La media de edad de la plantilla de Canal Sur está por encima de los 55 años. Es más, el 90% tiene más de 45; y uno de cada 10, más de 60. El pacto del PP y Ciudadanos con Vox aprieta hasta el límite a una plantilla que ya soportaba la no cobertura de las vacantes, que venía ensayándose de la pasada legislatura, pero que ahora se blinda con este acuerdo para dar vía libre parlamentaria a los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2021. Solo en cinco años, entre 2020 y 2024, un total de 184 trabajadores tendrán edad de jubilarse, según datos pasados por la dirección de la empresa pública a los sindicatos, y que según este acuerdo de las tres derechas, serán plazas amortizadas.
El cambio de nombre era la anécdota, que en el texto presentado este miércoles queda a posibilidad de de estudio para ver la “viabilidad” de nueva marca. En el documento hay guiños a la externalización, dado que mientras se dice que “las vacantes que se produzcan por jubilación serán amortizadas” y aboga por “un análisis del coste beneficio de las prejubilaciones”, agrega que es para “seguir avanzando en el proceso de rejuvenecimiento progresivo de la plantilla”. Pero, ¿cómo se rejuvenece la plantilla, si no vas a sustituir a los que se jubilen o prejubilen? Solo cabe la subcontratación, las colaboraciones, los falsos autónomos...
Dinamita, además, el frágil equilibrio que el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, había conseguido con los trabajadores, frente a los que lidia con poca capacidad de respuesta porque las mínimas concesiones laborales que haga la empresa pública deben pasar previamente por la lupa de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos. Lo de este miércoles le ha cogido “noqueado”, “fuera de juego”, aseguran trabajadores de la empresa pública. “Un día se anuncia que entramos en la plataforma Neflitx y al día siguiente nos colocan al borde del cierre”, resumen.
Por eso lo trabajadores han salido en tromba. El Comité Intercentros se ha reunido de urgencia tras conocerse este pacto, donde, pese a que hay otros puntos, Vox ha vendido como trofeo en redes sociales el bocado a Canal Sur, una de sus obsesiones desde que irrumpió en el Parlamento de Andalucía.
“Pone en el disparadero la continuidad del modelo de CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión) como servicio público de gestión directa, recordando peligrosamente la historia reciente de otras televisiones autonómicas, como los ERE (expediente de regulación de empleo) en Telemadrid o el Cierre de Canal Nou, bajo mandato popular”, escribe el Comité Intercentros en su comunicado. Según sus cálculos supone casi 20% de recorte “en el capitulo destinado a personal, lo que podría suponer la eliminación de cientos de puestos de trabajo de un plumazo”.
Este nuevo golpe se suma a la ya maltrecha situación, con “un déficit de personal y de medios que pone en verdadero riesgo la prestación del servicio público encomendado”, por lo que estudian movilizaciones. La sección sindical de CCOO ya lo da por hecho.
No solo está el empleo directo, sino también de las productoras que sirven a la empresa pública. De hecho, dentro de ese pacto PP-Ciudadanos-Vox, hay un recorte de aprovisionamiento cifrado en torno a un 10%. “Es un varapalo también para el sector audiovisual de Andalucía”, subrayan los sindicatos.
Dos meses después de darle 11 millones de euros, le quitan 14
En este sentido, el segundo punto del acuerdo, y que lógicamente se alimenta del anterior, es el recorte presupuestario: 14 millones de euros, cerca de un 10%. si se tiene en cuenta que el presupuesto de 2020 ha sido de 157. No deja de ser paradójico, como lo referido del rejuvenecimiento de la plantilla, si se tiene en cuenta que hace un par de meses Canal Sur recibía 11 millones de euros de los fondos COVID en una decisión muy polémica del ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno, que tiene repartido el control de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) dado que está adscrita a dos consejerías, una del PP y otra de Ciudadanos. ¿Cómo casa que le quieran quitar 14 millones de euros cuando hace dos meses le transferían 11 para paliar la sangría de ingresos publicitarios por la crisis que ha traído la pandemia?
