El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy, con los votos del PSOE e IU y el rechazo del PP, la ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda, que sustituye al decreto antidesahucios recurrido por el Gobierno y que amplía los supuestos en los que se podrá expropiar temporalmente un inmueble.
Esta ley amplía respecto al anterior decreto, recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, la posibilidad de que la expropiación temporal del uso de la vivienda pueda ser solicitada también por avalistas, autónomos y personas con hipotecas puente, a la vez que “protege” a los desahuciados por impago del alquiler.
En concreto, se amplían los supuestos de expropiación del uso temporal de la vivienda a aquellos autónomos que hayan puesto su casa como aval para afrontar los impagos de su negocio y para aquellas personas que hayan avalado con su vivienda el crédito hipotecario de terceros.
Asimismo, se amplía a los afectados por las “hipotecas puente”, que es cuando se ha adquirido una hipoteca de nueva vivienda sin haber podido vencer el crédito de la vivienda anterior porque finalmente no ha podido venderla.
Además, el texto incorpora la disposición para dar soluciones a personas que van a ser desahuciadas de un régimen de alquiler.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha intervenido en el debate únicamente para agradecer el trabajo de la comisión parlamentaria y el esfuerzo “que la sociedad ha demostrado”.
El PP, que ha votado hoy en contra de la ley a pesar de que en el decreto se abstuvo, ha argumentado su posición en que se intente buscar con la norma “la confrontación” con el Gobierno central, ya que entiende que la ley “solo va a servir a IU en su campaña electoral y al PSOE para hacer oposición a (Mariano) Rajoy”.
La portavoz popular, Alicia Martínez, ha pedido que se diera “marcha atrás” en una ley que es, “como poco, polémica” y en la actitud “de perseverar en el error aún cuando no conduce absolutamente a nada”, ya que considera que “en el pulso que plantean siempre pierden los andaluces”.
“Lamentablemente el PSOE apoya esta ley simplemente porque lo exige IU, lo cual no deja de ser la mayor de las corrupciones que hay en política, que es gobernar solo pensando en el beneficio propio”, ha añadido Martínez, quien ha recordado que en Asturias los socialistas han optado por el “diálogo” en lugar de esta vía.
Ha manifestado que tanto el decreto que recurrió el Gobierno como esta ley están pensadas “más para hacer ruido mediático que para aportar las soluciones y medidas necesarias” y ha recordado “los más de 80.000 desahucios desde 2007” que llevan “la firma” del PSOE.
Ha defendido medidas del Gobierno central como la ley antidesahucios, la ley de rehabilitación urbana o el plan estatal de vivienda, que sitúan un modelo de “afrontar los problemas y legislar” frente a la “parálisis” del PSOE.
El portavoz socialista, Enrique Benítez, ha asegurado que su formación ha estudiado “a fondo” las pegas jurídicas y económicas que se plantearon en el recurso del decreto, y ha dicho que “las jurídicas se pueden salvar” y las económicas “son pura falsedad”.
“Con esta ley los ciudadanos pueden volver a creer en la política y en las instituciones”, ha añadido Benítez, quien ha reclamado al PP-A que emplee su “hipotética influencia en Madrid” para evitar un nuevo recurso por parte del Gobierno central.
Para el socialista, es una “ley sin precedentes en el ordenamiento jurídico autonómico”, por lo que defenderán “con argumentos suficientes” los motivos que les han llevado a tomar esa decisión, más allá de los “motivos esgrimidos por el PP, que son simples consignas partidistas carentes de rigor y fundamento”.
“No hay motivos económicos para recurrir el decreto y la ley, y si evidentes motivos partidistas”, ha agregado el diputado, quien cree que el PP pretende que no se pueda comparar “con la nula eficacia de la ley estatal”.
Por su parte, la portavoz de IU, Inmaculada Nieto, ha destacado que ahora existe la oportunidad de “zanjar la crónica de tribunales” porque “saben que la ley es perfectamente constitucional” y da solución “al drama de la vivienda”, que no puede ir junto a un “ejercicio de indiferencia política intolerable”.
Ha afirmado que la ley “da respuesta palpable a un problema cierto y tangible como es la falta de vivienda” y ha pedido al PP que no abandone la comisión bilateral.