevo presidente de la Junta. No ha sido así. Tras constatar el apoyo “unánime” de su ejecutiva y el interés manifiesto de los ocho secretarios provinciales por no abrir una crisis orgánica antes de las municipales, Susana Díaz ha anunciado que se queda para liderar la oposición al “tripartito” de derechas (PP-Ciudadanos-Vox), y ha recuperado la presidencia de su grupo parlamentario para despejar dudas. La ex presidenta de la Junta se reservará los debates de altura en el Parlamento, el cara a cara con Moreno en las sesiones de control al Gobierno, y dejará que Jiménez se encargue de lidiar con el día a día ordinario.
Descartada la vía forzosa (al menos hasta mayo), la alternativa es la vía suave, que tendría que hacerse desde dentro de la ejecutiva andaluza del PSOE. Y aquí Díaz está tranquila porque su equipo está cohesionado y las voces críticas son “sólo voces”. Para forzar la dimisión de la secretaria general, tendría que dimitirle la mitad de la ejecutiva, como hicieron los susanistas contra Pedro Sánchez en aquel convulso comité federal de octubre de 2016. En la dirección andaluza hay más críticos hoy que antes de las elecciones, pero son personas “de partido” y la “lealtad orgánica” -y el miedo a abrir la caja de Pandora antes de las municipales- hace difícil de imaginar este escenario.
El otro órgano de decisión que podría precipitar la caída de Díaz sin que Ferraz tenga que forzar una gestora es un comité director, máximo órgano entre congresos. La sevillana ya convocó uno tras el 2 de diciembre para analizar los resultados electorales. Allí se escucharon críticas internas de los sanchistas más identificados, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, o el histórico alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. Pero ni se planteó una votación de reprobación contra Díaz. Este lunes está convocado otro comité director, que se trasladará al municipio malagueño de Antequera para conmemorar los 40 años del pacto que firmaron once formaciones políticas en 1978 y que supuso el inicio del desarrollo estatutario andaluz. Gómez de Celis no podrá acudir por problemas de agenda.
Alarma de los alcaldes
Los secretarios provinciales del PSOE andaluz y algún presidente de diputación llevan días recibiendo llamadas de alcaldes “alarmados”, que no entienden por qué Ferraz ha reabierto el pulso con Díaz. Todos pensaban que la dirección federal y los barones territoriales habían concluido que era una “temeridad” forzar la renovación antes de las municipales. Y, sin embargo, esta semana tres ministros de Sánchez han vuelto a presionar públicamente, y la ejecutiva andaluza se ha vuelto a enrocar. Hay sanchistas en Madrid -y en Sevilla- que piensan que si Ferraz no echa a Díaz antes de las municipales, no podrá hacerlo después.
Susana Díaz ha perdido el Gobierno, pero ganó las elecciones con un 27,8% de los votos. Quienes presionan ahora para que dimita tendrán que presentar mejores avales que éste tras someterse a las urnas en sus territorios, incluido Sánchez.
Otra lectura de esta guerra fría es que la dirección federal quiere aprovechar la debilidad de Díaz para tomar el control del PSOE andaluz, la federación más numerosa y también la hasta ahora más autónoma del partido. Y lo haría empezando por situar a personas de su confianza en las listas a las municipales, pero Díaz vuelve aquí a aferrarse a los estatutos de Sánchez. “Será lo que decidan los militantes, a los que el 39 Congreso del partido dio más capacidad para tener la última palabra”, dice la ex presidenta. Los candidatos a las alcaldías de las capitales ya están elegidos, pero no las candidaturas completas. Éstas se elegirán en dos listas abiertas -alternando hombres y mujeres- por los propios afiliados, y aunque Ferraz puede alterar el resultado en los municipios de más de 50.000 habitantes, los socialistas andaluces avisan ya de que eso sería “pervertir los estatutos que ellos mismos crearon para dar más peso a la militancia”.