La Junta de Andalucía se prepara para afrontar un importante desembolso económico a cambio de las 7.500 hectáreas de humedal artificial en finca Veta la Palma, cuya compra al Instituto Hispánico del Arroz (vinculado a Ebro Foods) anunció sorpresivamente el presidente Juan Manuel Moreno el pasado jueves. El precio del terreno, cuyo uso como piscifactoría es ahora residual, estará ligeramente por debajo de los 70 millones de euros, lo que arroja un valor de 9.333 euros por hectárea.
Es un precio que ha generado suspicacias, expresadas la semana pasada por el parlamentario andaluz José Ignacio García (Adelante Andalucía): “Si tan importante es lo que habría que hacer es expropiarla, no comprarla para que se forre un empresario que también tiene campos de golf”, dijo.
Tras el Consejo de Gobierno de este martes, José Ramón Fernández-Pacheco, portavoz del Gobierno andaluz (y consejero de Sostenibilidad) se esforzó por atajar las cuestiones en torno al precio a la par que evitaba “desvelar los entresijos” del trato. “Si no [hay tasación], no se puede hacer. No se puede fijar el precio de manera aleatoria”. Fuentes de su consejería detallaron después a este periódico que la tasación de los técnicos se ha basado en tres valores: el de mercado, el ambiental y los sistemas que aún tiene la finca. Una vez ponderados, la Junta de Andalucía aceptó la oferta formal de venta que le trasladó Hisparroz.
La Junta de Andalucía y los gestores de la finca subrayan que la adquisición está sobre la mesa desde hace al menos dos años. La crisis de la piscifactoría, que acumula pérdidas millonarias en los últimos ejercicios, activó la compra. “La Junta entiende que, en este momento en que las piscifactorías no están tan activas puede ofrecernos lo que llevaban mucho tiempo pensando, incorporar la finca”, explica Ricardo Araque, gerente de la piscifactoría. Sin embargo, la operación era desconocida para muchos en la consejería, y la anunció por sorpresa el propio presidente Moreno en el foro ABC.
La Junta de Andalucía obtiene un terreno de indudable valor natural, mientras los propietarios se deshacen de una superficie deficitaria desde hace años. “Sin aportes de agua limpia, la recirculación y las balsas de decantación encarecen el sistema productivo hasta su inviabilidad”, observa Juan Cuesta, biólogo de Ecologistas en Acción. Simultáneamente, la Junta puede “vender a la ciudadanía” que así salvaguarda la biodiversidad de Doñana y que será ampliada como Parque Nacional. Pero Cuesta advierte de que, sin una previsión seria de los costes de mantenimiento, y de quién los asumirá, la operación puede convertirse en “un despropósito de despilfarro de dinero público”.
Las dos partes han insistido en que la administración compra a buen precio, pero no todos están convencidos. El precio medio por hectárea de regadío en Andalucía fue de 19.775 euros en 2021, según datos del Ministerio de Agricultura, y una hectárea de arroz puede rondar los 25.000 euros, según fuentes locales. Pero es que Veta la Palma no era eso, sino marisma. “Se está vendiendo a 10.000 euros por hectárea un terreno que no es productivo, no es agrícola. Solo valen para eso. No sé si es un pelotazo. El que las ha vendido creo que ha escapado bien”, señala Juan Molero, alcalde de Isla Mayor, de donde provienen históricamente la mayoría de los trabajadores de la piscifactoría.
El precio, ya cerrado, se pagará al 60% con fondos europeos FEDER, y el 40% con recursos propios de la Junta de Andalucía, entre 2023 y 2024. Aunque los Fondos FEDER no subvencionan a priori este tipo de adquisiciones, la Junta de Andalucía ha obtenido del Ministerio de Hacienda una autorización por motivos de protección medioambiental.
La otra parte, el 40%, es una nueva partida de gasto que no estaba prevista en los Presupuestos andaluces para este año. De ahí que quede por concretar el cómo y el cuándo se abonará el precio. Lo que Fernández-Pacheco denominó “pormenores de la operación”, que impiden hablar de una compraventa ya formalizada.
Además, habrá que sumar los costes de mantenimiento, que el Gobierno andaluz aún desconoce. A pleno rendimiento, la piscifactoría movía un hectómetro cúbico de agua al día, con un gran gasto energético. Pero en la Junta señalan que ahora bastará con mantener la lámina de agua, y ya trabajan en un plan de restauración.
