La explosión de polémica sobre el veto parental de Vox en las escuelas -en el epicentro del debate político nacional- ha roto la coordinación interna del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. La Junta había logrado enfriar este asunto, una exigencia de su socio de extrema derecha comprometida en el pacto que firmaron el pasado septiembre, pero ahora se ha visto sorprendida por la controversia que viene amplificada desde Murcia y Madrid, donde no existe la concordia entre las tres derechas que hay en Andalucía.
En las últimas 48 horas, desde la Junta se han lanzado mensajes contradictorios a favor y en contra de una medida que Vox impuso al negociar los Presupuestos Autonómicos de 2020, y que los socios se comprometieron a implantar: lo que el partido de extrema derecha llama pin parental supone obligar a los colegios a pedir una “autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias ”.
Estas actividades o talleres forman parte de las asignaturas obligatorias, son evaluables, están diseñadas y autorizadas por el claustro de profesores de una escuela y debatidas en el consejo escolar, donde los padres tienen voz y voto. Los centros educativos y sus docentes tienen autonomía pedagógica para elegir qué taller o qué charla formará parte de su asignatura, y los padres pueden saberlo antes de que empiece el curso. La Consejería de Educación andaluza ya ha dejado claro en el Parlamento que la medida de Vox que aparece en el acuerdo político firmado por PP y Cs no puede aplicarse “como tal”, porque colisiona con la legislación autonómica y estatal, y con el propio Estatuto de Autonomía.
Ahí quedó aparcado este debate el pasado noviembre en el Parlamento andaluz, pero esta semana ha renacido con más virulencia, impulsado por el Gobierno de PP y Cs de Murcia, que sí ha plasmado el veto parental en una instrucción (una norma de rango inferior) dirigida a las escuelas. El Ministerio de Educación ha exigido su retirada y amaga con recurrirla en los tribunales, y las direcciones nacionales de Vox y del PP han entrado de lleno en el pulso con el PSOE. Con este nuevo contexto agitado sobre la mesa, las intervenciones de los líderes andaluces en la Junta han dibujado un panorama enloquecido, descoordinado, muy alejado de la armonía y la estabilidad que han ofrecido PP, Cs y Vox hasta la fecha.
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha admitido este martes que al Gobierno andaluz “no le constan denuncias o quejas” de las familias contra las actividades complementarias sobre las que Vox quiere implantar el derecho de veto de los padres. La fuerza de ultraderecha denuncia que las charlas sobre diversidad sexual que se imparten en algunos colegios han provocado el malestar de muchas familias, que se quejan de que a sus hijos les cuenten cosas como que tener relaciones con adultos es natural. Vox no ha aportado ninguna denuncia concreta que confirme esta tesis y a la Junta “no le consta”.
Aún así, Bendodo ha dicho que la medida de Vox es “perfectamente asumible”, pero en ningún momento se ha referido al “pin parental”, y ha preferido hablar de “libertad educativa”. Fuentes del Ejecutivo andaluz explican que este matiz resitua el acuerdo firmado con Vox en el marco normativo vigente: “Se cumplirá lo que se pueda y permita la legislación en vigor”, dicen. Los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno le han preguntado reiteradamente a Bendodo -hasta en cuatro ocasiones- si la Junta va a implantar el veto parental tal y como espera su socio. El portavoz ha eludido responder. Se ha limitado a subrayar machaconamente que este asunto es “una cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez para tapar la designación de la ex ministra Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado”.
Bendodo sostiene una cosa, pero tampoco descarta la contraria. En cambio, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, defiende que “no es voluntad del Gobierno andaluz” desarrollar el pin parental de Vox, “que no está ni en el Presupuesto de 2019 ni en el 2020”, ambos apoyados por el partido de extrema derecha. La posición del partido naranja ha sido más rotunda esta vez que la del PP. Ciudadanos siempre ha marcado distancias con Vox, ahora han sido tres de sus cinco consejeros los que han salido a la arena pública a descartar la iniciativa. La titular de Igualdad, Rocío Ruiz, ha recibido en su despacho a 25 asociaciones del colectivo LGTBI para aclararles que el veto parental “no tiene viabilidad legal ni moral”.
