Sin ingresos, sin empleo, con una hija de cuatro años y una larga travesía burocrática en busca de una vivienda social. Deben los últimos tres meses de alquiler de la infravivienda que habitan en el barrio de Triana, en Sevilla. El penúltimo lugar de reclamación de este matrimonio ha sido, y no por primera vez, el Defensor del Pueblo Andaluz. “Sólo queremos poder pagar un techo”, lamentan en su enésima carta. Esta misma semana han vuelto a acudir al Ayuntamiento de Sevilla.
El escrito de los servicios sociales municipales fechado el pasado mayo describe a la perfección la sensación de impotencia de esta familia. “Mediante la presente comparecencia estas personas quieren manifestar la incomprensión que les genera que en la ciudad de Sevilla haya casas sin gente y gente sin casas, y quieren instar a esta corporación a que se aplique una política de gestión de las viviendas públicas acorde con la responsabilidad que como organismo público tiene”.
La pareja considera desde hace meses que su situación es de extrema vulnerabilidad y que cumplen las condiciones de acceso a una vivienda social. Es uno de los aproximadamente 40 casos de similares características de los que tuvo conocimiento el Ayuntamiento el pasado verano. De momento, ninguno con respuesta, según fuentes socialistas. Este matrimonio en concreto apunta en varios documentos que entra dentro de lo aprobado por la junta de gobierno local el pasado febrero relativos a “grave riesgo de exclusión social” y debe estar excepcionada de que se le aplique la lista de reserva de unidades familiares baremadas y el orden del Registro de Demandantes de VPO, en el que solicitaron entrar en abril de 2011.
En varios escritos, estos vecinos de Triana han solicitado que se les adjudique en régimen de alquiler social una de las viviendas sociales de la calle Pagés del Corro. Acudieron el pasado mayo a Emvisesa, la empresa municipal de vivienda, pero se les remitió en julio al Ayuntamiento de Sevilla, propietario de las mismas. Ya agotaron la ayuda de 1.800 euros otorgada por los servicios sociales municipales, también en mayo, para que pudieran hacer frente a las deudas de alquiler de los primeros cuatro meses del año. Pagan 450 euros de renta de una infravivienda. Vienen de una ejecución hipotecaria. No les alquilan un piso 'normal' porque no tienen nónima alguna. Su situación es desesperada.
Según el acuerdo de la Junta de Gobierno de febrero, el límite para poder optar a una vivienda social es tener 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y 1,5 veces el Iprem para tener un piso con un alquiler máximo equivalente al 5% de las rentas. “Son casos que cumplen los niveles de renta para acceder a un piso social. El problema es que durante meses ha habido pisos sociales vacíos mientras había demanda y se han frenado todos los proyectos en marcha para hacer nuevas viviendas sociales. Es un problema de gestion del parque social que está provocando que no haya respuestas para casos dramáticos de familias que no tienen vivienda o no pueden hacer frente a las cuotas”, explica Antonio Muñoz, portavoz adjunto del PSOE municipal.
Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, tras el Debate de Estado de la Ciudad, remitió hace unos meses un escrito al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, pidiendo respuestas para éste y otros muchos casos de las personas que habían socilitado una VPO en alquiler social, algunos dramáticos de necesidad urgente de vivienda. La relación de situaciones se clasificaron en tres bloques: procedentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios, con afectadas víctimas de violencia de género o de revisión del precio del alquiler después de que Emvisesa se disponía a iniciar procesos de desalojo por impago de renta.
En algunos de los casos, Emvisesa les contestó a estas persnas que presentaran documentación para inscribirse en el Registro de Demandantes de VPO que el Ayuntamiento tiene abierto desde hace varios años. El PSOE entiende que este proceder no es el oportuno puesto que se trata de casos de exclusión social, urgentes y que provienen de desahucios o ejecuciones hipotecarias, según un acuerdo de la junta de gobierno local.
A primeros de octubre, Juan Ignacio Zoido presentó una serie de medidas para las personas que se encuentren en situación de emergencia social. Entre ellas, anunció que las familias sin ingresos sólo tendrían que afrontar el pago de la comunidad y los suministros, como el agua o la luz, aplicándoles una rebaja de las rentas mediante el establecimiento de un alquiler social, por un importe determinado igual a todas las viviendas que se encuentren en esta situación. Para acogerse a esta medida “de carácter temporal”, según dijo el alcalde, deberán carecer totalmente de ingresos todos los miembros de la unidad familiar, ser los arrendatarios legales de la vivienda y acreditar la efectiva ocupación de la misma como domicilio habitual y permanente, y contar con un informe social que acredita que la unidad familiar se encuentra en situación de necesidad.
“Los pisos los tienen cerrados y nosotros nos vamos a quedar en la calle”, lamentan en su último escrito ante el Defensor. “Ustedes estáis ofreciendo pisos a personas con nónima y funcionarios de la Junta de Andalucía, y a un precio que cualquier persona, incluida yo, puedo pagar y no quedarme en la calle”. “En julio se reunieron, hicieron el baremo, pero han pasado cuatro meses y no se ha repartido nada”, dicen en un último documento fechado el pasado lunes ante el propio Ayuntamiento y en el que cifran en 135 las viviendas vacías que, en diferentes puntos de la ciudad, dispone el Consistorio.