Difundir datos privados de un expediente urbanístico sancionador a través de la red social Twitter. Esto es lo que ha hecho este martes el concejal delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro, del Partido Popular. Su actitud ha generado un gran revuelo en la localidad costasoleña.
Tal y como se puede ver en el tuit de la cuenta personal de Moro, el edil responde al abogado marbellí Antonio Flores, después de que éste denunciara “represalias” de “Alcaldía” y “multa sin precedentes” contra su hermano, el arquitecto Jesús Flores. Todo ello, tras destapar dicho letrado en el eldiario.es, el pasado 2 de marzo, las operaciones financieras en Luxemburgo de la sociedad Crasel Panorámica S.L., propiedad de la alcaldesa, Ángeles Muñoz y su marido.
Concretamente, el departamento de Disciplina Urbanística, bajo la dirección de Moro, ha sancionado con 550.000 euros al arquitecto Jesús Flores. Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, la notificación de la sanción se produjo el 3 de marzo, un día después de que su hermano Antonio informara a este medio acerca del producto financiero contratado por la alcaldesa con la entidad luxemburguesa Nordea Bank S.A.
Moro, al responder a Antonio Flores a través de la red de microblogging, califica de “mentira” su acusación de “represalia” y sostiene que el expediente contra el arquitecto “se abrió en octubre de 2013”. Además, califica de “muy grave” la sanción, cuando en la documentación municipal es descrita como “grave”, algo que le ha recordado el arquitecto sancionado.
El concejal ha difundido tres folios completos en los que no sólo se recogen datos domiciliarios y societarios privados de Flores, sino también documentos de identidad, entre ellos el de la secretaria personal del arquitecto.
Fuentes cercanas a Jesús Flores sostienen que, aunque el procedimiento de expediente sancionador se abrió en octubre del pasado año, “fue el 3 de marzo cuando Urbanismo desestimó las alegaciones” presentadas, “sin que hubiera ningún tipo de contestación municipal entre octubre de 2013 y marzo de 2014”, precisan.
Desde el estudio de arquitectura sancionado muestran su asombro e incredulidad, tanto por la elevada cuantía de la multa como porque desde la delegación que dirige Moro se imponga una sanción a Flores superior a la que se ha impuesto a su cliente, cifrada en 100.000 euros menos. Afirman que “no hay precedentes” de ello. Asimismo describen como “muy inusual” cualquier sanción a un arquitecto.
Los afectados por la revelación de datos llevada a cabo por Moro han requerido este miércoles la presencia de un notario, para que levantara acta del contenido de la cuenta personal de Twitter del edil de Urbanismo. Ha sido una medida preventiva, por si el munícipe optaba por borrar el tuit. Paralelamente, estudian ya las acciones legales pertinentes contra el también teniente de alcalde en distintos ámbitos, no sólo ante la Agencia de Protección de Datos.
Alcaldesa, defensora de la Ley de Protección de Datos
Se da la circunstancia de que la propia alcaldesa marbellí y presidenta de la FAMP, Ángeles Muñoz, invoca la Ley de Protección de Datos a la hora de no facilitar en la web municipal del Consistorio los nombres completos de los adjudicatarios de contratos y servicios públicos. De hecho, tan sólo se publican acrónimos con las iniciales de las empresas. Esto no ocurre en otros ayuntamientos de la provincia de Málaga gobernados también por el PP.
Por poner un ejemplo, la organización Transparencia Internacional otorga una nota de 100 puntos sobre 100 posibles al Ayuntamiento de Fuengirola, gobernado por la popular Esperanza Oña, en lo que respecta a transparencia en la adjudicación de contratos y servicios municipales. En cambio, Marbella suspende con una nota de 25 sobre 100.
Este medio ha intentado, sin éxito, recabar la versión del concejal delegado de Urbanismo, para conocer en qué se ha basado para difundir dicho expediente y si está amparado por la alcaldesa, teniendo en cuenta que Antonio Flores denunció “represalia” de la “Alcaldía” contra su hermano.