María ha vivido dieciséis años de golpes, palizas, puñetazos, voces, humillaciones, portazos, empujones y un miedo atroz al que fuera su marido, del que se divorció hace cinco años y del que le distancia una orden de alejamiento. Le une a él una hipoteca que ha pagado ella sola desde que se separó. Ha perdido su empleo de limpiadora, y ahora no puede refinanciar esta hipoteca con el banco ante la negativa del maltratador a firmar el acuerdo que permitiría a María reestructurar la deuda y respirar.
La realidad de María afecta a muchas más mujeres víctimas de violencia de género que, una vez divorciadas de su agresor y cuando su situación económica empeora, pasan a ser rehenes de sus maltratadores y de la entidad bancaria. Ni la Ley de Violencia de Género ni el Código de Buenas Prácticas, al que se han adherido voluntariamente los bancos, contempla proteger a la víctima de violencia de género ante una situación similar a la que está sufriendo María.
Dos tercios del préstamo
Esta sevillana de 49 años saca adelante a sus tres hijos y ha venido pagando religiosamente los 500 euros mensuales de la hipoteca, gracias a los poco más de 400 euros que cobraba limpiando casas, a los 300 euros de pensión alimenticia que, vía embargo de las cuentas de su exmarido, recibe cada mes y a los muchos viajes que ha dado a Cruz Roja y Cáritas.
En total, María tiene ya pagados dos tercios del préstamo y sólo le quedan 35.000 euros para terminar de abonar la casa en la que fue golpeada con saña por su expareja en presencia de sus tres hijos menores de edad. Sin embargo, la mujer está a punto de perder su vivienda ante la negativa de La Caixa a firmar un contrato privado, tal como le sugiere la Oficina de Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que nada tenga que ver el maltratador.
Al perder su empleo, los viajes a Cáritas y Cruz Roja a por alimentos ya no eran suficientes y María tuvo que decidir si pagar los 500 euros mensuales de hipoteca o dar de comer a sus hijos. Decidió: “Por supuesto, mis hijos son lo primero”. Desde entonces, cuenta que vive una pesadilla en forma de llamadas de teléfono del banco: “No duermo, no como y estoy empastillá”, asegura para relatar la profunda angustia que padece al no saber qué será de su vida y la de sus hijos si la entidad bancaria le quita su casa a falta de 35.000 euros para satisfacer la deuda.
De poder acogerse al Código de Buenas Prácticas, aprobado por el Gobierno central en 2012, durante cinco años, María sólo pagaría de 40 a 50 euros y, si a los cinco años no cambia su situación económica, abonaría una cuota mensual de 140 euros a cambio de aumentar los años del préstamo. Sin embargo, para que María pueda acceder a esta facilitación del pago de la deuda necesita la firma de su expareja, quien se niega en redondo a firmar el documento que haría posible que María durmiera por las noches.
“Él no quiere, dice que quiere verme en la calle. No firmar es otra forma que tiene de maltratarme”, es el argumento que María comenta que le ha trasladado, por activa y por pasiva, al director de la sucursal de La Caixa de la localidad sevillana de Bormujos.
Desde la sucursal bancaria insisten en que se necesita la firma de las dos personas propietarias de la vivienda para reestructurar las condiciones del préstamo hipotecario, a pesar de que los funcionarios de la Oficina de Defensa de Vivienda de la Junta le recuerdan al banco que es posible firmar un acuerdo privado que no modifica en ningún momento ni las escrituras ni las garantías jurídicas de la entidad bancaria.
En manos del Defensor del Pueblo Andaluz
El asunto está en manos de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, quien intenta convencer al banco para que acceda a que María se pueda liberar sin necesitar la firma de quien la ha maltratado durante dieciséis años. Eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con una responsable de la dirección territorial de La Caixa en Andalucía, quien ha accedido a reunirse con María la próxima semana para intentar llegar a un acuerdo.
La representante de La Caixa en Andalucía, en conversación telefónica con María tras saber que eldiario.es/andalucia trabajaba en esta información, le ha propuesto informalmente una dación en pago que permitiría que María siguiera viviendo con sus hijos en la vivienda, aunque en régimen de alquiler.
María rechaza la oferta porque no está dispuesta a perder su casa a falta de 35.000 euros para cancelar la deuda: “Si firmo una dación en pago, pierdo mi casa y a eso sí que no estoy dispuesta”, asegura nerviosa después de hablar con la responsable de Morosidad de La Caixa en la comunidad andaluza.
Fuentes del Defensor del Pueblo Andaluz confirman que se están ocupando de otros tres casos de mujeres víctimas de violencia de género que pueden perder la vivienda por los mismos motivos que María y que trabajan en una propuesta de reforma jurídica para trasladarla a los legisladores.
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil que dirige el Laboratorio Jurídico Antidesahucios de la Universidad de Córdoba, señala que este vacío legal se solucionaría “feminizando” el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. “Nuestro Código Civil está impregnado de normas machistas y respalda un modelo que favorece a los hombres disfrazado de neutralidad jurídica”, apostilla el docente universitario experto en desahucios.
Ana Segado, abogada especializada en la defensa de la vivienda, subraya que no es necesaria la firma de la expareja de una mujer maltratada para reestructurar la deuda bancaria. “La propiedad y la hipoteca siguen siendo la misma, lo único que cambia es la forma de pagar la hipoteca”, sentencia.
“Demostrado que el maltratador no vive ya en esa vivienda y que hay una orden de alejamiento, el banco puede perfectamente firmar un contrato privado para que la mujer se adhiera al Código de Buenas Prácticas”, insiste Anabel Segado.
La abogada anima a las mujeres en la situación de María a que eleven una denuncia ante la comisión que controla la aplicación del Código de Buenas Prácticas y considera “urgente” modificar la Ley de Violencia de Género e ir más allá en el Código de Buenas prácticas, firmado entre los bancos y el Gobierno central, para incluir una cláusula que impida que los maltratadores sigan ejerciendo violencia de género contra sus exparejas al negarse a estampar la firma en un acuerdo de reestructuración de una deuda hipotecaria, de la que hace años se han desentendido.