“Silencios de dudosa legalidad” o “falta de transparencia” son algunas de las consideraciones que entidades memorialistas de Andalucía han expuesto en un informe técnico a cuenta de las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de exhumaciones desde que PP y Cs dirigen la comunidad autónoma. Ya la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica había denunciado en su balance anual que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno se atribuye méritos en ese sentido sin hacer “nada”, algo que corrobora este informe donde, además, se tilda de “burla a la ciudadanía” la publicación en el último BOJA del año 2021 el Plan Anual de Memoria Democrática “para ejecutarlo durante el año que ya ha finalizado”. En esa publicación oficial, firmado por el presidente y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se recogen “dos apartados genéricos de coordinación con otras administraciones y de medidas de reparación con las víctimas” que, según denuncia el estudio, “en ninguno de los dos casos podrán ya llevarse a cabo suponiendo que hubiera la intención de ejecutarlos”.
Pero, al margen de ese BOJA de 31 de diciembre, el informe se detiene principalmente en las exhumaciones desarrolladas en Andalucía desde 2019 que, por parte de la Junta, “solo se han realizado las que quedaron presupuestadas y programadas durante el Gobierno anterior”, así como las que ha financiado el Gobierno Central, por gestión directa o a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la propia Junta, cuyas transferencias han permitido llevar a cabo intervenciones en fosas de toda Andalucía. Las entidades recuerdan en el informe que hay una licitación anunciada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico desde enero de 2021 para contratar un equipo técnico que ejecute intervenciones en fosas “a la que todavía no se le conoce ninguna actuación”.
Respecto a exhumaciones desarrolladas, y según ha podido comprobar este periódico a través de consultas al Portal de Transparencia de la Junta a raíz de unas declaraciones de Del Pozo en las que presumía de colaborar desde 2019 en la exhumación de 607 víctimas. Así, dice el informe, todos los cuerpos exhumados de las fosas durante 2019, hasta un total de 62, se corresponden con actuaciones que estaban ya comprometidas presupuestariamente (en concreto Higuera de la Sierra, Alcalá del Río, Salteras y Córdoba), si bien se han dejado atrás numerosas actuaciones aprobadas durante 2018, en concreto en marzo, en junio y en diciembre, donde se contemplaban actuaciones en fosas de hasta 71 localidades aunque no todas conllevaban financiación y algunas eran para 'estudios previos'.
Los 545 cuerpos exhumados entre 2020 y 2021 a los que hizo referencia Del Pozo se corresponden en su totalidad con la fosa de Pico Reja, según Transparencia, al amparo del convenio de colaboración entre la Consejería, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla, donde el Gobierno central también está aportando. Desde la coordinadora han insistido en que “no se ha llevado a cabo ninguna exhumación por iniciativa propia del Gobierno andaluz durante la actual legislatura”. Desde la Consejería dijeron en su momento respecto a eso que “la consejera ya ha hecho referencia a ellas en varias ocasiones en el Parlamento y en otras intervenciones públicas”, sin aportar detalle de con qué fosas se corresponderían esas actuaciones.
El informe destaca también un aspecto que “simboliza el escaso interés del Gobierno autonómico por la memoria democrática: la falta de transparencia, en algunos casos con silencios de dudosa legalidad”. Lo destaca por la “ausencia de publicaciones referidas a las actuaciones en tramitación de expedientes o reuniones preceptivas del Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones para atender solicitudes de exhumación de familiares, asociaciones o instituciones, aunque estén financiadas, en todos los casos, por otras administraciones”. Efectivamente, y según la información pública del citado Comité Técnico en su web, el único informe anual de actuaciones que está publicado se corresponde con el emitido en diciembre de 2018 por el entonces director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez, sobre las tareas realizadas durante 2017 y 2018. “No existen, por tanto, publicaciones de informes de 2019, 2020 y 2021, lo cual, además de incumplir el precepto legal puede demostrar también la absoluta inacción de la Junta de Andalucía en materia de memoria democrática”, denuncia el informe.
Asimismo, antes de la llegada de PP y Cs, “se publicaban las actas de todas las reuniones del Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones desde su creación hasta la última reunión de la legislatura anterior, el 20 de noviembre de 2018”, pero “desde esa fecha tampoco se ha publicado ninguna de las tres reuniones del Comité Técnico que ha habido, la primera el 26 de noviembre de 2020, la segunda el 14 de abril de 2021 y la tercera el 2 de diciembre de 2021”.
También el informe hace referencia a la necesidad de la información pública para presentar posibles alegaciones a los acuerdos adoptados sobre intervenciones en fosas propuestas por el Comité Técnico. A ese respecto, y pese a que la ley andaluza determina que la Consejería dará “adecuada publicidad a la solicitud presentada y resolverá con notificación, en su caso, a las personas o entidades que hayan instado el procedimiento y a los familiares de las personas desaparecidas”, el informe denuncia que “lo único que se hace es la notificación directa a los solicitantes, sin previa publicación ni plazo de alegaciones”. “Únicamente se publica en el BOJA la autorización para intervenir en las fosas que, siendo financiadas por otras administraciones, han pasado por el Comité Técnico sin posibilidad de alegaciones por parte de la ciudadanía con carácter previo como marca la Ley”, advierte el informe.
El estudio resume, como advirtió la coordinadora de asociaciones, que “reduce al máximo el presupuesto que, finalmente, casi no se ejecuta”; “se dilatan las convocatorias de reuniones preceptivas para proponer exhumaciones y, cuando se celebran, no se publicitan las intervenciones propuestas que serán financiadas por otras administraciones en todos los casos, ni colgando las actas en la web ni publicándolas en el BOJA para someterlas a posibles alegaciones conforme al procedimiento administrativo”.
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