El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles por unanimidad la tramitación de la Ley del Voluntariado de Andalucía remitido por el Consejo de Gobierno el pasado mes de mayo.
Durante sus intervenciones, los cinco grupos han marcado posiciones respecto a este proyecto de ley, donde han coincidido en la necesidad de que se renueve una norma que tiene más de tres lustros de historia, con el objetivo de potenciar a un colectivo que cumple una función tan importante, pero insistiendo en que los voluntarios “nunca pueden sustituir puestos de trabajo” ni tampoco la función de las administraciones y sus obligaciones.
Entre otras novedades, el proyecto de ley, que en su tramitación parlamentaria experimentará los correspondientes cambios, contempla el voluntariado para menores desde los 12 años, con la autorización expresa de sus progenitores y siempre que no perjudique su desarrollo, formación y escolarización. También reconocerá modalidades no presenciales vinculadas a las nuevas tecnologías.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha defendido que la futura ley, que sustituirá a la vigente desde 2001, se adaptará a la realidad actual del movimiento voluntario, “que con más de 450.000 personas y alrededor de 3.000 asociaciones inscritas se ha convertido en un sector clave para la cohesión social de la comunidad autónoma”.
El proyecto de ley ha contado con la participación de 238 colectivos y reconoce un total de 12 modalidades de voluntariado, desde las centradas en lo asistencial hasta las que desarrollan propuestas más transformadoras de incidencia económica, política, deportiva, cultural o las relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación.
IU ha puesto el foco en que hay que velar por que no se use para sustituir la obligación de las administraciones de “ofrecer unas servicios públicos de calidad”, igual que ha recelado de la parte dedicada a reconocer el voluntariado de las empresas. En esto ha coincidido con Podemos, que se ha mostrado más cercano al voluntariado de la “ocupación” por ejemplo para luchar contra desahucios que a otras fórmulas. C's, por su parte, ha salido en defensa del papel de las empresas con su compromiso social, en lo que ha coincidido con el PP, grupo que ha recordado que ya se hizo una actualización del marco legislativo por parte del Gobierno de España.