Los bulos medioambientales (y no solo) que se están infiltrando en las protestas agrarias

Raúl Rejón

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Las protestas de los agricultores están creciendo como una marea. Desde las manifestaciones en Francia se han extendido por Europa y han llegado a España con múltiples tractoradas cortando carreteras esta semana en una docena de comunidades autónomas. Las acciones de este martes y miércoles no estaban convocadas por organizaciones agrarias como UPA o COAG. Tampoco por la patronal Asaja. La organización al frente se conoce como Plataforma 6F.

Entre sus reivindicaciones y las que han aireado algunas de sus caras visibles –junto a otras voces que han copado la atención que suscitaban las protestas– se están colando diversos bulos relacionados con el campo que ya pululaban desde hace tiempo y que, al calor de las manifestaciones, encuentran nuevos ecos.

El espantajo del lobo

Ha resonado este miércoles una vez más en el Congreso de los Diputados desde la bancada de Vox. “Vale más un lobo que una vaca”. Y sale en las medidas que piden las manifestaciones de este martes y miércoles: eliminar al lobo del listado de especies protegidas en España. ¿Por qué? Porque así podría cazarse, con la idea de que si pueden matarse lobos no habrá ataques al ganado.

En realidad, la estrategia actual de gestión del lobo ya permite lo que llaman “control”, que es poder abatir un lobo considerado problemático si no hay otra solución. Lo que ocurre es que hay que justificarlo. De hecho, la matanza de ejemplares es inefectiva e incluso contraproducente para reducir los ataques, según un estudio de 2018 elaborado a petición del Parlamento Europeo. “La literatura científica ha demostrado que la gestión letal [eliminación y caza] tiene poco efecto, o efectos contrarios, al resultado deseado: mitigar la depredación”, concluía el trabajo.

Destrucción de presas en plena sequía

En la batería de exigencias de 6F aparece un “plan hidrológico nacional” para que “no se destruyan ni presas, ni azudes, modificando o derogando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos”. En algunos canales de comunicación usados para coordinar las protestas de los agricultores se ha difundido una guía para actuar “en caso de denuncia policial” que remite como ayuda a la abogada Pilar Esquinas. Esquinas ha sido incansable a la hora de difundir la idea de que hay una estrategia oculta en la desaparición de presas y azudes (obsoletos, peligrosos y en desuso).

La realidad es que la eliminación de barreras en los ríos es una medida para corregir “los efectos muy negativos que producen las obras transversales sobre las especies piscícolas y los desequilibrios del régimen y transporte sedimentario”, como recoge la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (de ahí la necesidad de derogarla que pide esta plataforma). Más de la mitad de los ríos en España están en mal estado. De hecho, la mayoría de las barreras que se han quitado no tenían ninguna función para el abastecimiento de la población o los regantes y, mientras, España es el país de Europa con más grandes presas en sus cursos.

La idea de tener más y más embalses (aunque luego no les llegue agua) responde al concepto aireado por el PP y Vox de que dejar que los ríos desemboquen en el mar es un “desperdicio”. Un concepto agitado en esta actual coyuntura por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y varios diputados de ultraderecha en el Congreso.

Fumigación (de personas)

En la presentación de 6F ha sonado el nombre de Lola Guzmán. Más allá de sus vinculaciones políticas pasadas con Vox, a Guzmán se le ha podido ver en vídeos difundidos en redes sociales alimentando el bulo de que las estelas de aviones en el cielo (generadas por la expulsión de vapor de agua y gases de las turbinas) son una fumigación letal. “Eso no son nubes. Eso es el veneno que nos han soltado esta noche. Estamos enfermando las personas porque según estas élites aquí sobramos la mitad”, asegura.

“Nuestras ensaladas están en manos de Mohamed VI”

Otra de la ideas que se está agigantando es la de que se está produciendo una invasión de productos agrícolas generados fuera de España. Una de las voces que suenan estos días es la de Natalia Corbalán en representación de una organización que se llama SOS Rural –también es la CEO de la Fundación Ingenio, el mayor lobby agrario de la Región de Murcia–. Corbalán ha dicho que “nuestras ensaladas están en manos de Mohamed VI”, en referencia a las importaciones de hortalizas desde Marruecos.

La realidad es que “España es el segundo exportador de frutas y hortalizas de la UE y cuarto mundial”, según los informes del Ministerio de Agricultura. Se exporta en torno al 50% de la producción y en algunas hortalizas de invernadero como la lechuga, o fruta como el limón se llega al 70%. Los datos de la campaña son: en 2022, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron 13,2 millones de toneladas por valor de 18.616 millones de euros. Las importaciones fueron de 4,78 millones de toneladas y 5.855 millones. Se vendió algo menos fuera que en 2021 porque se produjo menos derivado en parte de la sequía.

Eso dejó, por un lado, un saldo positivo de 12.700 millones de euros (un 2% menos que el año anterior) y por otro, un volumen enorme de productos para ensalada cultivados en España que no alimentaron las mesas españolas sino que se vendieron fuera.

La Agenda 2030 y las políticas ambientales

Estos días ha pululado por las cámaras un agricultor presentado como Víctor Viciedo que asegura que el sector padece “políticas radicales desde el punto de vista medioambiental”. Ese anatema cristaliza en la Agenda 2030.

Lo cierto es que la Agenda 2030 pide “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores”. También incluye que haya “acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas”.

No para ahí la Agenda 2030 en cuanto al mundo rural. Pide también “aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola”. Y “corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales”.

Lo que aparece en la batería de reivindicaciones de estos días es eliminar las regulaciones sobre el uso de fertilizantes, de pesticidas o la ley de cambio climático. La Comisión Europea ha cedido en cierta manera al retirar su propuesta de reducción de fitosanitarios y eliminar la mención al sector agrícola en los objetivos de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero.