El Gobierno de España va a asignar desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática 100.000 euros de fondos estatales para desatascar los análisis genéticos en la Universidad de Granada, una cuestión denunciada por el Defensor del Pueblo Andaluz. Es de recordar que la Junta y la UGR prorrogaron el pasado otoño el convenio para identificar a víctimas del franquismo de espaldas a las asociaciones de memoria histórica, que vienen denunciando la ralentización del proceso, principalmente cuando más muestras hay pendientes, fundamentalmente procedentes de la fosa de Pico Reja en Sevilla, de la que se han rescatado en los últimos meses 1.786 cuerpos de represaliados.
La partida específica se corresponde con la distribución de fondos para este año aprobada en el último Consejo Territorial de Memora Democrática, el primero que se celebra desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, informan fuentes del Ministerio de Presidencia. Desde el departamento dirigido por Félix Bolaños destacan que en Andalucía se han llevado en los últimos cuatro años a cabo “unas 150 actuaciones” y se han movilizando “casi 4,5 millones de euros” mediante transferencias a la Junta de Andalucía (1,4 millones) y a entidades locales (3,2 millones) con las que se han localizado y/o exhumado hasta la fecha 3.200 cuerpos.
La Junta presumía en el Parlamento autonómico, antes del periodo estival, de que en los dos últimos años se han hecho 1.081 exhumaciones y 1.387 reconocimientos de ADN. La mayor parte de ese tipo de actuaciones provienen de Pico Reja, en virtud del acuerdo a cuatro bandas (Ayuntamiento, Diputación de Sevilla, Junta y Estado) y con financiación comprometida desde 2019, aunque también de otras localizaciones. “En el primer trimestre de este año se han realizado 681 análisis de ADN”, presumió el consejero de Cultura con base al mencionado convenio con la UGR. Ese acuerdo está prorrogado hasta este próximo septiembre, con posibilidad de volver a ampliar su vigencia.
Para el consejero Arturo Bernal, en los dos últimos años del anterior Gobierno del PSOE en la Junta se realizaron 195 exhumaciones y 413 reconocimientos de ADN frente a las citadas 1.081 exhumaciones y 1.387 identificaciones. “Aunque las exhumaciones han crecido exponencialmente por el impulso del Gobierno de España, tardaron meses en prorrogarlo y no lo han dotado suficientemente. El atasco es monumental”, apuntan desde el Ministerio. En esa línea, el diputado del PSOE Rafael Recio le reprochó al consejero que el PP “amenaza” con la derogación de leyes como la de memoria histórica, “dilatan actuaciones para nuevas exhumaciones” en fosas comunes y “dejan exhumaciones sin finalizar” por las pruebas de ADN.
Desde el Ministerio de Presidencia se apunta también que, “siguiendo el modelo Pico Reja” de cofinanciación, el Gobierno de España “para el inicio de los trabajos ya ha consignado o transferido 400.000 euros al Ayuntamiento de Córdoba y 375.000 euros para cada uno a los ayuntamientos de Huelva y de Jaén para la exhumación de grandes fosas en sus respectivos cementerios municipales”. También comentan que “mediante subvenciones al Ayuntamiento de Nerva se ha exhumado la mayor fosa de España en el ámbito rural, con 266 cuerpos”.
Durante el año 2022, la exhumaciones y estudios antropológicos financiados por la Consejería de Cultura se han centrado en la citada fosa de Pico Reja pero también en Alcalá de Guadaíra Osuna y Carmona, en la provincia de Sevilla; Barranco de Víznar, Galera y Ugíjar, en Granada; y Alcalá del Valle, en Cádiz. Todo con una inversión aproximada de 200.000 euros. Las actuaciones en Osuna y Víznar “se han desarrollado al amparo de los convenios de colaboración firmados con las Universidades de Sevilla y Granada con fondos provenientes de la transferencia realizada por el Ministerio de la Presidencia”, reconoce la Junta en un balance reciente.
“Lo único que hace la Junta es autorizar actuaciones, mientras los plazos se van dilatando hasta casi comprometer la financiación”, apuntan fuentes de las asociaciones de familiares, que aseguran que en identificaciones “se ha recortado el presupuesto cuando más cuerpos hay recuperados”. En ese sentido, durante 2022 la Junta ha autorizado la indagación-localización y delimitación de las fosas de los municipios de Algeciras, Medina Sidonia, Ubrique, Alameda, Antequera, Jaén y Almargen, por un lado, y la indagación-localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética en Palma del Río, Ugíjar, Bonares, El Campillo, San Bartolomé de la Torre, Lora del Río, Osuna, El Saucejo, Belalcázar, Dúrcal y Moraleda de Zafayona, por otro.
Entre las actuaciones a desarrollar en 2023, con cargo a la Conferencia Sectorial del año anterior sufragado por el Ministerio de Presidencia con 469.201 euros, se preveía el inicio de los trabajos de exhumación de las fosas del paraje de El Caracolar, en el término municipal de Alfacar de la provincia de Granada, y la fosa 702 del cementerio de San Eufrasio de Jaén, así como los de indagación y localización de las fosas de Ardales, en la provincia de Málaga, y El Puerto de Santa María y Chipiona en la provincia de Cádiz.
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