Thomas Waitz (Viena, 1973) es agricultor, apicultor, guardabosques y, desde hace cinco años, eurodiputado del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Es también copresidente del Partido Verde Europeo. Llega a Málaga después de visitar los bosques de Lasao, en Euskadi, como parte de su misión parlamentaria para el control de la estrategia forestal de la Unión Europea. Allí ha encontrado montes enteros talados por maquinaria pesada, algo que no había visto en ningún otro lugar. “Necesitamos los bosques como parte de la solución climática”, advierte.
En Málaga, visitará el bosque quemado de Sierra Bermeja. En la capital, pisará los terrenos donde una plataforma propone un bosque urbano y el cauce del Guadalmedina, que los ecologistas aspiran a renaturalizar. La cita es en la pasarela sobre la desembocadura del Río Guadalhorce, un paraje natural de gran valor ornitológico que no oculta una dolorosa realidad: a este río se siguen vertiendo aguas sin depurar, como el propio Waitz ha comprobado un rato antes. Llega aún sorprendido por que esto siga ocurriendo, aquí y ahora.
Usted es apicultor y agricultor orgánico, y conoce otros modos de trabajar la tierra más allá de la agricultura intensiva. El año pasado visitó el Mar Menor y fue muy crítico con lo que encontró. ¿Está España en el camino hacia una agricultura sostenible?
Hasta ahora, mayoritariamente no. Claramente no. Pero no hay una dicotomía entre la agricultura orgánica y la industrial. Hay mucho entre medias. Puedes hacer agricultura convencional con sensibilidad ecológica. En España veo un lado industrial de la agricultura muy intensivo en el uso de pesticidas y de fertilizantes artificiales, con un uso masivo de agua. Vengo del País Vasco, donde hemos investigado sobre el uso de las masas forestales, y lo que he visto allí no lo he visto en ningún otro sitio de Europa. Claros de cientos y cientos de hectáreas, una montaña entera talada con maquinaria pesada. A veces tengo la sensación de que los ciudadanos españoles odian su naturaleza.
El uso del agua es un tema sensible en el sur de España. Hay escasez de recursos hídricos en muchas zonas, algunas de las cuales realizan un uso intensivo del agua para la producción agrícola. ¿Estamos usando el agua que no tenemos?
Con este tipo de agricultura las regiones del sur de España van a afrontar cada vez más problemas, porque debido al cambio climático vamos a tener cada vez más sequías y más fenómenos extremos: la lluvia llega de repente y en poco tiempo y luego tienes un largo periodo sin lluvia, así que la gestión del agua va a ser muy difícil. Yo entiendo que se necesita un uso intensivo del agua para la producción agrícola con este clima. La cuestión es qué se planta, qué sistemas de plantación se usan, si hay cultivos mixtos… Hay formas también de tratar el agua de una forma más sostenible.
La Comisión Europea, el Gobierno, UNESCO, organizaciones ecologistas y científicos se han pronunciado contra la amnistía a los regadíos irregulares en Doñana. Lo mismo han hecho incluso importantes cadenas de supermercados europeas. Sin embargo, la Junta de Andalucía parece decidida a hacerlo, y algunas administraciones locales la apoyan. ¿Le sorprende?
Me recuerda al Mar Menor de Murcia, donde hay un impacto masivo de la agricultura, con un flujo de pesticidas y fertilizantes, y muchos pozos ilegales, que toman agua de manera ilegal. Es el mismo sistema. El gobierno local trata de legalizarlos y reforzar al sector agrícola. Es una pena que tan a menudo existan contradicciones entre las cuestiones ambientales, las vinculadas a la calidad de vida y la agricultura. La intensificación de la agricultura provoca estos conflictos de interés. Pero no tiene por qué ser así. Podemos cultivar de modo que se respeten los límites ambientales y ecosistemas como el Mar Menor. Las técnicas y la experiencia están ahí. Simplemente hay una falta de voluntad hasta ahora para hacer una transición a un modelo agrícola más ecológico y sostenible.
Además de la falta de voluntad política, ¿faltan recursos económicos?
