ANÁLISIS
Las tractoradas de los agricultores andaluces, que el martes consiguieron el bloqueo del puerto de Málaga, y durante el resto de la semana están provocando el corte diario de varias carreteras troncales, no han tardado en activar a los partidos políticos. Todos saben que las protestas están cargadas con dinamita ideológica y, por tanto, de que se pueden capitalizar o tener un efecto abrasivo en función de cómo se usen.
Este miércoles, el grupo parlamentario popular sorprendió a la oposición presentándoles una declaración institucional de apoyo a los agricultores y ganaderos. Los socialistas la calificaron de “loa” al presidente andaluz, y casi de inmediato, replicó Vox con una declaración parecida. La sincronía subraya la disputa entre la derecha y la ultraderecha por ganarse al menos la indulgencia de los agricultores.
El duelo entre Vox y PP subió de tono el jueves en el Parlamento, cuando adquirió categoría de refriega verbal. La ultraderecha acusó al PP de “suscribir la agenda verde de Europa” (en referencia al Pacto Verde Europeo, un conjunto de iniciativas para facilitar la transición a la neutralidad de carbono en 2050), consciente de que las miradas del campo se dirigen a Bruselas y a las políticas ambientales, y de que el PP juega con una mano atada a su perfil institucional.
Forzado, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, hizo equilibrios. “Hay partes de la agenda verde europea que se tienen que flexibilizar”, concedió por un lado, antes de dar la estocada por el otro: “Con su discurso oportunista Vox no sintonizó con el campo andaluz” en las municipales, en las que el PP arrasó en las zonas rurales.
Como en el resto del país, el Gobierno andaluz navega entre dos aguas: la institucional y reformista (proponiendo al Gobierno central un frente común para exigir mejoras en Europa), y la disruptiva, en la que compite por ganarse el favor de los agricultores. El martes, Moreno ya había marcado el paso, yendo más allá del mero “respeto” al derecho de manifestación con el que suelen ventilarse estas cuestiones. El presidente de la Junta de Andalucía se puso del lado de quienes protestan articulando, por escrito, un apoyo expreso. El miércoles fue Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, quien prosiguió la senda, deslizando de paso un mensaje contra la izquierda y el ecologismo: “Se ha instalado un falso progresismo que demoniza al campo, que es el que le da de comer a Europa”. Y el jueves, todas las intervenciones de los diputados de PP y Vox comenzaron invariablemente con un mensaje de apoyo a los agricultores y sus propuestas. Parecía una batalla por ver quién les muestra más afecto público.
Para el PSOE, son maniobras para sacar rédito del malestar en el campo en un contexto de pugna demoscópica entre PP y Vox, especialmente desde que las últimas elecciones andaluzas constataron el fin de la preponderancia absoluta que hasta ahora tenían los socialistas en la mayor parte de las zonas rurales de Andalucía. “Los problemas de los ganaderos y agricultores les importan un pimiento. Están peleándose entre ellos para ver quién instrumentaliza las protestas”, denunció este miércoles Ángeles Férriz, portavoz socialista.
Por su parte, Inmaculada Nieto (Por Andalucía) recordó que la vigilancia de la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria para que los agricultores no vendan por debajo de coste corresponde a la Junta de Andalucía, a la que reclamó más acción y menos golpes de pecho.
El apoyo público y sin matices a las protestas es material inflamable. No sólo porque desdibuje el perfil moderado que se ha construido el presidente andaluz, sino porque existe un peligro latente: que se salgan de madre y dejen con el pie cambiado a quienes se retrataron de su brazo. Este miércoles por la noche hubo cargas policiales en Antequera (Málaga), donde ardió un camión. En Granada se produjeron seis detenciones y uno de ellos pasará a disposición judicial, acusado de un delito contra agentes de la autoridad. En toda Andalucía, las subdelegaciones del Gobierno han registrado unas 1.600 sanciones.
Moreno advirtió el peligro ya el jueves. Reiteró en el Parlamento su apoyo a las reivindicaciones “sensatas y justas” de los agricultores y ganaderos, pero no “evidentemente, protestas que sean violentas o que no estén en los foros acordados”. “Lo que hay que evitar es que una minoría reviente un movimiento, en este caso de agricultores y ganaderos, que lo están pasando francamente mal el conjunto de Europa, de España y Andalucía y que necesitan de decisiones rápidas, certeras y determinantes”, añadió.
La declaración institucional que propuso el miércoles el PP nunca tuvo posibilidad alguna de prosperar (de hecho, fue ignorada por el resto de grupos), lo que cuestiona su verdadera intencionalidad. El texto, que empieza subrayando la importancia del sector en la región (13% del PIB y 10% del mercado laboral) defiende la acción del Gobierno andaluz, a quien se atribuye el mérito de articular mecanismos de auxilio y ayudas para afrontar la pandemia, los incrementos de costes derivados de la guerra de Ucrania o la sequía.
La declaración, titulada “de apoyo a los agricultores y ganaderos andaluces y en defensa de mejoras en el mundo rural”, contiene afirmaciones que difícilmente podrían ser suscritas por la oposición de izquierdas, como el cuestionamiento genérico de la política agraria europea o de las políticas medioambientales.
En este sentido, llama la atención la andanada a Europa. Más allá de la reclamación de más financiación (una petición sin coste político), la declaración del PP proponía alinear al Parlamento andaluz con posiciones cercanas al euroescepticismo, al apuntar a “unas políticas erráticas” de la Unión Europea “que no hacen sino lastrar la sostenibilidad” del sector.
También apunta contra las políticas medioambientales, supuestamente contradictorias con los intereses de los agricultores. De ahí, que solicite medidas que “permitan un mejor equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la rentabilidad” de las explotaciones agrarias y ganaderas.
Por último, se exige una actualización de los acuerdos con terceros países para garantizar la igualdad de condiciones.
Las tres causas (políticas europeas, política ambiental y competencia desleal) están en el corazón de la protesta, y, según cómo se articulen, pueden suponer una carga de profundidad ideológica que emparente las reclamaciones con tesis abanderadas por la extrema derecha, al vincular las normas que vienen de Bruselas a intereses espurios de terceros países (singularmente, Marruecos) o a la Agenda 2030, y los criterios de sostenibilidad a los caprichos de una banda de burócratas sin conexión con el campo.
Para el Gobierno central, son material sensible. De ahí que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se apresurara en las primeras horas de las protestas a mostrar “respeto” al derecho a la manifestación y ofreciese diálogo. El PSOE andaluz, que nada entre su apoyo al Gobierno central y su labor de oposición en Andalucía, bajó a lo concreto, recordando que la Junta de Andalucía puede, en ejercicio de sus competencias en materia hídrica, hacer más de lo que hace por los agricultores. Una línea que siguió Nieto, al apuntar a la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Hay una fina línea que separa el apoyo a algunas o muchas de las reivindicaciones de los agricultores para mejorar los mecanismos de fijación de precios, la normativa comunitaria, la PAC o los mecanismos de salvaguarda de los acuerdos bilaterales, del euroescepticismo o el negacionismo. Y esa es la línea a la que apuntó Férriz. “Creo que a veces el PP no sabe dónde está. ¿Qué son ahora, euroescépticos? ¿Negacionistas climáticos? Van a tal extremo que se parecen mucho a la extrema derecha europea”.
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