Doñana se ha convertido, por sorpresa, en una trinchera política más en vísperas de las elecciones andaluzas de este año, aún por convocar. PP, Ciudadanos y Vox han registrado en el Parlamento andaluz dos proposiciones de ley para regularizar 1.400 hectáreas en la corona norte del Parque Natural, donde un puñado de agricultores lleva años esquilmando las aguas subterráneas del acuífero de forma ilegal (con el consentimiento implícito de las autoridades).
La propuesta cuenta con el beneplácito a priori del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, sostenido por los mismos partidos que presentan la iniciativa. Aunque el Consejo de Gobierno aún no ha emitido un informe favorable -no es seguro que lo vaya a solicitar, porque ni es obligatorio ni es vinculante-, el propio presidente ya se manifestó el lunes a favor: “No vamos a intervenir en el corazón del Parque, los regadíos están a 30 kilómetros”, dijo, tras defender que un Parque Natural no puede suponer un freno al crecimiento económico de los municipios y empresas del entorno. “Un Parque Natural no es muro de hormigón al que nos asomemos”, sentenció.
La iniciativa de PP, Cs y Vox ha agitado el debate público y amenaza con convertirse en uno de los grandes temas de la campaña electoral. La reacción contraria más contundente la ha firmado el grupo Unidas Podemos por Andalucía, que este martes ha registrado en el Parlamento Europeo un escrito de alerta contra el plan de Moreno de amnistiar los regadíos de frutos rojos en el entorno de Doñana, solicitando a la Comisión Europea que se posicione al respecto del proyecto de “ampliar la superficie de regadío de Doñana y regular la extracción ilegal de agua en el Parque Natural”. El escrito busca frenar el proyecto antes incluso de que nazca, puesto que ni siquiera ha sido aún refrendado por el Parlamento (llegará en febrero).
El frente jurídico y político que Unidas Podemos acaba de abrir en Bruselas no solo impacta contra el Gobierno de PP y Ciudadanos, también pone en un brete la posición tibia del PSOE andaluz. Los socialistas han gobernado 37 años en Andalucía y son los autores del Plan de la Fresa, que regularizó miles de hectáreas de cultivo en la provincia de Huelva, en el entorno del Parque Natural, dejando un puñado de ellas fuera del marco legal. Esa franja, de 1.400 hectáreas, es la que el actual Ejecutivo quiere revisar, porque considera que algunos agricultores fueron excluidos injustamente y tienen derecho a regularizar sus cultivos.
El PSOE de Juan Espadas ha aceptado “revisar y analizar” la propuesta de PP, Cs y Vox, pero exige un informe del Consejo de Gobierno y garantías jurídicas. En el seno del grupo socialista, esta decisión ha generado controversia y división: una parte defiende que al menos 500 hectáreas de las señaladas por la Junta tienen derecho al uso del agua del acuífero, y pueden demostrarlo con documento y escrituras de sus terrenos, calificados en su día de forma incorrecta como suelo forestal. Otro sector, en cambio, avala una posición más proteccionista, alerta del riesgo que supone seguir esquilmando agua de Doñana, no solo para el sello de Parque Natural de la Unesco, sino para la marca de calidad de los frutos rojos onubenses en los mercados internacionales, que cuentan con la garantía de protección medioambiental.
Entre ambas posturas, Espadas se ha inclinado por la primera. En su decisión, entre otros aspectos, puede haber pesado la enorme polémica surgida de las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en contra de las macrogranjas, el uso político que la derecha ha hecho de sus palabras -tergiversándolas- como reclamo para la campaña electoral en Castilla y León, y la reacción dura del sector agroganadero. Los socialistas afean al PP andaluz que haya impulsado esta proposición de ley sin un debate previo, por la vía de urgencia, con intención de “polarizar” las posiciones con “un marco simplista que no responde a la realidad”, esto es, “ganaderos contra ecologistas, derechas contra izquierdas”.
Pero lo cierto es que el debate sí ha suscitado una reacción rotunda de los grupos a la izquierda del PSOE, de la mano de algunas organizaciones ecologistas, como WWF, pero también con el llamamiento de alerta que ha lanzado tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como el propio Ministerio de Transición Ecológica. Su número dos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ya ha declarado que la iniciativa es un error porque en la corona norte del Parque Natural “no hay más disponibilidad de agua que la que señala el Plan de la Fresa”, de 2014.
En el escrito registrado este martes en el Parlamento Europeo, Unidas Podemos ha recordado que “en junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que, debido a las extracciones ilegales de agua, se habían incumplido varias disposiciones de la Directiva marco de aguas y la Directiva de hábitats”. La coalición que pilota el líder de IU, Toni Valero, y su homóloga de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha pedido a la UE que clarifique si la iniciativa “promovida desde el Gobierno andaluz, contradice la sentencia del TJUE o afecta al espacio protegido de Doñana”.
Además, Unidas Podemos reclama a la Comisión Europea que haga una valoración de la aplicación de las conclusiones y las medidas obligatorias que contempla la sentencia dictada por el TJUE, y solicita una valoración sobre la evolución actual del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal. Valero ha asegurado que “esta proposición de ley es un atentado medioambiental que daría la puntilla al Parque Natural y que agudizaría además la competencia desleal que sufre el sector agrícola que cumple con la normativa”.
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