Una investigación denuncia la “apatía institucional” respecto a la atención y protección de víctimas de trata de seres humanos en Andalucía y Ceuta. Las actuaciones analizadas “resultan limitadas” porque se restringen a aquellos casos en los que las víctimas y supervivientes deciden denunciar y a las que las autoridades reconocen que han vivido una situación de trata, lo cual resulta “un número ínfimo de los casos”.
Son algunas de las conclusiones estudio se enmarca dentro del proyecto 'Prevención, Persecución, Protección y Asistencia: Estrategias de intervención con Víctimas y Supervivientes de Trata en Andalucía y Ceuta', de Rosa Belen Agirregomezkorta (del Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres), financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo y coordinado por Carla Cingolani (de la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto), fruto de dos años de trabajo e investigación.
La definición de trata que guía las políticas públicas en la actualidad parte de la definición recogida en el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, más conocido como Protocolo de Palermo, adoptada en diciembre de 2000. Dicho protocolo define la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
El estudio, que explora las percepciones sociales y el trabajo con mujeres para servir de base para la intervención en este ámbito, acredita que la trata de seres humanos en Andalucía y en Ceuta está dirigida casi en su totalidad a la explotación sexual, claramente vinculada a la prostitución, en línea de lo que sucede en el resto del estado español, pero “se ignora el alcance de las violencias interseccionales y de género en el marco de la trata, especialmente cuando se cruzan la explotación sexual y la laboral”.
“Carencia” de datos e información
Según el documento, la “carencia” de datos e información en la materia se sigue evidenciando, especialmente a nivel autonómico y provincial, lamentando además que “apenas existen recursos públicos específicos” dirigidos a la asistencia y acogida de las víctimas de trata en Andalucía y Ceuta, “encontrándose los principales servicios y recursos mayormente gestionados por el sector no gubernamental”. Ocurre además que los recursos van dirigidos a mujeres que han sufrido violencia de género, en el marco de la Ley de Violencia de Género, o en situaciones de riesgo y exclusión, como prostitución y drogodependencias, que cuentan con “problemáticas diferenciadas”.
La investigación lamenta asimismo “la disminución presupuestaria pública que ha afectado seriamente al 60% de las organizaciones sociales especializadas” encuestadas, que “se han visto forzadas a reducir personal, programas y servicios, que menoscaban la calidad y cobertura de los servicios prestados”. “Este contexto de falta de recursos específicos y carencia de una legislación autonómica integral que aborde la trata nos sitúa en un escenario en el que se desarrollan actuaciones puntuales que no contribuyen a reducir la vulnerabilidad de las víctimas ni a cumplir con los compromisos de las instituciones públicas con la protección y asistencia, donde resalta el esfuerzo pionero realizado por el Ayuntamiento de Sevilla”, que “ha desarrollado un marco regulador y estratégico activo en torno a la trata, fundamentalmente centrado en la explotación sexual y vinculado a la prostitución”.
“Las actuaciones dirigidas a la prevención, especialmente en lo relativo a la demanda de prostitución y los países de origen a través de la cooperación internacional, junto a las intervenciones dirigidas a la restitución de derechos, resultan claramente insuficientes”, incide el informe. “Esta debilidad quebranta la aplicación de cualquier enfoque de derechos y reduce los abordajes a un enfoque asistencial sin lograr abordar las causas de la trata, ni cuestionar sus elementos mantenedores ni restituir la dignidad de las personas que han sufrido trata, incidiendo en los factores de vulnerabilidad a través de procesos de empoderamiento personal a nivel de recuperación psicológica y de las redes de apoyo, integridad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y la autonomía económica”, entre otros aspectos.
La mayor parte de los casos las víctimas y supervivientes son extranjeras, recoge el informe, muchas de las cuales se hayan, además, en situación irregular, destacando la presencia de mujeres de Europa del Este, principalmente rumanas, y nigerianas.
Abandonar el “enfoque reduccionista”
Una adecuada respuesta a la trata, concluye el informe, requiere de “planes y programas específicos con un claro posicionamiento y un presupuesto adecuado para su aplicación”, recordando que “la vulnerabilidad de las mujeres depende en gran medida de las políticas públicas adoptadas por las administraciones que contribuyen a paliar, o en su defecto a incrementar, su vulnerabilidad”.
Todo ello implica por parte de la Junta de Andalucía, en el caso de la comunidad andaluza, y el Gobierno español, para el caso de Ceuta, “el abandono del enfoque reduccionista que considera la trata una cuestión principalmente policial y judicial”, en la que la víctima “corre el riesgo de ser considerada más como un medio en la investigación policial y judicial que como sujeto de derechos”. “Es preciso que las instituciones públicas asuman su responsabilidad y tomen el liderazgo en la aplicación efectiva de un enfoque basado en derechos y la equidad de género”, añade el estudio.
Hasta el momento, no existe un marco específico contra la trata en Andalucía, aunque durante el año 2014 se puso en marcha la elaboración de una 'Estrategia Andaluza para la Erradicación de la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual'. Además, “no hay ningún apoyo a la plena reintegración social, psicológica, educativa y laboral de las víctimas que han sufrido trata (extratadas) de forma que, tras el proceso de salida, quedan en situación de vulnerabilidad a posibles 're-enganches' en manos de tratantes.
La Comisión Europea publicó en abril de 2013 el primer informe sobre Trata de Seres Humanos en Europa. Este informe cifra en 23.632 las víctimas de trata en la región en el periodo 2008-2010, apreciándose un notable crecimiento en el siguiente periodo 2010-2012. Estos informes ponen de manifiesto que, en 2010, España fue el segundo país de la Unión Europea, tras Italia, con mayor número de víctimas de trata detectadas.
Los datos aproximativos, según la investigación, evidencian un perfil diferenciado por sexo y modalidad. Así, en el citado informe europeo se menciona la explotación sexual como primera modalidad de trata, con un 62% de los casos, mientras que un 25% correspondería a la explotación laboral y el restante 14% se compondría de otras formas de explotación como la extracción de órganos. Respecto a las víctimas, un 80% del total corresponde a mujeres, aunque dicho porcentaje aumenta en los casos de explotación sexual incrementándose hasta el 95% de las víctimas, mientras que los varones supondrían el 71% de los casos de explotación laboral. Asimismo, se estima que los menores suponen un 15% del total de víctimas de trata.