No creo que falten recursos. La financiación de la política agraria común es la que consume más recursos del presupuesto de la Unión Europea, más del 30%. Muchos miles de millones de euros de los contribuyentes europeos se destinan al sector agrícola. Y sí, hay una cuestión importante con la competencia global. Existe una queja del sector: “No podéis imponernos más regulación sin protegernos de las importaciones que nos hacen competencia desleal”. Sé que eso es un problema aquí. Las naranjas están bajo presión por las importaciones desde Sudáfrica. Prohibimos ciertos pesticidas, y es correcto porque afectan a nuestra salud, a la de los niños y tienen un coste social. Pero no tiene sentido si importamos naranjas desde Sudáfrica con exactamente los mismos pesticidas. Los productores se quejan y creo que tienen razón. Tenemos que tomar para las importaciones las mismas medidas que exigimos a nuestros agricultores. Y los agricultores también necesitan entender que hay apoyo de dinero público, de los ciudadanos, que debe usarse de forma que sirva al bien común. El bien común no es envenenar el suelo. Tampoco usar grandes cantidades de pesticidas en la comida que se supone saludable. Muchos agricultores saben que lo más valioso que tenemos es la tierra. Sí, están bajo presión. Y necesitamos reorientar los subsidios de forma que apoyemos a los agricultores para hacer la transición a métodos más ecológicos.
Esta semana, la Comisión Europea ha vuelto a señalar a España por incumplir la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Dice la Comisión que sigue incumpliéndose “a gran escala”. ¿Qué le sugiere el hecho de que un Estado incumpla una norma europea aprobada en 1991, transpuesta al ordenamiento español en 1995 y en vigor desde 1998?
¿Qué puedo decir? Está bien que la Comisión primero intente negociar con los países y que no venga con multas de inmediato. Y si aun así las instituciones no cooperan, que suba una marcha. Al final, agotados todos los mecanismos para tratar solucionar el problema, está el Tribunal de Justicia, que puede imponer una multa. Acabo de pasar por ese río, que trae agua a esta área natural protegida. Y el río apesta a mierda. La realidad es que más de 50.000 ciudadanos del área metropolitana de Málaga vierten aguas residuales al río sin ningún tratamiento. Y esto es algo que rara vez se ve dentro de la Unión Europea. El tratamiento de aguas residuales es uno de los servicios básicos, no solo ecológicos sino también higiénicos, que la comunidad tiene que brindar. Si los niños están nadando en esa agua, si están bebiendo esa agua, puedes tener infecciones masivas. Y también es el impacto en el medio ambiente, que es muy perjudicial. Creo que la Comisión tiene razón al ser dura.
Por la falta de depuración, España ha abonado ya 63 millones de euros en multas, y esta sigue aumentando por, entre otros vertidos, los que se producen a este río. ¿Los mecanismos disuasorios son suficientes?
Pagar millones de euros ya es bastante dinero. Al final hay que pedir a los votantes que consideren si el gobierno regional que tienen es el correcto. No se trata de cumplir con la Comisión o Bruselas: se trata de la salud de los propios ciudadanos. ¿Cómo de estúpido es un gobierno que gasta millones de euros en multas, en lugar de usar el dinero para construir un sistema de tratamiento de aguas residuales?
España tiene 26 expedientes medioambientales abiertos en la UE. Nadie tiene más. ¿A qué cree que se debe?
Al final la Unión Europea es una cooperación de estados. No es que no tengamos una dictadura en Bruselas. Se basa en la cooperación, en el diálogo, en medidas constructivas, apoyándonos unos a otros. Acabamos de decidir sobre el fondo de recuperación de 700.000 millones de euros, la primera vez que todas las naciones de la Unión Europea, también las ricas, están ofreciendo dinero a tipo de interés cero, para financiar la recuperación de COVID. España puede usar este dinero para construir un sistema de tratamiento de aguas residuales. Algo así como 70.000 millones de euros. Lo puede usar para invertir no solo en energías renovables, en la recuperación de la economía en general, sino también en cosas como tratar las aguas residuales.
¿Qué más podemos hacer? Tratamos de obligar al gobierno a cumplir con nuestras reglas comunes: iniciando un procedimiento de infracción, tratando de ser agresivos al final de un largo proceso con incluso multas. Pero no solo se ponen multas. Incluso estamos dando el dinero para resolver el problema. Así que no sé cuál es el problema aquí. Creo que simplemente tenéis el gobierno equivocado.
A tenor del tiempo transcurrido desde que entró en vigor la obligación, parece que el problema trasciende el color del gobierno...
Es una falta de voluntad política.
Usted viene a España con cierta regularidad. ¿Cree que los ciudadanos están menos preocupados por los temas ambientales que en otros países europeos?
Veo que cada vez más ciudadanos comienzan a sentir el impacto real del cambio climático. Y cada vez hay más grupos en pie por sus temas regionales, por sus bosques, por sus aguas, por sus arroyos. La contaminación es un tema más frecuente en el debate político. Desafortunadamente, en España todavía no existe un Partido Verde realmente desarrollado que sea lo suficientemente fuerte como para expresar estas preocupaciones en el discurso político. Pero creo que va camino de mejorar.
