El poco éxito del plan de fomento del alquiler que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2005 ha obligado a cambiar la filosofía en la materia: básicamente, la Consejería de Fomento y Vivienda mediará directamente entre propietarios e inquilinos, de manera que estos no tengan que pagar a las agencias de fomento de alquiler para que le hagan la gestión (hasta el momento estaba recogido que se embolsarían unos 600 euros por expediente, si bien sus denuncias por impago han sido una constante). Se eliminan también las subvenciones -de hasta 6.000 euros en cinco años- que antes se prometían a los propietarios para poner sus viviendas a punto para el alquiler, y a cambio, se les garantizará cobertura mediante seguros, siempre y cuando no pidan más de 600 euros por mensualidad.
Son medidas que emanan de la Ley de la Función Social de la Vivienda, están recogidas en una orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y con las que se persigue crear una bolsa de viviendas deshabitadas -en torno a unas 6.000 en el primer año- para destinarlas a su alquiler.
La Consejería, por su parte, contratará las pólizas para asegurar durante un año, prorrogable por otro más, el cobro del posible impago de la renta de hasta nueve mensualidades, que podrá incrementarse hasta doce en caso de mejora contractual, y la defensa jurídica en los conflictos relacionados con la relación propietario-inquilino. Se facilitará también un seguro multirriesgo del hogar por el mismo periodo. La Junta de Andalucía destinará al programa 99.375 euros en 2013, 397.500 el próximo año y 298.125 en 2015.
La consejera del ramo, Elena Cortés, ha explicado que las viviendas que se ofrezcan para este plan deberán llevar seis meses desocupadas y contar con la certificación de la eficiencia energética, en los términos establecidos en el Real Decreto 235/2013, que se expedirá en caso de no tenerse. No podrán incluirse viviendas protegidas. “El objetivo es sacar viviendas al mercado del alquiler a precio asequible, defender el derecho de la vivienda y la función social de la misma”, según la consejera, quien ha recordado que el alquiler apenas llega al 16% en Andalucía cuando en la UE es el doble.
Esta política está destinada a las personas inscritas en los registros municipales de vivienda, que están obligados a tener todos los consistorios, por el Decreto 1/2012. Según datos de la propia Consejería, a 31 de diciembre de 2012, cuando terminó el plazo para crearlos, había en Andalucía 49.579 demandantes de viviendas en alquiler, 87.699 de alquiler con opción a compra y 54.583 de compra. Es decir, un total de 191.861, de los que más de la mitad (56%) tienen ingresos inferiores a una vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 532,51 euros.
El plan también contempla otra fórmula y es la gestión por parte de entes públicos de inmuebles que se cedan para incrementar los parques públicos de viviendas con alquileres sociales, es decir, para familias con menores ingresos, especialmente las que se encuentren en situaciones de emergencia o en riesgo de exclusión social. En este caso, la cesión será por un contrato y el propietario podrá recibir un máximo 5.760 euros por año.
El fiasco para las agencias de fomento del alquiler
La consejería confía en que este cambio en el modelo sirva para corregir las deficiencias del establecido hasta ahora. En un principio, el plan de fomento del alquiler de la Junta de Andalucía despertó expectativas, y se registraron hasta 150 agencias de fomento del alquiler. Hoy apenas quedan 25 inscritas en el registro de la Junta de Andalucía. La mayoría se han quedado en el camino víctimas de los impagos, ya que como ha denunciado reiteradamente la Asociación de Agencias de Fomento del Alquiler y Asimiladas (Asafand), la Junta de Andalucía no les pagaba lo contemplado en el programa. La nueva orden no significa que estas vayan a desaparecer pero quedan sometidas a un papel de colaboradoras, que también se reserva para otras administraciones, dado que no van a ganar por gestionar este proceso.