UGT ha procedido “en los últimos días” a pagar unos 25.500 euros correspondientes a facturas que fueron cargadas irregularmente a la Junta de Andalucía. Lo ha confirmado este jueves en la sesión de control del Parlamento de Andalucía la presidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz, quien ha asegurado que no parará “hasta que se devuelva el último euro”, en este caso y en el de los ERE, por los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, ambas causas en manos de la jueza Mercedes Alaya.
Esta cantidad corresponde, por un lado, a 12.716 euros por una cena y fiesta para 150 personas durante la Feria de Abril de 2010, con cargo a una subvención concedida a UGT para gastos de “manutención y alojamiento' de miembros del sindicato implicados en negociaciones colectivas”. Y por otro, a 11.499 euros destinados a la adecuación del pabellón de San Pablo de Sevilla para la celebración de la asamblea regional de delegados sindicales de 2011 con cargo a los fondos destinados a la defensa legal de trabajadoras discriminadas laboralmente por razón de sexo, algo que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ofrece gratuitamente.
Este reintegro confirmado por la presidenta se correspondería a una cuestión puramente administrativa, dado que todavía no se ha completado el proceso de investigación que abrió la Junta de Andalucía para detectar cualquier irregularidad en este tipo de facturas y que podrían arrojar una cantidad a devolver considerablemente mayor. Desde el sindicato, que aseguró que cuenta con una reserva de 115.000 euros para reintegrar lo que denomina “errores de facturación”, no han querido valorar la información hecha pública por la presidenta.
Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha manifestado que el Gobierno de Andalucía decidirá si se persona en la causa, una vez que revisen “íntegramente” las facturas aportadas por el sindicato. En respuesta a una pregunta oral formulada en el pleno por el PP-A, el consejero ha recalcado, que de acuerdo con el gabinete jurídico, se determinará si se pone en marcha un procedimiento de revisión de oficio, el posterior proceso de reintegro y la conveniencia de personarse en la causa.