El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto para modificar la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, para ampliar tanto el concepto de agresión como el de víctima, lo que va íntimamente relacionado, con el objetivo de desplegar contra los que sufran esta lacra social los mecanismos de prevención y protección que tiene la autonomía.
Por un lado, el concepto de violencia de género se extenderá más allá de la que se produce con respecto a la pareja o expareja y abarcará el acoso y las agresiones sexuales, la trata, la explotación sexual, el matrimonio precoz o forzado, las tradiciones que atenten contra los derechos de las mujeres (como la mutilación genital femenina), la violencia derivaba de los conflictos armados, la ciberdelincuencia con los mismos objetivos, las prácticas contra los “derechos reproductivos de la mujer” “y cualquier otra forma que sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad”.
Esto a su vez incide en la consideración como víctimas a las esclavas sexuales, a las niñas que hayan sufrido ablación del clítoris... Y, específicamente, a la norma recogerá -lo que no estaba en el texto aprobado en 2007- que puedan ser considerados víctimas los hijos menores de edad de las afectadas. Y también se cambiará para que no se refiera como víctimas exclusivamente a las mujeres, sino también a las “niñas y adolescentes menores de edad”.
Todos estos cambios no supondrán nada a efectos de condena, porque para ello debería contemplarlo el Gobierno de España en su ley, pero sí en la respuesta que desde la Junta de Andalucía se le dé a las víctimas. De este modo, se pretende una regulación en sintonía con el Convenio de Estambul, “primer instrumento vinculante a nivel europeo que aún no ha sido trasladado al ordenamiento jurídico español”.
“Los beneficios son que se podrán acoger a todas las medidas que contemplamos para las víctimas de violencia de género. Es importante, por tanto, esa consideración”, ha apuntado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha reconocido que es el único margen que tienen desde la Junta de Andalucía porque cualquier otro cambio, por ejemplo a efectos de incrementar las condenas o restringir a los maltratadores el régimen de visitas a sus hijos, depende del Gobierno de España.
De este modo “la ley define lo que es violencia de género” para el Gobierno de Andalucía pero no puede entrar en la consideración de delito que se recoja en el Código Penal, por escapar a sus competencias. Es en lo primero, por ejemplo, donde encajaría como violencia de género el negar a una mujer decidir sobre su maternidad, tal y como ha explicado la consejera.
En cualquier caso, ha defendido: “Desde Andalucía hemos querido anticiparnos y adelantarnos a las nuevas realidades”. Por ello, ha instado a que el Gobierno de la Nación emprenda también modificaciones en el mismo sentido. Está “convencida” de que esto se producirá, tanto por la nueva situación en la que el PP en minoría tendrá que negociar con otras fuerzas, como por el reciente compromiso en el Congreso de los Diputados de caminar hacia un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una propuesta que el pasado año lanzó el Gobierno de Andalucía.
Este anteproyecto ha sido aprobado en el marco de los preparativos para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres el próximo 25 de noviembre. De hecho, el Consejo de Gobierno ha aprobado también una declaración institucional en la materia, como cada año, y ha conocido el balance de acciones en la materia desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que será detallado en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía.
Más de 2.000 en “peligro de muerte” en 2015
Este último informe, correspondiente a 2015 revela que se el año pasado se presentó un 2% más de denuncias que en 2014, con 20.904 en total, y ha habido un 3% menos de renuncias a las mismas (2.929), en un año en que fueron asesinadas en el territorio 15 mujeres en Andalucía. Cabe recordar que en lo que va de año han sido asesinadas en Andalucía tres mujeres y un menor por violencia de género. Mientras, en el servicio de asistencia a víctimas fueron atendidas más de 3.500 el pasado año. “Hemos hecho un esfuerzo enorme en materia de prevención”, ha remarcado la consejera.
En paralelo, se ofreció protección a más de 2.000 mujeres y niños “en peligro de muerte por violencia de género”, y los 18 juzgados especializados de la comunidad autónoma registraron más de 26.000 procedimientos y emitieron más de 5.000 partes de lesiones, un 24% más que en 2015.
Por otro lado, ha anunciado que desde la Junta de Andalucía van a pedir que el Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad que haga un control de las víctimas que tienen algún tipo de discapacidad, con el objetivo de prestarles una especial atención, “porque es una información que no existe de manera detallada”. También preparan desde la Junta de Andalucía un proyecto específico para las víctimas que sufren adicciones.