El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra varios apartados de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en la que es la segunda impugnación que presenta contra la norma. El alto tribunal dará traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno de España, a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo de los citados asuntos, que el alto tribunal resolverá “en próximas fechas”.
La Junta de Andalucía presentó el recurso porque entiende que la ley perjudica el desarrollo de las energías renovables y vulnera las competencias autonómicas en lo relativo al autoconsumo. Igualmente, alega que pone en riesgo este elemento clave de la política de fomento de las energías renovables y limita las posibilidades de un sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.
En concreto, el recurso que ahora se ha admitido a trámite es el segundo presentado por Andalucía y afecta a los artículos 9, 64.43 y 65.35, así como a una disposición, cuyas determinaciones se traducirán en una reducción de la rentabilidad de las instalaciones de autoconsumo hasta hacerlas “prácticamente inviables”, según considera el Gobierno de Andalucía. De hecho, destaca que en ninguna regulación internacional sobre esta materia existe una tasa parecida, “que cambia las reglas del juego, lastra el desarrollo de las energías renovables y contribuye a agravar el continuo encarecimiento del precio de la electricidad, con el consiguiente perjuicio para las economías domésticas y empresariales”.