En Austria, su país, Los Verdes (que obtuvieron el 14% de los votos) incluso gobiernan en coalición… con el Partido Conservador. En España, el peso electoral de los partidos verdes ha sido testimonial. ¿Por qué?
Son diferentes entornos políticos. España fue una dictadura hasta los años setenta, y eso marca el desarrollo de diferentes opiniones democráticas que luego tienen representación parlamentaria. También creo que España estaba y está muy ensimismada en conflictos internos. Por ejemplo, el tema catalán está ocupando tanto el espacio político que muchos otros temas no se debaten, temas importantes para los ciudadanos que afectan a su calidad de vida diaria, a la educación, el transporte, un buen sistema de salud o la vivienda. Todos estos son temas candentes también aquí en España, pero muy a menudo están encubiertos por las disputas internas. También hay una cierta fragmentación a través de las regiones. Ni siquiera es la independencia, sino fuertes especificidades regionales de las instituciones políticas. Pero al final, si miras a la España de los años setenta y la de hoy, ha habido un desarrollo muy positivo. En lo que respecta al medio ambiente, muchas fábricas realmente contaminantes han cerrado. La contaminación con metales pesados ​​ha disminuido. Hay tendencias positivas y la sociedad en general se está desarrollando de manera positiva, diría yo. Lo que veo es que cada vez más ciudadanos ahora comienzan a preocuparse por los problemas de su vida diaria.
En este momento Verdes Equo participa en unas negociaciones para construir una confluencia electoral andaluza. En las elecciones generales concurrió con Más País. ¿La mejor opción electoral para los Verdes en España pasa hoy por concurrir en coalición con otras fuerzas? ¿Por qué no por su cuenta?
Los partidos verdes que han tenido éxito en la Unión Europea son los que han ido solos. Pero no quiero juzgar desde la perspectiva de Bruselas o Austria si esta es la mejor opción en este momento: no veo que tengan la fuerza de llegar a tener representación solos. Tal vez en los ayuntamientos. Creo que deberían acompañar o sumarse a las iniciativas ciudadanas, a las iniciativas de la sociedad civil, quizás unir fuerzas ahí dentro de la izquierda. Al fin y al cabo, lo importante es que la voz verde se escuche en el discurso político, que haya al menos una, dos, tres o cuatro personas en un municipio o en un parlamento regional. Esa voz sirve para algo así como levantar la tapa de una olla hirviendo.
Se puede llegar a mucho incluso sin el poder de tomar decisiones, al poner de relieve los problemas reales. Esto influye mucho en la toma de decisiones políticas porque también los partidos más grandes y poderosos se dan cuenta y se preocupan. A veces, solo fingen que harán algo. A veces provoca directamente desarrollos positivos para los ciudadanos. Y esto es lo que los votantes quieren ver. Quieren votar por alguien y ver un resultado, algún efecto. Ese efecto lo pueden ofrecer unos pocos miembros elegidos en una coalición. El objetivo estratégico debe ser reunir fuerzas y el apoyo de la ciudadanía para poder ir a las elecciones.
Va a visitar Sierra Bermeja, donde el año pasado un incendio arrasó 10.000 hectáreas y una importante masa forestal de pinsapos, una reliquia autóctona. La zona recibió mucha atención mediática, pero eso pronto se desvaneció. Los alcaldes de la zona denuncian que las demás administraciones ignoran sus problemas. ¿Cómo cambiamos la gestión de los bosques si solo nos acordamos de ellos cuando hay una catástrofe?
Veo que para los ciudadanos españoles se ha vuelto normal ver montañas taladas y maquinaria pesada en el monte. Necesitamos llevar a los niños a los bosques y mostrarles cómo es, cómo funciona, qué ofrece a la sociedad, cuánto da al bien común. También las instituciones y los medios deben ayudar a construir en los ciudadanos la conciencia de los tesoros que todavía tienen, y lo importante que son para el futuro de sus hijos y nietos.
El agua es uno de los principales problemas en esta región. El agua que te proporciona la tierra está directamente relacionada con la calidad de los bosques, especialmente en las montañas. Si la gente se da cuenta de que su futuro y el de sus hijos y nietos depende de tener bosques saludables, que nos proporcionan agua, veremos mucho compromiso de los ciudadanos con los bosques y, a través de esto, también mucha atención pública.