El exlíder de UGT Andalucía niega fraude en las subvenciones y apunta a la Junta por la gestión de los cursos de formación

La Junta de Andalucía “felicitaba” a UGT por la realización de “todos” los cursos de formación que celebró el sindicato, según ha argumentado ante el tribunal el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla durante su interrogatorio como acusado en el juicio que contra él y otros cuatro antiguos responsables del sindicato por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil entre 2009 y 2013. El exlíder sindical, a quien la Fiscalía le pide siete años de cárcel, ha hablado de “desajustes contables” a la hora de justificar las subvenciones públicas traídas a juicio, por valor de más de 40 millones de euros, señalando que la Junta, entonces gobernada por el PSOE, exigía presentar la fractura por adelantado“ y, al no disponer de ese dinero, la organización sindical ”tuvo que endeudarse y abrir expedientes de regulación de empleo“.

Esos han sido algunos de los argumentos expuestos por Fernández Sevilla ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que este lunes ha comenzado una nueva fase la vista oral que arrancó en enero. Fernández Sevilla no solo ha alegado que UGT contaba con la aprobación de la administración andaluza en torno a la justificación de las subvenciones sino que todo forma parte de una “trama montada por la prensa” a raíz de información facilitada por una persona que trabajó para la organización, en concreto al departamento de cuentas, y que fue condenado en firme el año pasado por delito de descubrimiento y revelación de secretos

Fernández Sevilla, quien ostentó los cargos de exvicesecretario general de organización entre 2005 y 2009, y ex secretario general de mayo a noviembre de 2013, solo ha accedido a declarar este lunes ante su letrada y ante el tribunal, rehusando contestar las cuestiones del Ministerio Fiscal, del resto de acusaciones y de los abogados de los otros acusados, que son el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, así como el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea, y otras diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Cantidades “infladas”

Fernández Sevilla ha sostenido que jamás escuchó hablar del “bote” de facturas simuladas al que aludió el referido extrabajador, Roberto Macías, quien testificó en febrero en este mismo juicio que el sindicato había orquestado un sistema de “facturas falsas” con las ayudas públicas. Así, el exlíder de UGT-A ha dicho que los excedentes formaban parte de “cuentas de base” destinadas al funcionamiento del día a día de las empresas que proveían al sindicato.

También ha declarado que, como secretario general, no participaba en la supervisión contable de la administración sino que se “limitaba” a firmar los documentos elaborados y supervisados por los departamentos responsables. Asimismo ha defendido que las cantidades presentadas por UGT-A en la solicitud de subvenciones se veían “infladas” al no incluirse los descuentos correspondientes al rapel aplicado por las empresas, esto es, los descuentos que los proveedores por facturación o volumen de compra le hacían al sindicato. A ese respecto, Federico Fresneda, que ha declarado a continuación de Fernández Sevilla, ha explicado que era imposible aplicar ese rapel en el momento de solicitud la subvención ya que se realizaban a posteriori

Ante la cuestión de si los cursos se realizaron o no, Fernández Sevilla ha subrayado que la propia Junta de Andalucía, responsable de llevar a cabo un servicio de inspección de los cursos de formación cualquier día y a cualquier hora, “felicitó a la organización en varias ocasiones por la gestión de los mismos”.