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UGT Andalucía recurrirá la sentencia contra su exlíder al obligarle a afrontar una indemnización de 41 millones

Francisco Fernández declara durante el juicio celebrado en Sevilla.

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Sevilla —

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El sindicato UGT en Andalucía ya está estudiando el recursos de casación, que se presentará ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que lo incluye como responsable civil subsidiario de la indemnización de 40,6 millones de euros.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a los principales miembros de la antigua cúpula de UGT-A a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas. También establece que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 40,6 millones de euros, atribuyendo al propio sindicato la responsabilidad civil subsidiaria de dicho importe.

En un comunicado, el sindicato ha manifestado que respeta la sentencia de la Audiencia de Sevilla, aunque no comparte sus argumentos y conclusiones, y presentará el recurso antes del próximo miércoles 4 de diciembre. Asimismo, ha apuntado que “el sindicato no ha sido condenado por ningún delito, sino que es declarado en sentencia exclusivamente como responsable civil subsidiario”. Además, añade que con respecto a los antiguos dirigentes del sindicato que han sido condenados, “a nivel particular”, consideran que “serán sus abogados quienes deberán determinar la presentación de los correspondientes recursos”.

“Financiar actividades del sindicato”

La sentencia condena al ex vicesecretario de Organización de UGT-A y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas. La Audiencia considera que destinó “de forma consciente y fraudulenta” más de 40,6 millones de euros de ayudas de la Junta para cursos de formación a “financiar actividades propias del sindicato ajenas al fin social” de las subvenciones.

El tribunal impone la misma pena por los mismos delitos al que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y el consejero delegado de la entidad satélite del sindicato Soralpe I Mas P Asociados SL, Enrique Goicoechea.

La ex responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez resulta condenada como cómplice de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con fraude de subvenciones, con la atenuante de dilaciones indebidas, a seis meses y dos días de prisión y a una multa de 25 millones de euros; mientras resultan absueltos el resto de acusados, empresarios otrora proveedores de UGT-A.

La sentencia condena a Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea a que indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con el 99% de la cuantía de 40.620.256 euros; y a Dolores Sánchez al pago del 1% de dicha cantidad, cuota correspondiente como cómplice. Asimismo, y subsidiariamente con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707 euros, declarando al sindicato UGT-A como responsable civil subsidiario por el total importe de 40.620.256,43 euros a UGT-A.

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