El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictado ya más de 400 resoluciones, referidas tanto a reclamaciones del derecho de acceso a la información pública como a denuncias de publicidad activa. Sus resoluciones están creando un cuerpo de doctrina en la materia, que reflejan la necesidad de mejorar las formas de gestionar lo público, de rendir cuentas al ciudadano. Todo ello en aplicación de la normativa de transparencia pública.

Una de las resoluciones, por ejemplo, que ha cambiado el tablero de juego para las entidades locales es la relativa a la exigencia de facilitar el acceso a los plenos a los ciudadanos, bien transmitiendo la sesión en directo, bien subiendo el archivo audiovisual posteriormente al portal. Pero, además, si para el ayuntamiento afectado es imposible llevar a cabo cualquiera de las dos opciones anteriores, los asistentes podrán grabar la sesión con sus propios medios, ya sean móviles, grabadoras o cualquier otro dispositivo.

Es cierto que existía jurisprudencia al respecto pero ninguna ley recogía esta obligación de forma textual, de forma que la legislación en transparencia dota al ciudadano de un derecho de libertad que antes no ostentaba, lo convierte en protagonista y partícipe de la vida pública. Lo señala de manera muy explícita la norma andaluza, no dejando dudas de este derecho ciudadano.