El día en el que el Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley de la Función Social de la Vivienda, en su pleno de este miércoles y con los votos en contra del PP, la Consejería de Fomento y Vivienda recibía un escrito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mostrando su voluntad de abrir una negociación en la comisión bilateral en la que se sienta el Gobierno de la Nación con las comunidades autónomas, tal y como pedía la Junta de Andalucía. De convocarse dicha comisión bilateral -como ya ocurrió para dirimir las diferencias con Cataluña en relación a una norma similar- se abriría la posibilidad de una negociación extrajudicial.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha recibido con satisfacción, pero con cautela, este comunicado, y espera que la reunión se produzca “en los próximos días”. En dicho foro se abordarían las cuestiones de competencias que el Gobierno de la Nación considera que Andalucía ha invadido con dicho decreto, y que llevaron a que el pasado mes de julio fuera recurrido en el Tribunal Constitucional (TC).
Otro de los argumentos esgrimidos por Madrid en su recurso era la poca entidad de la norma elegida para la regulación, cuestión que la consejera considera resuelta una vez que ha sido aprobada la ley, donde además se introducen algunas novedades con respecto al decreto. Básicamente, amplía la cobertura sobre personas que pueden verse afectadas por desahucios, como avalistas y autónomos.
En este sentido, Elena Cortés confía en que la ley no sea recurrida también, y que en su lugar se vean las posibles discrepancias en la comisión bilateral, cuyos dictámenes son ratificados con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De hecho, ha recordado que “el Gobierno de Mariano Rajoy no puede negarse a convocar la comisión bilateral, porque están obligados a hacerlo leal e institucionalmente”. Es más, en su opinión, “si se niega, estaríamos ante un estado de excepción con Andalucía”.
Por todo ello, ha confiado en que tras la aprobación de la ley, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en también dos o tres días, desaparezca este enfrentamiento. “El Gobierno del PP tiene ahora un oportunidad para partir de cero”.
Más de 2.000 desalojos evitados en menos de un año
Según fuentes del TC, no hay una fecha límite para que el alto tribunal resuelva el recurso. Está siguiendo la tramitación habitual de los recursos de inconstitucionalidad. Respecto a la paralización de la norma, que se aplicó de forma automática el pasado mes de julio al haberlo solicitado el Gobierno de España, el TC dispone de un plazo de cinco meses para mantener o levantar la suspensión.
Desde la Consejería de Fomento y Vivienda también han ofrecido dos datos. Pese al recurso, ninguna de las 18 familias cuyo desalojo se había evitado en función del desahucio han sido expulsadas todavía de sus viviendas, cumpliéndose con el compromiso de sensibilidad que desde la Junta de Andalucía se había pedido hasta que se resolviera el conflicto. Y en segundo lugar, hasta el momento han sido más de 2.000 los desahucios que se han conseguido evitar a través de la oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda abierta por la Junta de Andalucía hace menos de un año para estos casos.