IU está empeñada en que se tendrá que recurrir a la creación de nuevos impuestos. Se agarra al pacto que firmó con los socialistas. Y estos, por su parte, están convencidos de que no es una cuestión que se vaya a debatir por el momento. Lo cierto es que con la cuestión de los impuestos ha saltado una costura en la hilada alianza entre las dos fuerzas políticas de Gobierno. De momento, todo queda en declaraciones.
¿Qué dijo Susana Díaz en su discurso de investidura? “La intención del nuevo Gobierno de Andalucía es no elevar la presión fiscal, pero sí efectuar las modificaciones oportunas en el sistema tributario al objeto de hacerlo más eficiente y equitativo, incrementando en todo caso la progresividad del mismo”.
“Lean el Acuerdo por Andalucía: ahí es donde se habla de si debe haber más impuestos o no. Y eso obliga al PSOE-A y a IU”, proclama por su parte el portavoz de la coalición de izquierdas en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, convencido de que dicho pacto exige estas nuevas figuras para las empresas, no para la ciudadanía, “que ya está machacada”.
¿Y que dice el pacto? “En la difícil situación económica actual son necesarias reformas en el ámbito fiscal, para no tener que dar ni un paso atrás en nuestro compromiso por la justicia y la igualdad de oportunidades”.
El pacto ya avanza algunas modificaciones en la materia, como la reforma de los impuestos sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones; la búsqueda de una mayor equidad en el impuesto sobre sociedades; la Ley de Fiscalidad Ecológica -que junto al de grandes superficies es uno de los dos tributos nuevos que exige IU- e incluso la Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, de la que precisamente se acaba de aprobar el anteproyecto.
Desde este punto, lo que se dice no está escrito. IU ya tuvo que renunciar el año pasado a incluir su impuesto de las grandes superficies para que estuviera en vigor con el presupuesto del presente ejercicio y aumentar así los ingresos de la Junta de Andalucía. No quiere que ocurra lo mismo con las cuentas de 2014. Sin embargo, el margen que queda es mínimo porque estramos en el último trimestre del año. Los socialistas intentarán contener a sus socios hasta la primavera de 2014, cuando ya se tendrá el dictamen -tiene que estar en febrero- del comité de expertos al que el Gobierno de la Nación ha encargado una propuesta de reforma del sistema tributario de España.
Lo decía este martes la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tras la aprobación precisamente del nuevo anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal: “La Junta de Andalucía va a mantener una posición de cara a la revisión de la cesta de impuestos que se producirá el próximo año, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Será en ese marco, según ha insistido, donde las comunidades autónomas se pronunciarán en relación a la reforma del sistema fiscal del país, que en todo caso no entraría en vigor hasta 2015.
“Nosotros vamos a estar ahí con una posición, al igual que el resto de comunidades autónomas, en relación a cómo se tiene que comportar el conjunto de impuestos en España y no sólo en Andalucía”. Por eso, sí se ha atrevido a concretar: “No va a haber impuesto de grandes superficies en 2014”. Pero esto no quiere decir que no se vaya a debatir e incluso iniciar su tramitación legal ese año para que esté en vigor en 2015.
¿Qué dice el consejero de Turismo y Comercio, que no solo es de IU, sino que le compete un área que se vería afectada por este gravamen? Rafael Rodríguez asegura que está “en fase de negociación” entre los dos partidos. Es más, prefiere no hablar mucho del tema: “Una vía puede ser la que se discute en este momento, que yo espero que se siga discutiendo. Mientras más se hable públicamente de la figura en particular, menos camino se avanza en la negociación”.
“Vamos a analizar con sentido común todas las propuestas que se pongan encima de la mesa, pero desde el no aumento de la presión fiscal y en el intento de que esa línea roja de prestación de los servicios públicos no se vea más afectada de lo que ya lo está”, ha terciado el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien no ve “nada insalvable” entre las dos posturas. Para apostillar: “Ha quedado claramente delimitado que no va a haber impuestos nuevos, sino que podrán verse los que están ahora y dentro de las posibilidades competenciales que tiene la comunidad autónoma, ver hasta dónde podemos llegar”.
Cuestión de progresividad
En lo que sí coinciden claramente las dos formaciones es en la necesidad de seguir avanzando en la progresividad: es decir, que el reparto de las cargas fiscales tenga menor incidencia en las rentas más bajas y sean los más ricos los que más paguen. Es a eso a lo que se ciñe, más comedido, el vicepresidente Diego Valderas, también de IU, para evitar que se hable de tensión con los socialistas. Sostiene así que Susana Díaz ha dicho que su intención no es impulsar una mayor presión fiscal, pero que sí estaba dispuesta a hablar, “desde la fiscalidad, de justicia social, de progresividad y de incluso nuevos elementos y las figuras que se vieran”.
En esta línea, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, recalca que no se está planteando “un debate de impuestos sí o no”, sino de introducir “tasas vinculadas al desarrollo económico de nuestra tierra, de transferencia de plusvalías de los que más tienen en favor de los que más lo necesitan”.
Mientras, el PP-A asiste al que ha llamado “espectáculo”. La parlamentaria Alicia Martínez ha recordado que IU ya amagó con romper el pacto durante la negociación de las cuentas del presente ejercicio, pero al final, “nada de nada”. Es, además, contraria a este impuesto de nuevas supeficies, porque según ella, repercutiría en los consumidores.