Vox no se cree los datos oficiales de delincuencia asociada a los centros de menores extranjeros no acompañados (Menas) que acaba de hacer público el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos: un 0,54% de incidencia. “Me gustaría ver esos datos. Los pongo en duda. Me parece una utilización forzada de las estadísticas”, ha asegurado este miércoles el portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández.
El grupo de extrema derecha ha pedido información al Parlamento andaluz sobre “el coste mensual aproximado per capita” de cada uno de los Menas tutelados por la Junta, y “los informes de los centros de acogida sobre incidentes y altercados en los que participan”. La pregunta escrita dirigida a la Mesa de la Cámara vuelve a incomodar al Ejecutivo de PP y Cs, que depende del apoyo de Vox para aprobar los Presupuestos Autonómicos y mantener la estabilidad de la legislatura.
“No criminalice”
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), reprocha a su aliado que se deje llevar por los “prejuicios y la falta de información”, y les exige que “no criminalice a los menores inmigrantes”. Y el portavoz de la Junta y titular de Presidencia, Elías Bendodo, intentó atajar el debate aclarando que la delincuencia ligada a los centros de Menas es residual: 0,54%. “Nada más”, dijo.
El asunto vuelve a zarandear la complicada relación de PP, Cs y Vox en plena negociación de los Presupuestos de 2020. Hace tan sólo tres meses, el grupo de extrema derecha ya presentó una enmienda parcial a la cuentas de 2019 pidiendo aumentar en 1,5 millones “la partida para reforzar la vigilancia y la seguridad en centros para los Menas”. El argumento era el mismo que ahora: el incremento de la llegada de menores migrantes en pateras a las costas andaluzas venía acompañado de un repunte de la delincuencia: “Se escapan de los centros de acogida (...) y comienzan a introducirse en el mundo delictivo con hurtos y posteriormente, con delitos de mayor gravedad como robos con violencia e incluso con el consumo de las drogas”, dice la exposición de motivos de su pregunta.
Las estadísticas desmienten el planteamiento
Las estadísticas oficiales desmienten este planteamiento. A pesar de lo cual, hace tres meses la Junta lo dio por bueno y aceptó aumentar el gasto en seguridad en centros de acogida, como pedía Vox. Ahora, en cambio, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno intenta disuadir a su socio con datos oficiales. Pero el grupo de extrema derecha rechaza esas cifras, antes incluso de que el Gobierno andaluz se las haga llegar a través del Parlamento. “Hay que desentrañar bien las estadísticas para saber qué muestran. Pero nosotros lo que trasladamos es lo que nos dicen los vecinos, que se ven afectados por la inseguridad que normalmente acompañan muchas de estas residencias. Esto es una realidad que se puede constatar preguntando a los vecinos de la zona. Basta con que le pregunten a los vecinos”, advierte Hernández.
El pasado junio, diputados de Vox participaron en una manifestación vecinal contra la reciente apertura de un centro de acogida para menores migrantes en el barrio sevillano de Miraflores-Cruz Roja, en el distrito Macarena. “Hay una falta absoluta de información acerca de este tipo de albergues de inmigrantes de especial peligrosidad según todas las noticias. Vox estará con los vecinos”, escribió el grupo en su cuenta de Twitter en Sevilla. Uno de los vecinos que participó en la protesta fue Francisco Serrano, presidente del grupo de Vox en el Parlamento.
El Ayuntamiento hispalense y la Policía Nacional niega que existan indicios o datos oficiales que avalen esa expresión: “inmigrantes de especial peligrosidad”. Asociaciones vecinales acusaron a Vox de “alimentar la xenofobia” en su barrio y convocaron una concentración para “dar la bienvenida” al centro de acogida al barrio.
Eso fue en junio. Desde entonces, no ha habido más manifestaciones, ni a favor ni en contra, ni se han registrado altercados reseñables. Así lo trasladaron los trabajadores del centro de Miraflores, hace una semana, a los diputados de todos los grupos políticos que acompañaron a la consejera de Igualdad y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a una visita a sus instalaciones. Sus señorías pudieron conocer el trabajo del centro y la situación de los 17 chavales, magrebíes y subsaharianos, que están acogidos allí.
El barrio de Miraflores-Cruz Roja tiene 75.000 vecinos censados -el 9% son extranjeros- y una renta per capita de 23.107 euros, según datos del Consistorio hispalense (la renta media de Sevilla ronda los 30.000 euros). El índice de delincuencia, relativo a delitos graves en menores, en esta zona es del 0,5%.
Las estadísticas oficiales, vengan de los servicios sociales de la Junta, del Ayuntamiento o de la Policía, no convencen a Vox ni amilanan su política beligerante contra la “inmigración irregular”. “Los vecinos que viven cerca de un centro Mena se quejan de que han aumentado los delitos y la inseguridad, por algo será. Si no existiera esa queja, nosotros no estaríamos haciendo este planteamiento. Sería absurdo. ¿Qué rentabilidad en términos políticos íbamos a tener nosotros inventándonos un problema?”, se pregunta el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.
Hernández ha explicado que su escepticismo respecto a los datos de delincuencia en menores migrantes que ofrece la Junta se debe a que, al ser menores de edad, “hablamos de expedientes de reforma, no de delitos”. “No hablamos de procedimientos penales ordinarios ni abreviados”, dice. No obstante, la exposición de motivos de la pregunta que Vox ha registrado en el Parlamento sí habla explícitamente de delitos asociados a los Menas: “Los Menas se escapan de los centros y deambulan por las calles hasta que se les asigna otro espacio de acogida, siendo este período justamente cuando comienzan a introducirse en el mundo delictivo con hurtos y posteriormente, con delitos de mayor gravedad como robos con violencia e incluso con el consumo de las drogas, siendo los trabajadores de los centros de acogida los primeros que sufren su carácter agresivo y violento”, reza el texto.