La Comisión Europea vuelve a llevar a España ante el Tribunal de Justicia por el tratamiento deficiente de las aguas residuales. Bruselas considera que, a pesar de los progresos, un centenar de “aglomeraciones urbanas” aún no depuran correctamente el agua después de usarlas.
Tras el primer aviso de 2016 y un ultimátum en febrero de 2020 para que se cumpliera la normativa para la protección ambiental, la Comisión ha decidido denunciar a España. “Debe redoblar sus esfuerzos por garantizar que las aguas residuales recogidas reciban un tratamiento suficiente para alcanzar los niveles pertinentes en la materia”, ha explicado este miércoles. Esto obliga a poner dinero porque “existen aglomeraciones donde deben construirse o mejorarse las infraestructuras”.
La cuestión es que esas aguas utilizadas pueden transportar virus o bacterias que suponen un peligro tanto para la salud de las personas como un riesgo de contaminación para lagos, ríos, suelos y acuíferos. También contienen nutrientes, desechos de la ganadería y la agricultura, “capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida, proceso denominado eutrofización”, describe Bruselas.
El problema de España con el tratamiento de aguas es un quebradero de cabeza recurrente que, además, está suponiendo el pago de un multa periódica. En 2018, los magistrados europeos ya sentenciaron contra España por motivos parecidos. El fallo incluía el pago de una multa de 12 millones de euros más otros 11 millones extra cada semestre que permaneciera el problema. El dinero por pagar disminuye a medida que se van solventando los incumplimientos.
Además, en diciembre pasado, la Comisión denunció a España ante el tribunal por la contaminación de aguas derivada de los residuos de la agricultura y la ganadería. En esta caso se apuntaba a una “deficiente” respuesta ante el vertido de nitratos al medio que acaban tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas. Ese nitrato proviene del estiércol de la ganadería, sobre todo porcina intensiva, y de los regadíos por sus fertilizantes. Bruselas afeaba que se habían dado toques de atención “durante tres años”.