El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha tomado este pasado miércoles y este jueves declaración a varios testigos, en la causa incoada contra el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación Francisco Serrano, por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros cosechado por una empresa que gestionaba junto a un socio también investigado en esta causa judicial.
Todos estos testigos han declarado después de que este pasado lunes compareciesen como investigados Francisco Serrano, su socio empresarial Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como socio “encubierto” de los primeros.
Y después de que Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros achacasen a Serrano en sus comparecencias los trámites de la solicitud del préstamo y las “gestiones” ante la notaría, así como el manejo de las cuentas bancarias investigadas por el depósito en las mismas del dinero del préstamo estatal reintegrable objeto del presunto delito, estos días han testificado Álvaro S.F., Juan D.S.P.; la alcaldesa de Niebla (Huelva), Laura Pichardo; y el responsable de la constructora Ecobanka.
A tal efecto, fuentes del caso han indicado que en estas testificales se habría incidido en la idea de que Serrano “participaba de forma directa en reuniones y negociaciones para la firma de contratos y documentos para poner en marcha la empresa (Biowood Niebla) y después trasladar parte de la ayuda pública a fondos de inversión”.
Tras ello, la acusación popular ejercida por el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, estudia solicitar al juez que amplíe el número de delitos investigados y que incorpore a más imputados.
Recordemos que la investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes”, presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets.