Zaragoza actualiza su protocolo frente a la okupación para que la Policía Local pueda ejercer desalojos

La Policía de Zaragoza podrá actuar, bajo determinados supuestos, para desalojar inmuebles okupados. El Ayuntamiento presidido por la popular Natalia Chueca va a aprobar esta semana un protocolo con “criterios propios” destinado a que los agentes del cuerpo municipal puedan actuar frente a este fenómeno, según ha explicado este martes el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén.

En la práctica, la iniciativa busca equiparar al cuerpo municipal con la Policía Nacional para llevar a cabo este tipo de actuaciones. “Cuando los hechos son presenciados directamente por los agentes de la Policía Local, la Policía Local actuará. Cuando los vecinos y testigos avisen de que hay personas entrando a un inmueble, utilizando la fuerza, rompiendo o fracturando puertas o ventanan, y sea visto in fraganti, la Policía Local actuará”, ha señalado como ejemplo Lorén, que ha explicado que las nuevas medidas se basan en una instrucción de la Fiscalía General del Estado que data del año 2000. 

Para posibilitar el desalojo de los ocupantes por propia autoridad de los agentes de la Policía Local, tal y como destaca el Consistorio en una nota, “es fundamental acreditar la existencia de flagrante delito”.

Otros casos para que se pueda llevar a cabo el desalojo -que según el equipo de gobierno del PP se basan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo- serían el aviso de una central de alarmas por activación de la señal de intrusión en un inmueble o la alerta del vigilante de una empresa de seguridad privada o el conserje del edificio. Junto a esto, la Policía Local podrá llevar a cabo detenciones “en los casos de okupación en lo que concurra la violencia o intimidación”.

Eso sí, cuando no se haya detectado violencia o intimidación en el acceso al inmueble, la detención del okupante seguirá dependiendo de la autoridad judicial.

Identificación previa

En cuanto a una actuación previa al desalojo, la de identificación, el nuevo protocolo permitirá a la Policía Local identificar a las personas ocupantes del inmueble, solicitando el título, contrato u autorización para el acceso al piso. Asimismo, podrán comprobar con los medios más idóneos que se trata del domicilio de otra persona diferente al ocupante y que el titular del derecho no quiere que permanezca allí.

Otras actuaciones son inspeccionar ocularmente los daños que hayan podido ser ocasionados en el inmueble y comparecer ante Guardia Civil o Policía Nacional para el correspondiente atestado, aportando todos los datos mencionados.

En el caso de que hubiese menores o personas especialmente vulnerables entre los ocupantes del inmueble, deberá ponerse en conocimiento de servicios del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza o del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, según corresponda.

El listado se completa con informar al titular de la necesidad de adoptar las medidas de seguridad necesarias para asegurar el inmueble, en caso de que el inmueble sea desalojado; y en los casos en que existan indicios de la existencia de organización o grupo criminal cometiendo estas actuaciones, deberán plasmarlo en el atestado policial.

Lorén, que ha recordado que la medida “fue uno de los compromisos de la alcaldesa Natalia Chueca”, ha manifestado que la okupación es un problema que “afecta a la seguridad de los vecinos y degrada la convivencia”. En Zaragoza, el Ayuntamiento puso en marcha en 2021 -entonces, con Jorge Azcón al frente- un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas, que ha atendido 340 asuntos en tres años. Por distritos, según los últimos datos recabados que se hicieron público durante la renovación del convenio con el Colegio de Abogados de la ciudad, el 36,4% de los casos se han situado en Las Delicias, seguido del 18% en Casco Histórico y el 9% en Oliver-Valdefierro.

Según el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, se busca “dar un paso más en la seguridad de los vecinos y barrios” y se pretende que la Policía Local también pueda actuar contra la okupación, “a la vista -ha incidido- de que el Ministerio del Interior no incrementa con medios materiales y personales la lucha contra este grave problema”.