Sobre la mesa está la posibilidad de que la gestionen trabajadores del propio parque natural de Doñana, de la agencia AMAYA o “conveniar con terceros”, que podrían ser la decena de trabajadores que quedan en la piscifactoría, después de las crisis (ERE incluido) que ha sufrido en los últimos años.
La finca es producto de la transformación que se acometió en toda Isla Mayor para su puesta en cultivo, hace casi un siglo. Su ubicación al sur de la isla condicionó sus usos: no podía acceder a aguas con la suficiente garantía de que fueran aptas para el cultivo del arroz, como en el resto, así que acabó optándose por el aprovechamiento piscícola mediante la conversión de las tablas de arroz en balsas de acuicultura. Durante años fue un éxito, y llegó a resistir incluso la afección al estuario del vertido de las minas de Aznalcóllar. No pudo, sin embargo, con la turbidez creciente que provoca la intensificación de los dragados del Puerto de Sevilla.
Hace años que el negocio de Pesquerías Isla Mayor, S.L., la empresa del grupo Hisparroz que explotaba la piscifactoría, empezó a decaer. Con más de cuatro décadas de historia, la piscifactoría criaba doradas, lubinas o corvina, especies bastante lucrativas, en 3.500 de las 11.300 hectáreas de finca Veta la Palma. Era la más grande en extensivo de toda Europa. Pero la subida de precios de los insumos, la competencia con piscifactorías de jaula, la depredación por la avifauna de Doñana y la colmatación de las aguas, que obligaba a la continua retirada de fango, la hicieron insostenible. Su cierre progresivo empezó en 2021, aunque mantenía la cría residual de especies menos rentables como el camarón.
“El consumidor elegía otros pescados más económicos, y la finca ha ido dejando de ser interesante para su explotación”, admite Ricardo Araque, su gerente. De los 50 o 60 trabajadores que hubo en su día hubo quedarán una decena. “Gente joven, que está ahí con los nervios”, señala el alcalde Molero, quién pide que se les tenga en cuenta. Para la economía local, la constatación del cierre de la piscifactoría tendrá consecuencias. “Todo ese camarón que se cría allí, de aquello se alimenta mucha fauna... El humedal se llena por bombeo, hay que mantenerlo. ¿Van a ser los trabajadores de la Junta o lo van a subcontratar?”.
Moreno presentó la compra como la fórmula idónea para blindar Doñana frente a los efectos del cambio climático. Sin el humedal, Doñana “será mucho menos resiliente”, mermará su diversidad de hábitats y se reducirá “de manera drástica” la capacidad de adaptación, dijo. De su discurso quedó claro que el presidente buscaba un golpe de efecto que oponer a la ley que permitirá legalizar regadíos en el entorno de Doñana, próxima ya a su previsible aprobación.
La Junta de Andalucía también ha subrayado estos días su intención de proponer al Gobierno de España que el terreno se incorpore al Parque Nacional de Doñana, aumentando su superficie en un 14%. Veta la Palma, ubicada en parque natural (no Parque Nacional) en Puebla del Río, sirve de refugio a las aves cuando Doñana está seca. Un eventual cierre de los humedales, ahora con funciones de piscifactoría, pondría en riesgo el sustento de la avifauna que se alimenta de sus especies, entre las que hay aves amenazadas, raras o vulnerables, como la cerceta pardilla, “en peligro crítico” de extinción.
Pero Ecologistas en Acción advierte contra el peligro de comprar y olvidar. “Si la Junta se limita a la compra de los terrenos y no prevé asumir el presupuesta necesario para su mantenimiento a largo plazo, nos tememos que a corto plazo nos encontraremos que ese indudable enclave de conservación de la biodiversidad derive a secarral desértico a poco que el mantenimiento sea, como presuponemos, inabordable por la administración del Parque”, comenta Cuesta.
La propuesta de Ecologistas en Acción es vincular la compra a la recuperación del Programa Doñana 2005 del Brazo de la Torre, reconectándolo con el Guadalquivir. Fue aprobado por Decreto, pero el proyecto cayó en el olvido. Los ecologistas creen que lograría equilibrar la entrada de agua dulce del río con la salada que sube vía mareal, mejorando el principal problema del estuario, su turbidez. También se evitaría el bombeo y se regeneraría un espacio que ahora está colmatado.
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