La tercera pata del acuerdo es la fusión de los actuales tres canales en dos. En principio, Andalucía Televisión, cuyo nombre quería Vox que se quedara como matriz para eliminar todo lo que le recuerda a otros tiempos. El otro canal es el destinado a personas sordas, por lo que no se prevé que entre en la ecuación. Andalucía Televisión ya quedó reducido a la mínima expresión en 2012, cuando la crisis obligó a renunciar a una producción propia para este segundo canal, que prácticamente está dedicado a volcado de contenidos del primero. Con un presupuesto mermado y una plantilla bajo mínimos, Vox también quiere influir en la programación de la cadena, violentando los teóricos principios de “independencia, pluralismo y objetividad”: en el acuerdo se incluye una apuesta en la parrilla por su “iberosfera”.
Desde los sindicatos, que se remiten a ese comunicado, estudian qué pasos dar con unas circunstancias que juegan en contra de la propia capacidad de movilización porque, en una plantilla en la que hay tanta gente próxima jubilarse, hay personal que prefiere a veces mirar para otro lado mientras descuenta los pacos años que le quedan para que deje de ser una preocupación propia.
Precisamente, hace unos días se firmaba la nueva Carta de Servicio Público, que ya hizo augurar a CCOO que marcaba un camino que no le gustaba. “Porque elimina la financiación estable y sostenida de la anterior, con la reducción de la actual partida de explotación”, apuntan desde el sindicato. Explican que son pasos para “justificar la privatización u otras medidas traumáticas para la plantilla”.
Mientras, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha rechazado unas medidas que suponen “un desmantelamiento progresivo”. Una realidad que lleva a una pregunta: “¿Cómo se puede fortalecer a la radio y televisión de Andalucía si lo acordado es un recorte real del presupuesto, la desaparición de un canal de televisión, la confirmación por escrito de la amortización de las plazas vacantes por jubilación, la modificación de la Carta de Servicios, la reducción de la inversión para producción externa, la eliminación de la Fundación Audiovisual de Andalucía e, incluso, el estudio de la conveniencia de cambiar el nombre de la marca, que es la señal de identidad que ha vertebrado a la cadena pública autonómica desde su creación?. Lo firmado no es un modelo de una verdadera radio y televisión pública de Andalucía, que es lo que necesita después de casi 32 años de funcionamiento”.
En ocho años tendrá menos de 1.000 trabajadores por las jubilaciones
Si se mira ocho años atrás, la plantilla se ha visto reducida en un 15%: de una media de 1.650 trabajadores en 2012, se ha pasado en la actualidad a una media de unos 1.435 en 2020. Si se mira ocho años para adelante, las previsiones es que se jubilen cerca de 500 trabajadores, lo que situaría a la plantilla por debajo de los 1.000. En el vigente convenio colectivo, hay reconocida una plantilla de 1.529, aunque según la Recursos Humanos son menos ya que entre 2012 y 2017 se registró la amortización de varios puestos de trabajo.
Desde la sección sindical del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) explican que llevan meses reclamando a la dirección que lleve a cabo las gestiones pertinentes con la Junta de Andalucía para negociar, en el menor plazo posible, un plan para resolver la actual y futura falta de personal. Un problema que se va a ver agravado de forma drástica con los citados datos, que les fueron facilitados a los representantes de los trabajadores por la propia empresa en las reuniones de negociación para desconvocar la huelga del pasado 27 de febrero.
“En medio de esta situación, los 28 contratos (22 de ellos para tres meses, prorrogables a seis) de estos meses representan apenas una pequeña tirita para dar respuesta a las verdaderas necesidades de contratación que tiene nuestra empresa y que en el caso de los cámaras y los operadores de sonido son sangrantes”, apuntan desde el SPA. De momento, la Junta de Andalucía sólo ha reconocido una tasa de reposición para 2017 de cuatro plazas (la empresa había solicitado nueve). No ha contestado a las peticiones de tasas de reposición de 2018, de 12 plazas, y de 2019, de 28, pero tras el acuerdo con Vox, la respuesta parece evidente.