Cada declaración pública de un miembro de la Junta andaluza descartando el veto parental ha venido precedida de otra declaración dejando la puerta abierta a su aplicación. El punto medio lo ha encontrado el principal responsable de desarrollar la medida, el consejero de Educación, Javier Imbroda, que le ha explicado a Vox que su medida “ya existe”, porque los padres pueden conocer qué tipo de charlas se impartirá en el colegio de sus hijos antes de matricularles, o antes de que arranque el curso escolar. Imbroda no descarta reforzar la inspección para evitar “casos aislados” como los que sugiere Vox que están pasando en algunos colegios, aunque la consejería no tenga constancia de ellos. Al margen de las declaraciones, la Consejería de Educación trabaja actualmente en el decreto de los nuevos currículum de Primaria y Secundaria, y en ninguno de los dos borradores aparece el pin parental.
En lo que sí han coincidido PP y Cs este martes es en reivindicar el papel y la autonomía pedagógica de los centros educativos y del profesorado que son, a la postre, quienes tienen en su mano el diseño de sus asignaturas y la elección de las actividades complementarias que forman parte de ellas. “No voy a tolerar ninguna transmisión de desconfianza en nuestros docentes ni en nuestros centros educativos”, ha dicho Imbroda, tras advertir de que “lo que se firmó [con Vox] es que se estudiaría algún tipo de autorización previa de los padres para las actividades extracurriculares, pero no para las curriculares, porque son obligatorias. Eso es ley y este consejero no va a contravenir la ley”.
Todo este run run ha dejado cicatrices entre los socios de la Junta, PP y Ciudadanos, que acaban de cumplir su primer año de gobierno en coalición y lo han celebrado posando juntos con una tarta y una vela. El pasado lunes, en mitad de la vorágine y el cruce de contradicciones, el consejero de Educación se reunió con el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, para abordar este asunto, entre otros. No hubo consenso, al contrario. El diputado de Vox expresó este martes su indignación porque, en teoría, habían pactado lanzar un comunicado conjunto sobre el veto parental tras su encuentro, pero la Consejería de Educación envió a la prensa su propia nota en torno a las ocho de la tarde.
Durante una entrevista en Canal Sur Televisión, Hernández ha asegurado que no está de acuerdo con el resumen que hizo la consejería en su comunicado, un texto protegido por la ambigüedad política, pero que no asume el veto parental con el determinismo que esperaba Vox. “Se han abordado medidas para avanzar en la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos conforme a sus valores siempre dentro del marco normativo y del respeto a la autonomía de los centros educativos, con propuestas que mejoren la comunicación y accesibilidad del plan de actividades complementarias, con el objetivo de mejorar la transparencia y reforzar la supervisión y el control de las mismas”, dice el comunicado.
Las puntualizaciones son las mismas que Imbroda hizo en noviembre durante el debate parlamentario sobre el llamado pin parental. “El plan de actividades complementarias es aprobado antes del inicio de curso tanto por el Claustro de Profesores como por el Consejo Escolar de cada centro, donde están representadas las familias”, dice el texto. Y añade: “En la actualidad ya hay instrumentos para garantizar la libertad de los padres, ya que las propias familias pueden decidir que sus hijos acudan o no a estas actividades por cuestiones morales y religiosas, como establece la Constitución Española”.
Vox ha mostrado su descontento públicamente y ha amenazado con “tomar medidas”. Sin embargo, la herramienta más poderosa que tenía la ultraderecha para condicionar al Gobierno de Juan Manuel Moreno era el veto a los Presupuestos de 2020, que ya aprobaron el pasado diciembre. Moreno puede prorrogar estas cuentas en 2021 y dar por finiquitada la legislatura, pero su propósito es buscar una solución de consenso que no crispe a sus socios. De ahí el revoltijo de declaraciones contradictorias y el mar de ambigüedad en el que se mueven PP y Cs para no reventar la tan ansiada estabilidad del Gobierno andaluz.