Vox ha anunciado este jueves en el Parlamento andaluz que, a partir de esta medianoche, retirará el apoyo al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla hasta que la Consejería de Educación implante el veto parental en las escuelas, comprometido en un acuerdo firmado por PP, Ciudadanos y la formación ultraderechista.
El portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, ha utilizado su turno de preguntas al presidente en la sesión de control para lanzar un ultimátum que zarandea la estabilidad del Ejecutivo autonómico en el ecuador de la legislatura: Vox no volverá a apoyar las iniciativas de sus socios ni en comisión parlamentaria ni en Pleno “a partir de las 00.00 horas de hoy”, lo que se traduce en dejar en minoría a la coalición de PP y Cs frente al bloque de izquierdas, e imposibilita sacar adelante leyes, órdenes o decretos (muchos de ellos ligados a la gestión de la pandemia).
Es la primera vez en dos años de legislatura que el cara a cara entre el portavoz de Vox y el presidente andaluz se traduce en una ruptura de su acuerdo político. El detonante ha sido el incumplimiento de un acuerdo suscrito hace un año por las tres fuerzas conservadoras, una serie de medidas que el Gobierno de PP y Cs aceptaron a cambio del apoyo de la ultraderecha a los Presupuestos Autonómicos de 2020. Un punto de ese documento era el llamado pin parental, un supuesto derecho de los padres a vetar determinados contenidos educativos que sus hijos recibían en la escuela (a través de las actividades complementarias, que forman parte de las asignaturas obligatorias). Ese pin parental obligaría a los colegios a “pedir una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”.
Así se lo ha recordado Hernández al presidente andaluz antes de anunciarle la retirada de su apoyo. Moreno Bonilla, con gesto contrariado, le ha pedido que “reconsidere” su postura y que “no haga el juego” a la izquierda. “Estamos a mitad de la legislatura, esto que usted dice va en contra de la promesa de cambio para Andalucía y hace el juego a estos señores [señalando a la bancada del PSOE]. Y sepa que los ciudadanos responden”, ha replicado el presidente, que por primera vez plantea la hipótesis de un adelanto electoral.
Ha pasado un año desde que se firmó aquel acuerdo y la Consejería de Educación, que pilota Javier Imbroda (Ciudadanos), no sólo no ha implantado el veto parental, sino que ha manifestado reiteradamente que no lo hará. El incumplimiento es prolongado, pero hace dos semanas cobró más relevancia, porque durante una sesión plenaria en el Parlamento, Imbroda y el portavoz de Vox firmaron un nuevo acuerdo, de dos párrafos, en el que la consejería se comprometía a realizar “los cambios normativos necesarios” para garantizar “el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a la Constitución”.
Este acuerdo propició que Vox apoyase, esa misma tarde, el decreto ley de escolarización del Gobierno andaluz, que se adaptaba a la llamada Ley Celaá. Tras la firma, Vox difundió un comunicado anunciando que Educación aceptaba finalmente su exigencia de implantar el pin parental. Los grupos de izquierda se lanzaron a las redes sociales a denunciar exactamente lo mismo, que la Junta iba a forzar a las escuelas a transigir con el veto de las familias. El departamento de Imbroda, absorto, reaccionó de inmediato con un comunicado matizando que aquel acuerdo no decía nada nuevo, que se trataba de “implementar mecanismos para que los padres conozcan el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo en el colegio de sus hijos”, para que supieran a qué atenerse antes de matricularlos. “En ningún caso veto o pin parental”, dijeron.
Moreno Bonilla le ha explicado lo mismo, con los mismos términos, al portavoz de Vox al escuchar la amenaza de romper su pacto de legislatura. “Transparencia para que los padres tengan libertad de elegir la educación de sus hijos. Eso es lo que hemos firmado y acordado, y lo que se va a llevar a cabo”, dijo el presidente, aunque no ha sido tan tajante como el consejero de Educación al descartar de plano el veto parental.
Imbroda sí lo fue, hace una semana, en comisión parlamentaria, con sus socios de ultraderecha: “El escrito no recoge nada de veto parental ni pin parental ni autorización expresa. Conocimiento previo, sí. Veto, no”. La incomodidad de la consejería con este asunto era tan evidente que, incluso negando la idea de pin parental, emitieron un comunicado de prensa titulado con el “pin parental”, para dejar claro que por ahí no iban a pasar. “La firma de Imbroda en el acuerdo todavía estaba fresca y se permitía asegurar que va a incumplirlo. Esto es un quebrantamiento de la confianza, es una falta de respeto, ¿qué podemos esperar de su gobierno?”, preguntó Hernández al presidente.
El choque entre Vox y Moreno Bonilla fue más allá del veto parental. El portavoz de la ultraderecha mostró su enfado por una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, apoyada por PP y Cs, en la que se acusaba directamente a Vox de “tomar a las mujeres como rehenes” con su negacionismo a las políticas de Igualdad e instaba a Educación a “no prestarse a las exigencias” del partido de extrema derecha y negarse a implantar el pin parental. “¿Ustedes creen que tomamos a las mujeres como rehenes como si fuéramos una banda criminal? Si es así, su Gobierno nos falta al respeto”, dice Hernández. El presidente le ha recordado que su partido, en Granada, ha amagado con una moción de censura contra el Ejecutivo de PP y Cs, y que desde la cuenta de Vox en Twitter le han tratado de “mamarracho”.
El encontronazo ha dado oxígeno a la jefa de la oposición, la socialista Susana Díaz, que ha preguntado a Moreno si va a transigir con el ultimátum de Vox, y le ha recordado su dependencia de la extrema derecha. El presidente andaluz, que llevaba en el guión defenderse de Díaz con un contraataque por el caso Isofotón (que salpica a dos ministros de Pedro Sánchez -Maria Jesús Montero y Luis Planas), le ha respondido: “¿qué haría usted sin Vox?”.
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